Con seis meses de retraso sobre el anuncio inicial de la Conselleria de Territorio, la Generalitat acaba de someter a participación pública por tres meses la versión inicial del Plan de Acción Territorial (PAT) de la comarca de La Vega Baja del Segura. La primera implicación de la decisión publicada ayer en el DOGV es la de que se suspenden en los suelos «en situación básica rural del ámbito del plan, por periodo máximo de un año prorrogable por otro». El PAT, el primero de sus características para toda una comarca conde la Comunidad tiene como objetivo consolidar una infraestructura verde, «como sustrato territorial, que permita conservar y poner en valor los activos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio» sobre todo en torno a la huerta tradicional, sierra Escalona, las sierras del interior y el espacio litoral. También desarrollar la ocupación del territorio de «forma racional y con mejoras en la calidad urbana, la eficiencia económica» y la prestación de servicios; además de «diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación, energéticas e hídricas que permitan la mejora de la competitividad» de la zona.
Se trata de un documento a consulta complejo, con docenas de archivos. También muy genérico a la hora de fijar medidas y con una memoria económica de desarrollo del plan incluida con calzador tras el precedente judicial del Pativel, que se limita a calcular qué presupuesto va a invertir el Consell en la comarca hasta 2042 en función de que en ella residen 380.000 vecinos. Además, esa misma memoria, se desentiende por completo de las posibles reclamaciones patrimoniales derivadas de las propuestas de desclasificación de suelos planteadas en el propio PAT.
Pero inicialmente se deduce que la Generalitat no renuncia a esas desclasificaciones en numerosos municipios con planes, sobre todo de vivienda turística residencial, que considera incompatibles con el futuro del Bajo Segura y para los que propone directamente su anulación - «extinción»- con el objetivo de «corregir las tendencias urbanas insostenibles que menoscaban la eficiencia del territorio en términos de retorno en forma de servicios ecosistémicos o de uso no racional del suelo», dice el texto.
Lo hace en el documento de "análisis de compatibilidad de los sectores de suelos urbanizables con el PAT". Atendiendo a criterios como el de adecuación de los proyectos al modelo del PAT de infraestructura verde, y su inducción -negativa- a la conurbación o la dispersión en urbanizaciones aisladas y el crecimiento expansivo.
Entre los que figuran en esta «propuesta de extinción de la clasificación como sector de suelo urbanizable» (sic), para los que se propone su integración en el suelo no urbanizable figuran, solo a modo de ejemplo, dos grandes sectores sin desarrollar en el interior de Orihuela Costa: el PAU-5 con 142 hectáreas por su gran impacto en el Paisaje Protegido de Sierra Escalona, con suelo forestal del barranco del Lobo, junto a San Miguel de Salinas; y el PAU-9, conocido como El Garbanzuelo, con otras 156, junto a la conurbanción de Torrevieja en Los Balcones. Los redactores del plan advierten que Orihuela Costa ya ha superado sobradamente las limitaciones de crecimiento fijadas en la legislación urbanística europea, estatal y autonómica. Algo que ya apuntaba el nuevo plan general que iba a sustituir el de 1990 y que el Ayuntamiento decidió no tramitar finalmente tras invertir más de 700.000 euros.
Municipios
También se excluiría El Campo-El Estaño de Guardamar del Segura sobre 101 hectáreas -pese a que existen acuerdos entre el actual gobierno local y el promotor para desarrollarlo-; o la urbanización en medio de la huerta tradicional de Granja de Rocamora del Monecillo y que ocuparía más de 80 hectáreas, equivalentes al actual casco urbano del municipio. Y se incluyen suelos industriales. Es el caso del ZSO-3, pegado a la una de las mayores fábricas de autobaterías de Europa en Guardamar o los PAU 16 y 17 de Orihuela, 20 hectáreas para ampliación del polígono Puente Alto, que quedaron anegadas bajo un metro de agua en la DANA de 2019. En los tres casos se alerta del elevadísimo riesgo de inundación. Y también aparecen para su anulación otros planeamientos más reducidos en Callosa de Segura (SN-7,SN-11 y SN-8); S-2 Industrial de Daya Vieja (25 hectáreas); el S-VI de Benijófar; los SUZD R2 y SUZP R4 de Redován; el SUR-6 y SUR6 Norte de Formentera de Segura; o el D8 de Bigastro. En la mayoría de casos son propuestas urbanísticas antiguas, que no terminan de arrancar y que reproducen el mismo modelo de crecimiento urbanístico del boom inmobiliario de los 90 y la primera mitad de los años 2000. Para todas estas propuestas el plan considera que existe un «margen de maniobra» alto a la hora de intentar su desclasificación porque no cuentan con ordenación pormenorizada establecida, ni con PAI adjudicado y no existen muchas construcciones o actividades previas.
Además de esta propuesta de exclusión, el documento plantea distintos grados de modificación de otros tantos planes que no son del todo compatibles con el PAT de la Vega Baja, aunque los propios técnicos expresan sus dudas de que puedan modificarse. Es el caso de grandes proyectos que cuentan con instrumentos de planeamiento aprobados como es el caso de macrourbanización de La Hoya en Torrevieja -7.000 viviendas- o el polémico residencial de Cala La Mosca -Alameda del Mar, en Orihuela Costa.
La Generalitat trabaja en este documento del PAT desde diciembre de 2018. Los grupos conservacionistas han cuestionado que la Generalitat anunciara como inminente la publicación del documento para el pasado verano pero que se haya retrasado hasta ayer. Algo que atribuyen a las supuestas presiones del lobby empresarial de la construcción turístico residencial y los ayuntamientos- tras conocer las presentaciones realizadas por los técnicos en julio el contenido del PAT-, en especial los costeros y de segunda línea, que siguen basando su economía en la extensión de las áreas residenciales, el empleo que genera en el momento de la construcción, y la recaudación del impuesto sobre las construcciones, IBI e impuesto plusvalías, que en algunos casos suman hasta el 50 % de los ingresos corrientes de sus presupuestos.
"APUESTA POR EL MÁXIMO CONSENSO"
El conseller de Territorio, Arcadi España, asegura que "el PAT, en una clara apuesta por posibilitar el máximo consenso, se expone por el plazo de tres meses, durante los que se podrán formular alegaciones, sugerencias y propuestas", y se podrá consultar en web: https://politicaterritorial.gva.es/es/patvegabaja
El PAT de la Vega Baja, ha recordado, es un instrumento de ordenación territorial integrado de escala supramunicipal, que tiene como finalidad principal "el desarrollo territorial y urbanístico racional y sostenible en la Vega Baja que atienda a las necesidades y demandas de su ciudadanía y al conjunto de sus potencialidades, teniendo en cuenta la fragilidad ambiental de este territorio".
Está estructurado en cuatro grandes bloques temáticos: infraestructura verde, sistema de asentamientos, movilidad y actividad económica, y según ha destacado el conseller, "se trata de un documento largamente demandado por las instituciones, agentes sociales y el conjunto de la ciudadanía de la comarca, como demuestra el reconocimiento y prioridad que obtuvo en las mesas de participación pública del proyecto Vega-Renhace, lo que confirma la necesidad de este plan".
Infraestructura verde
En cuanto a la infraestructura verde, el PAT propone un diseño que incluye los espacios de mayor valor ambiental y territorial como parques y espacios ya protegidos, a los que se suma otros de gran valor identitario: los cabezos, los secanos aterrazados tradicionales, las orlas de protección y otros suelos críticos para adaptar el territorio a los efectos del cambio climático.
Igualmente, su diseño y estructura ofrece plena cobertura a las propuestas territoriales sobre la mitigación del riesgo de inundaciones en la comarca, por parte de las administraciones competentes en agua e infraestructuras hidráulicas, especialmente necesarias en un territorio tan sensible al riesgo de inundación.
El PAT propone una zonificación de escala supramunicipal del suelo no urbanizable atendiendo a sus valores, potencialidades y fragilidad. De esta forma se garantiza que los usos y actividades que se implantan en el territorio se adapten a su capacidad de acogida. Las zonas que se han delimitado son: la Huerta de la Vega Baja, los suelos de protección ambiental, las piezas verdes de interés ambiental, los suelos del litoral, las zonas de nuevos regadíos y las zonas de secanos aterrazados.
Así, el plan responde a las demandas sociales de protección de la Huerta de la Vega Baja, reconoce su patrimonio y propone un régimen de gestión y dinamización de gran ayuda para su pervivencia económica, y como paisaje cultural agrario de amplio reconocimiento a escala internacional.
También regula de manera novedosa la implantación de campings, las actividades extractivas o las energías renovables garantizando la plena autosuficiencia de la comarca, y potenciando modelos de iniciativa pública para contribuir a este objetivo. Por ello, los municipios podrán promover plantas fotovoltaicas de hasta 100.000 metros cuadrados para satisfacer estos consumos locales. El plan permite las dotaciones públicas en todo tipo de suelos.
Asentamientos
El PAT analiza el planeamiento municipal desde la necesaria escala supramunicipal, y desarrolla un conjunto de estrategias en función del grado de compatibilidad con los criterios ambientales y territoriales que garantizan la calidad y sostenibilidad de los tejidos urbanos.
Estas estrategias pasan por la incorporación de algunos suelos a la infraestructura verde del territorio, a un régimen transitorio, a una mejora de su ordenación y calidad urbana o a su reconversión en ámbitos estratégicos en los cuales se pueden llevar a cabo proyectos de calidad urbana atractores de actividades económicas y de talento. Hasta 1.400 hectáreas de suelos urbanos o urbanizables pueden acogerse a esta figura que les permitirá intensificar los usos, incrementar las dotaciones y la actividad económica, desarrollando proyectos de mejora de la calidad urbana.
También facilitará la regeneración de espacios turísticos obsoletos, y propone tratamientos de mejora de la urbanización diseminada y un modelo de crecimiento adecuado para los núcleos pedáneos, que actualmente tienen graves problemas para prolongar sus tramas urbanas por el estado de su planeamiento municipal.
Movilidad
Desde el punto de vista de la movilidad, el PAT analiza la realidad de la comarca, propone objetivos de mejora de la movilidad sostenible y la integración entre los usos del suelo y la movilidad, en estrecha colaboración con el Plan de Movilidad Comarcal que está llevando a cabo la Conselleria. Asimismo, garantiza la perfecta cobertura para las acciones que se propongan en el Plan de Movilidad, y propone un esquema de red ciclista para toda la comarca.
Dinamización de la actividad económica
Sobre la dinamización de la actividad económica, el PAT propone un conjunto de medidas de gran consenso entre los agentes sociales, como la posibilidad de generar modelos turísticos de elevada calidad, reforzar el clúster agroalimentario, potenciar los usos logísticos en el entorno de San Isidro, desarrollar un nuevo nodo de actividades económicas al norte de Orihuela, entre otros. Además, se permite la introducción de actividades terciarias en la Huerta de la Vega Baja, compatibles con la actividad agraria, y se potencian los espacios urbanos aptos para la nueva economía creativa y de talento.
Destaca la minoración de los estándares de zonas verdes a cambio de incluir en esta dotación los espacios protegidos por el plan, con un tratamiento adecuado que permita el uso público, con lo que se facilitará la elaboración y tramitación de los planes generales estructurales que tuviesen problemas de cumplir estas dotaciones. Se propone un régimen transitorio para legalizar actividades existentes, y en el caso de su incompatibilidad en cuanto a usos y parámetros se les otorgará un tiempo amplio y suficiente para que puedan relocalizar la actividad.
