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La Generalitat "salva" las macroplantas solares de la suspensión de licencias obligada por la exposición del Plan de Acción Territorial de la Vega

La Conselleria de Territorio, que promociona el PAT como un instrumento de sostenibilidad territorial, "flexibiliza" las limitaciones a los expedientes de fotovoltaicas impulsadas por fondos de inversión "en aras de la mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos y los particulares"

Sierra de Pujálvarez en la que se plantea una de las macroplantas fotovoltáicas del fondo de inversión

La Generalitat Valenciana ha modificado su resolución del 9 de diciembre de sometimiento a participación pública y consultas del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja para salvar la tramitación de macroplantas fotovoltaicas promovidas en esta comarca en el último año por fondos de inversión , en especial en el entorno protegido del Paisaje Protegido de Sierra Escalona, en las laderas de las Sierras del Cristo y Pujálvarez. Solo en esta zona la ocupación con placas solares de suelo agrícola de secano, regadío e incluso terrenos considerados forestales, supera las 380 hectáreas. Con esta decisión la Conselleria de Territorio daría luz verde a nuevas solicitudes aparte de las que ya están en marcha. 

El trámite de información pública de la versión inicial del PAT supone la suspensión de cualquier expediente sobre suelo no urbanizable durante un año prorrogable a otro, como adelantó INFORMACIÓN. Esa resolución implicaba la suspensión, «entre otros instrumentos» urbanísticos, de determinadas declaraciones de interés comunitario y licencias en suelos en situación básica rural.

Sin embargo, según recogía este jueves el Diario Oficial de la Generalitat, ahora la Conselleria de Política Territorial advierte de que «no hizo mención expresa a la denominada autorización de implantación de suelo no urbanizable para determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica». 

La Generalitat agilizó el procedimiento de autorización de plantas solares con un decreto a mediados de 2020. Por eso, ahora, «en aras de la mayor seguridad jurídica -de las empresas-, se considera conveniente modificar el alcance del régimen de suspensión previsto» para flexibilizarla, con condiciones, en el caso de determinadas plantas de producción de energías renovables. El área de Territorio dirigida por Arcadi España, que publicó esta modificación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, señala que de este modo se «se otorga una mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos y los particulares sin comprometer el estudio y reforma de la futura ordenación».

Esa legislación autonómica de impulso a la renovable solar impide su desarrollo en suelos situados a menos de 500 metros de espacios protegidos. Los fondos de inversión, sin embargo, están alegando en sus procedimientos que sus desarrollos tienen entidad por superficie y energía a generar para acogerse a la legislación estatal que sí los permitiría en esos enclaves. 

Los ecologistas y una parte del sector agrario han alegado contra estos proyectos de plantas fotovoltaicas por la enorme ocupación de suelo agrícola que suponen, en especial para el escaso cultivo de secano de la Vega Baja, y su impacto sobre los valores ambientales en los que se plantean puesto que son zonas que forman el mosaico ambiental de la biodiversidad que acoge las sierras del Paisaje Protegido. 

Con esta decisión y el retraso de seis meses en el sometimiento a la información pública del Plan de Acción Territorial de la Generalitat se ha plegado, en opinión de grupos conservacionistas y ecologistas, a las presiones de distintos sectores económicos que actúan en el territorio de la Vega Baja. De hecho, la presentación de estos proyectos se aceleró en el término de Orihuela y Almoradí antes del sometimiento del PAT a consulta pública el pasado 9 de diciembre, quizá ante el temor de una suspensión posterior.  

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