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La Guardia Civil precinta una veintena de desalobradoras ilegales en la provincia de Alicante

Las inspecciones llevadas a cabo por primera vez en Alicante contra esta práctica ilícita, que consiste en recoger agua salobre de acuíferos y desalarla, se saldan con 123 sanciones, la mayoría por contaminación

Agentes de la Guardia Civil y técnicos inspeccionan el pasado agosto una desalobradora ilegal en Murcia. | MARCIAL GUILLÉN/EFE

Golpe a la extracción ilegal de agua de los acuíferos. La Guardia Civil ha precintado en la provincia una veintena de desalobradoras que carecen de autorización, en el marco de una operación que lleva a cabo el Ministerio de Transición Ecológica.

Desde el inicio de las inspecciones en 2019 y hasta septiembre de este año, los agentes han cerrado 18 desalobradoras ilegales, plantas que recogen agua salobre para su desalación y utilizan el caudal para el riego, según confirman fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

El Ministerio que dirige Teresa Ribera llevó a cabo por primera vez las batidas hace dos años y desde entonces realiza operaciones para atajar esta actividad ilegal, que se centra en la zona del sur de la provincia, en la Vega Baja.

El Ministerio ha iniciado 185 expedientes sancionadores en la provincia, la mayoría por vertidos de aguas residuales, actividades contaminantes e incumplimiento de concesiones.

Así, 46 expedientes abiertos son por usos privativos, esto es, por regadío en parcelas sin derechos o regadío ilegal, 49 se refieren a actividades contaminantes prohibidas y 36 a incumplimiento de las condiciones de la autorización o concesión.

Otros expedientes abiertos son por obras en cauce sin autorización (20), vertidos de aguas residuales (22), invasión de cauce publico (6), sondeos (3), desobediencia (2) y acumulados (1).

De los 185 expedientes, el Ministerio ya ha impuesto un total de 123 sanciones, según las mismas fuentes, la mayoría por actividades contaminantes (38).

Le siguen las sanciones por incumplimiento de las condiciones de la autorización o concesión, con 29; por usos privativos, con 24; por vertidos de aguas residuales, con 16; y por obras en cauces, con 14. El resto de multas son por invasión de cauce publico y por sondeos, con una cada una.

Además, la Guardia Civil ha retirado o desmontado cinco desalobradoras ilgales y ha sellado quince sondeos en la provincia.

La lucha en el Mar Menor

El Ministerio lleva a cabo desde hace varios años una acción de inspección sobre vertidos contaminantes y desalobradoras sin autorización. En una de las últimas operaciones, encaminadas a detectar posibles causas de las afecciones medioambientales del Mar Menor, la Guardia Civil destapó en marzo pasado una trama delictiva dedicada al uso de desalobradoras en la comarca del Campo de Cartagena, según informó la Benemérita.

En el marco de la intervención, se ha investigado a 68 personas por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, los agentes llevaron a cabo 52 inspecciones en fincas agrícolas, en algunas de las cuales fueron localizadas y precintadas 60 plantas desalobradoras y 42 pozos irregulares.

LAS CLAVES



DESALADORAS: Las desaladoras obtienen caudal mediante el tratamiento del agua del mar.

DESALOBRADORAS: Son desaladoras de aguas subterráneas o superficiales de características salobres, que presentan una salinidad intermedia entre el agua dulce y el agua del mar.

Instaladas en zulos en el subsuelo y camufladas en remolques

En las operaciones que realiza la Guardia Civil para poner coto a las desalobradoras ilegales se han detectado casos singulares por el modo de ocultación empleado para evitar su detección, como es el caso de la realizada en la vecina Murcia. Algunas de ellas se encontraban instaladas en zulos construidos en el subsuelo y camuflados y otras se encontraban en remolques, que facilitaban su transporte hasta cualquier punto de las fincas de forma ágil, según fuentes de la Guardia Civil.

Además, algunos de los pozos de extracción de agua habían sido dotados con un imán que alteraba los resultados del contador volumétrico, otros carecían del citado contador y varios carecían de la correspondiente autorización administrativa que acredita su legalidad.

El modus operandi es el siguiente: una mercantil ofrece a empresarios agrícolas desalobr adoras y productos para eliminar la salinidad del agua, y así brindar a los agricultores una forma eficaz de obtener suministro para los cultivos mediante la captación de agua de los acuíferos de la zona.

Una vez depurada, el rechazo –con un alto porcentaje en sal y productos químicos– era inyectado en pozos ilegales y también vertida a través de ramblas o salmueroductos que desembocan en el Mar Menor.

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