El senador de Compromís Carles Mulet ha preguntado al Gobierno sobre "qué medidas va a adoptar dentro de sus competencias ante un caso tan grave de posible prevaricación", en referencia a la modificación del plan parcial del sector Alameda del Mar, más conocido por Cala Mosca, el último kilómetro virgen de la costa de Orihuela.

En la respuesta el Ejecutivo señala que no le corresponde "la valoración de posibles responsabilidades penales, máxime teniendo en cuenta que se abrieron diligencias de investigación por parte de la Fiscalía del Área de Elche-Orihuela.

No obstante, recalca que "se está realizando un estricto seguimiento del expediente". En este sentido, recuerda que la última acción que llevó a cabo fue enviar el pasado 18 de noviembre un requerimiento al Ayuntamiento para que anule el acuerdo adoptado por el pleno municipal en septiembre, que daba vía libre a la construcción de más de 2.000 viviendas. Una solicitud que, como ya adelantó este periódico, era el paso previo a la vía contencioso administrativa.

También incide en que la Dirección General de Carreteras emitió un informe desfavorable a esa modificación y que ha insistido en varias ocasiones en su "carácter preceptivo y vinculante", de forma que su incumplimiento invalida la actuación siendo nula de pleno derecho.

Mulet, por su parte, destaca que "el informe emitido por el Ministerio de Transportes se centra en dos aspectos clave: el mantenimiento de los niveles de servicio y seguridad viaria y el cumplimiento de las servidumbres acústicas, ambos con incidencia directa en la triple dimensión de la sostenibilidad, tanto en su vertiente económica y social como ecológica".

Mientras, grupos ecologistas han anunciado que tratarán de que el Plan de Acción de Territorial de la Vega Baja, que está en periodo de alegaciones hasta marzo, desclasifique ese sector para evitar su urbanización.

Y el rechazo social va en aumento. Se ha organizado la plataforma Salvemos Cala Mosca, que tiene previsto constituirse como asociación, así como convocar manifestaciones y una campaña de recogida de firmas para detener lo que consideran "una aberración de urbanismo salvaje" que arrebata un patrimonio ambiental y un espacio natural donde anidan cernícalos y se ven lagartos béticos, erizos terrestres, libélulas rojas, además de encontrarse el caracolillo Tudorella Mauretanica y la jarilla cabeza de gato, especies vulnerables que acabarían aisladas en las zonas verdes de la nueva urbanización.

Su objetivo, dicen, es "seguir disfrutando de uno de los pocos espacios que quedan sin edificar en las costas de Orihuela".