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Orihuela reabrirá antes del verano el paso entre La Caleta y Aguamarina

El Ayuntamiento acata la sentencia y cierra la senda peatonal en primera línea de costa - Inicia la expropiación forzosa, por interés general, para un uso público del paseo que recorre el litoral

El Ayuntamiento inició ayer los trabajos para cerrar el paso. | TONY SEVILLA

Los viandantes que ayer paseaban por el litoral oriolano, entre Aguamarina y La Caleta en Cabo Roig, se topaban con una valla que interrumpía su paso, lo que suponía dar un rodeo de dos kilómetros para salvar ese tramo de tan solo 60 metros, después de que el Ayuntamiento de Orihuela cumpliera con una sentencia que le obliga a restituirlo a su estado original. Los vecinos del residencial Bella Vista construyeron un muro en 2013 para cerrar este sendero junto al acantilado y pegado a los jardines de sus viviendas. Dos años después el exconcejal de Urbanismo, Antonio Zapata, ordenó su derribo, un procedimiento que la justicia declaró ilegal.

«El acto administrativo era nulo de pleno derecho, porque es un camino privado», explica el representante legal de los propietarios, Santiago de la Vega, del despacho de abogados Serrano y Asociados Urbanistas, que añade que «el Ayuntamiento ha tratado de eludir la sentencia de forma continuada», recurriendo tanto el auto de 2018 como la posterior sentencia del TSJ de noviembre de 2020 que lo ratificó. Incluso, contra esta última, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, continúa De la Vega, «tanto el juzgado de lo Contencioso como el TSJ determinaron que la Administración no puede vulnerar la legalidad», de forma que «no ha tenido más remedio que proceder a la reconstrucción del vallado perimetral demolido».

Tomás Moreno, portavoz de la Asociación de Vecinos de Orihuela Costa en Acción (Avoca), lamenta que «se vuelva a estrangular un paso que unía el paseo marítimo de Aguamarina con La Caleta, de uso multitudinario». Precisamente, por «esa utilidad pública» aboga por «la expropiación forzosa para restablecer el paso y reparar un daño enorme, una asignatura pendiente por parte del Ayuntamiento», al que Moreno reprocha «una actuación negativa» y duda sobre «su capacidad de negociación con los representantes de los vecinos del residencial para pagar una compensación».

El residencial fue aprobado antes de la ley de Costas y el PGOU de 1990, que dispuso que la primera línea fuera de equipamiento público. Sin embargo, los vecinos cerraron el paso por un suelo de su propiedad y el Ayuntamiento no expropió este tramo que daba continuidad al uso público como paseo de todo el frente litoral.

Expropiación forzosa

En este sentido, el popular Rafael Almagro, concejal de Patrimonio, manifiesta que las conversaciones se frustraron cuando se nombró a una nueva junta vecinal, que rechazaba cualquier pacto. A su juicio, ese espacio «debe ser un paseo, por el interés general». En base a ese argumento «nos queda la vía de la expropiación». Por eso, ha reanudado este proceso, de forma que, según sus cálculos, «estará resuelto y se volverá a abrir antes del verano».

El cierre que se inició ayer se ha realizado a través de la Concejalía de Infraestructuras, en manos de Ciudadanos. El portavoz de la formación naranja y vicealcalde, José Aix, apoya también la expropiación, que «debería estar resuelta ya desde hace tiempo; Patrimonio llega muy tarde». Además, critica que la situación actual, con la clausura del paseo, es «una consecuencia de la decisión nefasta e irresponsable de Zapata», quien hizo «una auténtica chapuza» y realizó «un fraude absoluto».

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