La construcción de 2.274 viviendas en Cala Mosca, muy cuestionada por tratarse del último kilómetro virgen de Orihuela Costa, sigue en el centro de la polémica. El Ministerio de Transportes, a través de la demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, remitió al Ayuntamiento el pasado 18 de noviembre un requerimiento para que anule o revoque la aprobación, en el pleno del 2 de septiembre, de la modificación del plan parcial de este sector, declarado urbanizable en los años 90. Es decir, le pide que lo anule por su propia voluntad y no descarta emprender acciones legales: «Sin perjuicio de las acciones que ostenta esta Demarcación de Carreteras para instar la impugnación en sede contencioso-administrativa», añade el escrito.
En concreto, advierte de que este acuerdo «contraviene la legislación», al haberse producido «sin contar con el informe favorable» en cuanto a las afecciones del planeamiento urbanístico a la Red de Carreteras del Estado. En este sentido, recuerda que la Dirección General de Carreteras emitió un dictamen desfavorable en septiembre del año pasado. Pese a los intentos de la administración local por subsanar las deficiencias detectadas, Carreteras insiste en desviaciones de cálculos en materia de tráfico y en la contaminación acústica, entre otras consideraciones.
Este informe, recalca el escrito en varias ocasiones, tiene «carácter preceptivo y vinculante» y es «plenamente pertinente», de forma que «la aprobación de dicho instrumento urbanístico sería nula de pleno derecho», como así había advertido antes.
Así, antes de enviar este requerimiento el pasado 22 de septiembre solicitó el acuerdo del pleno. Además, el 1 de octubre, en respuesta a una solicitud de entrevista por parte del promotor del sector, Carreteras le remite un informe en el que reitera su posición e insiste en «la pertinencia y el carácter preceptivo y vinculante de los informes sectoriales en materia de carreteras para todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística».
No es hasta el 9 de noviembre que el Ayuntamiento remite a la Unidad de Carreteras el certificado del acuerdo plenario. Hasta entonces, subraya, «no lo había notificado a la Administración General del Estado» ni consta que «se haya efectuado la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», resalta.
Cambiemos advirtió ayer de la gravedad que supone que el equipo de Gobierno, formado por PP y Ciudadano, esté «ignorando un requerimiento del Ministerio para anular la aprobación del plan parcial de Cala Mosca», después de dos semanas desde que se recibió el requerimiento. «Es una prueba más de que tienen una postura que solo beneficia al promotor», manifestó el concejal Javier Gracia, que añadió que «el posible recurso contencioso-administrativo por parte del Ministerio contra la decisión de pleno perjudica a todo el pueblo de Orihuela».
También recordó que su formación ha advertido en varias ocasiones de la inconveniencia de «hacer caso omiso» al informe de Transportes. «Tanto Cambiemos como Claro llevamos meses alertando de vicios y posibles ilegalidades en la tramitación de un plan al que nos hemos opuesto y que hemos rechazado y combatido durante años», insistió. En su opinión, «la tramitación ha sido un despropósito continuo».
Ya en julio intentaron llevarlo a pleno por segunda vez, aunque el propio PP y Ciudadanos manifestaron dudas, y «a pesar de que fue la propia Concejalía de Urbanismo [gestionada por la formación naranja] la que emitió la propuesta de aprobación». En agosto llegó la primera advertencia del Ministerio. «Sorpresivamente al equipo de Gobierno se le disipan las dudas y lo aprobaron en septiembre», repasó el concejal de Cambiemos. «Es demencial», concluyó Gracia. Además, Fiscalía de Medio Ambiente también solicitó al Ayuntamiento «el expediente sobre su evaluación ambiental, incluyendo los informes jurídicos y técnicos».
