Amigos de Sierra Escalona (ASE) ha denunciado públicamente la «desidia» de las distintas administraciones a la hora de atajar la proliferación de vertederos incontrolados en pleno corazón del Paisaje Protegido de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor. La acumulación desde hace años de toneladas de enseres y escombros en el puerto de Rebate, -junto a la carretera CV-925- es uno de los ejemplos más evidentes desde hace años de este descontrol, a a la vista de cualquier conductor que recorra la carretera que une Torremendo y Pilar de la Horadada. Este enclave, situado en término municipal de Orihuela, junto a una de las zonas de pinar y vegetación mediterránea mejor conservadas del Paisaje Protegido se desparraman todo tipo de residuos, que además han comenzado a colmatar un barranco aledaño. En la zona no hay ni un solo cartel indicativo de prohibición de unos vertidos que incrementan el peligro de incendio. Ni de la Generalitat que gestiona el Paisaje Protegido, ni del Ayuntamiento oriolano.
ASE explica que es el Ayuntamiento de Orihuela, la dirección del Paisaje Protegido que ejerce la Generalitat e incluso el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrgráfica del Segura, en sus competencias de vigilancia de cauce público las que deberían hacer algo. Según la misma fuente, la dirección del Paisaje Protegido llegó a denunciar este vertido ante el Seprona de la Guardia Civil hace años. Pero esa denuncia no ha tenido un seguimiento posterior. La Generalitat ha avanzado en las labores de difusión de los valores ambientales de las 10.000 hectáreas protegidas cuatro años después de la declaración de protección. Pero poco o nada se ha hecho a la hora de señalizar o indicar el propio Paisaje. Solo los muy familiarizados con ese entorno conocen que la zona que están atravesando es una de las que cuentan con una figura de protección casi equivalente a la de parque natural. Los municipios de San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada y Orihuela comparten este paisaje protegido lastrado por la falta de recursos de la Generalitat para vigilar su conservación.
