Vivienda. Vecinos se movilizan y recaudan firmas para impedir que el Consell adquiera 22 pisos en un mismo inmueble para destinarlos a uso social. Temen que se degrade el entorno y haya conflictos. El Ayuntamiento remite a Conselleria una carta y un acuerdo unánime del pleno municipal para paralizar o reorientar el plan
Varios vecinos se reunieron ayer con el alcalde de Callosa de Segura para mostrarles su preocupación ante «la compra inminente» de 22 viviendas por parte de la Generalitat en un edificio de 27 pisos para destinarlas a familias en situación vulnerable. Los propietarios de las cinco restantes, que residen en el inmueble -situado en la calle Cervantes, en pleno casco histórico, frente al mercado de abastos y a un colegio de más de 600 alumnos-, temen que se degrade la zona y haya conflictos.
El regidor, Manuel Martínez Sirvent, explica que «este problema se arrastra desde hace un año», cuando los propietarios recabaron 5.000 firmas -en un municipio de 19.000 habitantes- para solicitar a la Conselleria de Vivienda que reconsiderara sus planes. Ante la movilización en contra, el alcalde se dirigió al entonces conseller para comunicarle que sería más procedente comprar viviendas de manera dispersa por todo el municipio, tal y como propone la propia normativa del Consell. Tras los cambios de nombramientos en la Conselleria, Martínez Sirvent remitió ayer una carta al conseller y vicepresidente segundo, Héctor Illueca, para «ponerle al tanto de un asunto que levantó discrepancia social y política». Hasta el punto, continúa, de que el pleno municipal de marzo rechazó unánimemente la adquisición de la totalidad de las viviendas ubicadas en el edificio Nieves, propiedad de la Sareb, por lo que «le rogaría la paralización de dicha operación», reza el escrito, que también subraya que «el Ayuntamiento es plenamente consciente de que las necesidades vitales y habitacionales de todas las personas deben ser asistidas por las administraciones, y más aún en aquellas que viven en situaciones de vulnerabilidad». Sin embargo, «ante esta intención de Conselleria de adquirir 22 viviendas en un mismo edificio para destinarlas a uso social, estamos convencidos de que no es bueno y creemos que es importante que las viviendas estén diseminadas por distintos puntos de Callosa, ya que facilitaría de mejor manera su integración», prosigue.
Francis, uno de los propietarios, lamenta que «este plan se haya vuelto a reactivar», e insiste en que «nadie quiere que se devalúe el centro histórico, un punto de encuentro de toda la ciudadanía». A su juicio, «todo el mundo necesita un techo, pero la propia ley valenciana dice que no es conveniente que haya más de cinco viviendas de uso social en un mismo edificio», porque, aunque no le guste la palabra, «formas un gueto», advierte.
Asegura que tanto él como las otras cuatro familias y los vecinos del entorno están «en vilo». Se sienten en «una encrucijada», porque «no se sabe a qué clase de personas van a meter». Además de temer que se tengan que ir de allí, creen que sus casas, que muchos de ellos aún están pagando, pierdan valor. Tanto es el miedo que dice que aún no han avisado a Rosita, su vecina de 80 años que está enferma del corazón.
En la misma línea, José Francisco, que vive a 20 metros, piensa que la zona se va a degradar: «La Generalitat no es que aporte su grano de arena, sino toda una duna, para que esto acabe hecho unos zorros». También manifiesta que van a hacer todo lo posible desde el punto de vista legal para paralizarlo, sin descartar un contencioso contra la Administración valenciana, en referencia a que la norma insta a «no crear núcleos de población de capacidad económica baja», y concluye: «No es lo mismo integrar a 4 que a 22».
