La Diócesis de Orihuela-Alicante, como titular del colegio Santo Domingo, ha remitido un escrito al Ayuntamiento oriolano para que se emita una resolución sobre la permuta de unas parcelas de 2.622 metros cuadrados, de propiedad municipal, que el centro religioso usa como zona deportiva y patio desde hace casi 23 años. Unos terrenos que, según el documento que llegó al registro de la administración local el pasado día 16, «fueron objeto de cesión a favor de la Diócesis por un plazo de 75 años».
Sin embargo, fue en 1999 cuando el pleno municipal de febrero aprobó su cesión a la Iglesia, un año antes de que expirara el plazo acordado en el convenio que firmaron en 1995 el Ayuntamiento, la Diócesis y la Universidad de Alicante para construir una extensión de la sede universitaria. De no culminarse el proyecto, como sucedió, el mismo acuerdo señalaba que en cinco años se revertirían a su propietario, es decir, el Consistorio. Desde entonces, el colegio «ha mostrado su intención y voluntad de adquirirlos», y ahora quiere que se resuelva, con máxima celeridad, «a tenor de las propuestas de permuta ya realizadas en su día», indica el escrito.
El último intento fue en 2019, cuando la Concejalía de Patrimonio propuso al Obispado cambiar el solar, que llegó a valorarse en 2,7 millones de euros cuando era edificable, por la iglesia de San Agustín, la más antigua de la ciudad, que -con su torre torcida, la cubierta deteriorada y el pavimento levantado- presenta un estado que amenaza con derrumbe desde hace más de tres décadas. Con todo, su valor, según el acuerdo, ascendía a 623.415 euros, mientras que el de los terrenos municipales era de 549.518 euros, por lo que el Consistorio aún tenía que entregar cuatro viviendas de 31.180 euros y 42.716 euros en efectivo.
Con esta propuesta del PP, que finalmente no apoyó ningún otro partido, ni siquiera su socio de Gobierno, Ciudadanos, se pretendía parar la demanda que interpuso la Diócesis cuando se inició el expediente de desalojo en 2017. Ya entonces la oposición puso el acento sobre el uso exclusivo que el colegio estaba haciendo de unos bienes que son de todos, y cuantificaba su valor entre 1,1 y 3,6 millones.
Rafael Almagro, concejal de Patrimonio, manifiesta a INFORMACIÓN que el contencioso administrativo siguió su curso en los juzgados y que, ahora, el escrito de la Diócesis es «un intento por regularizar la situación, porque sabe que lo que tiene que hacer es devolver los terrenos o dar otros de un valor equivalente». En este sentido, manifiesta que no se ha realizado ninguna propuesta nueva y advierte de que «si no se llega a un entendimiento, quizá llegue el día en el que se tenga que poner una valla para delimitar la parcela del colegio y la municipal».
Por su parte, la Diócesis hace referencia a una propuesta de 2014 -que recuperó en 2017 y reiteró en 2018-, cuando el PSOE y Los Verdes le ofrecieron dos pisos y un terreno por valor de 650.000 euros, que era la cantidad en la que se valoró la parcela ocupada sin uso edificable, y hace «constar nuevamente el interés», que responde a «una necesidad» del centro educativo.
En este sentido, insiste en que sin estos terrenos -municipales- el colegio «vería mermadas seriamente sus posibilidades, al no poder contar como hasta ahora con estas instalaciones, dejándolo en una situación bastante comprometida y sin expectativa de ampliación y mejora». Además, señala que este centro, que cuenta con 1.700 alumnos y tiene «una demanda creciente», necesita aumentar sus instalaciones en otros espacios, ya que están limitados por «la calificación de Bien de Interés Cultural del conjunto monumental» y por «la montaña colindante», «de modo que pueda seguir ofreciendo a los oriolanos su proyecto educativo».
Carolina Gracia, portavoz del PSOE, sostiene que «la Iglesia tiene varios asuntos pendientes con el municipio», al mismo tiempo que añade que «el Ayuntamiento debe ser claro» y espera que no se realice ninguna maniobra que «perjudique al interés general, como ha ocurrido en otras ocasiones, de forma que todas las partes, y no solo una, salgan beneficiadas del acuerdo».
