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Batería de alegaciones de los ecologistas para desclasificar Cala Mosca y evitar su urbanización

Grupos conservacionistas piden al Consell que el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja blinde el último tramo virgen de la costa de Orihuela - El documento, en exposición pública, da un margen hasta 2023 para construir 2.280 viviendas

Cala Mosca y su entorno, donde está previsto un residencial pese a su interés medioambiental. | TONY SEVILLA

Orihuela Costa ya ha superado de sobra las limitaciones de crecimiento fijadas en la legislación urbanística europea, estatal y autonómica. Así se recoge en el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja (PAT), de rango superior a los planes generales urbanísticos de los 27 ayuntamientos de la comarca, que la Generalitat ha redactado con el objetivo de «corregir las tendencias urbanas insostenibles» y lograr «un uso racional del suelo». El documento, troceado en 23 archivos, está en la web de la Conselleria de Política Territorial para su consulta, de forma que los interesados formulen alegaciones y propuestas para su resolución final en el plazo de tres meses, a contar desde el pasado día 14, cuando salió a exposición pública.

En él se propone anular una veintena de planes urbanísticos sin desarrollar, mientras que en otros casos se plantean distintos grados de modificación en base al análisis del «margen de maniobra» para revertir un sector urbanizable. En grandes proyectos que cuentan con instrumentos de planeamiento aprobados como el polémico residencial de Cala Mosca, técnicamente «sector D-1 Alameda del Mar», establece «un régimen transitorio» que fija un horizonte temporal para culminar su desarrollo. De esta forma, no aporta mayor protección que la que ya recogía el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que determina que el promotor «deberá finalizar las obras de urbanización en el plazo de cinco años, a contar desde su entrada en vigor (el 11 de marzo de 2018)». Si no construye antes del primer trimestre de 2023, el sector quedará integrado en la infraestructura verde, «un instrumento de primer orden para recalificar y descomprimir el territorio». Así se recoge en la página 63 del documento «normativa», cuyo artículo 52 define las estrategias sobre las áreas frágiles del litoral como esta.

La memoria de ordenación del PAT define a Cala Mosca como «un recurso paisajístico de relevancia comarcal» y «vulnerable». La declara como «área de especial fragilidad del litoral». Es más, detalla que forma parte de «un frente costero protegido por el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana y por el lugar y zona de interés comunitario Cabo Roig». Más aún: «Contiene una microrreserva de especies amenazadas que requieren urgentemente de un plan de gestión y de conservación» (jarilla cabeza de gato y caracol Tudorella Mauretanica).

Se trata de «una playa natural catalogada» que «contiene la vía pecuaria [la Cañada Real de la Costa]». Además, presenta «una tendencia regresiva, por riesgo alto de desprendimiento». En suma: «Un área confinada abierta al mar de valor territorial por constituir una bolsa de suelo libre en un tramo considerable de frente litoral urbanizado». «Este único ámbito no ocupado», el último kilómetro de la costa oriolana libre de cemento, forma parte de un plan parcialmente edificado que propone un desarrollo «residencial y turístico de alta densidad, con una oferta de 2.280 viviendas», prosigue. Algo que evalúa como incompatible con los valores sostenibles y el modelo de infraestructura verde que plantea el PAT. Con todo, «el margen de maniobra para revertir este sector es bajo», por lo que limita su protección cuando podía haber sido más ambicioso, ya que en otras zonas contempla la desclasificación como suelo urbanizable.

El texto habla de «invasión y presión» en un litoral vulnerable por la ocupación de la costa: «El paisaje ha sido transformado de manera radical en términos de superficie construida» hasta el punto de que «la preservación a largo plazo de espacios de reconocido valor está comprometida». Esa es la filosofía de un plan de «acción» que en la práctica dista de ser transformador. «Una vergüenza el Pativel y una vergüenza añadida lo que propone ahora el PAT, que mantiene lo que establece aquel, que se siga considerando como suelo urbanizable residencial», critica Miguel Ángel Pavón, presidente de Amigos de Sierra Escalona, y vicepresidente de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante. Ambas organizaciones alegarán para conseguir que los terrenos de Cala Mosca «se desclasifiquen como urbanizables y se clasifiquen como suelo no urbanizable protegido».

Es lo que, en opinión de Pavón, la Administración no se ha atrevido a hacer, porque «prima el negocio inmobiliario sobre la protección del litoral», añade quien ya advirtió de que el PAT «es la última oportunidad para salvar este territorio; fuera de eso difícilmente se va a conseguir más». Ecologistas en Acción también presentará alegaciones para revertir estos suelos y que no se construya sobre ellos, concluye su portavoz, Carlos Arribas.

Reproches y acusaciones tensan el debate político

Rafael Almagro, portavoz del PP de Orihuela, niega que su grupo esté «por la labor de que se urbanice» Cala Mosca, y subraya que «mientras el Ayuntamiento no tiene potestad para revertir este suelo urbanizable, la Generalitat puede hacerlo, igual que el PAT desclasifica el PAU-5», un gran sector sin desarrollar que afecta al Paisaje Protegido de Sierra Escalona. «Y tan a gusto», prosigue Almagro, porque «todos queremos que este espacio siga siendo virgen». En ese caso, «hay que dejar claro quién tiene que pagar por la responsabilidad patrimonial», recalca. La memoria económica del plan se desentiende de las posibles reclamaciones derivadas de sus propias propuestas. También señala la «hipocresía» de Cambiemos, que «mantiene engañados a ciudadanos y asociaciones haciéndoles creer que es posible detener este desarrollo urbanístico». Se constata que «en Orihuela dicen una cosa y en Valencia hacen la contraria», añade. Cambiemos recuerda que el equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) ha querido aprobar su modificación urbanística a toda costa. El informe en contra de Carreteras «nos lo ocultaron hasta última hora». El Ministerio ha requerido al Ayuntamiento anular el acuerdo adoptado en el pleno de septiembre por ser «nulo de pleno derecho».

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