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La Generalitat endurece con un decreto el control de la gestión de los escombros

El Consell prevé un vertedero de inertes por comarca y obliga a todos los municipios a contar con ordenanza propia para regular los desechos

Uno de los muchos vertidos incontrolados de escombros en la Vega Baja, en este caso en Escalona. | TONY SEVILLA

La Generalitat ultima un decreto que pretende mejorar la gestión, valorización y reciclado de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en toda la Comunidad Valenciana. El objetivo es endurecer la vigilancia sobre los vertidos incontrolados que ahora provocan un gran impacto y un enorme problema ambiental, incluso en zonas protegidas donde se amontonan ladrillos, hormigón, piedras y roca, cerámica, vidrio, madera, yesos, residuos metálicos, PVC. E incluso elementos peligrosos como pinturas, detergentes o resinas.

Y no solo vigilar, sobre todo, contempla fomentar en condiciones ambientalmente seguras, la reutilización de los escombros. Además todos los municipios deberán contar con ordenanzas que regulen la gestión de estos residuos a los 12 meses tras entrar en vigor la nueva norma. El decreto, que ya ha sido sometido a información pública y que ha recibido alegaciones, profundiza en las condiciones y limitaciones en las que se deben gestionar esos inertes y es especialmente exhaustivo a la hora de describir el régimen de autorización y operación de los RCD, tanto para los generadores de escombro como para sus gestores. El texto propone además una comarcalización de esta gestión, con un plan zonal de residuos de construcción y demolición.

La necesidad de establecer lugares para el tratamiento de inertes de ámbito comarcal, ahora inexistentes o planteadas por la iniciativa privada cerca de las zonas más pobladas sin atender a criterios geográficos, la justifica la Generalitat «de manera que todo el territorio valenciano» pueda disponer de alternativas de gestión de escombros facilitando la captación de flujos de residuos y «optimizando el transporte entre las zonas de producción» y las instalaciones de tratamiento. Una iniciativa, la de comarcalización, que se coordinará con los consorcios de gestión que están participados en la provincia por la Diputación, la Generalitat y los municipios de cada zona del plan de residuos. Además prevé instalaciones de pequeña entidad para los poblaciones aisladas del interior.

Alegaciones de ASE

Amigos de Sierra Escalona (ASE) explica que el proyecto de decreto incorpora un plano con las nuevas infraestructuras fijas. En el caso del área A6 -Vega Baja se grafía el emplazamiento de un vertedero al sur del embalse de La Pedrera. Esta zona, situada entre los términos municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada, forma parte del paisaje protegido de la Sierra Escalona y su entorno, es un espacio natural que, en palabras de este colectivo, «debe quedar libre de cualquier infraestructura de este tipo». En sus alegaciones los ecologistas reclaman que se modifique para que no «figure ese emplazamiento y que, en todo caso, la ubicación sea tratada en el consorcio de residuos afectado y en su consejo de participación ciudadana». ASE también reclama que las plantas de tratamiento además de ubicarse en emplazamientos con escasa incidencia medioambiental, que es lo que señala la versión preliminar del decreto, «se instalen preferentemente sobre suelos urbanos o urbanizables de uso industrial».

El documento incide en la necesidad de desarrollar una norma autonómica que se adapte y profundice en la estatal -de 2008- y en la comunitaria, y en la revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunidad (2019). El objetivo es incrementar sus porcentajes de gestión y valorización, fomentar el aprovechamiento de los residuos como recursos y reducir los impactos negativos que producen cuando su gestión es deficiente.

Esa revisión del Plan Integral de Residuos contemplaba que para este año 2022 el 75% de los escombros generados por la actividad de construcción y demolición pudieron emplearse en reutilización -sobre todo para áridos-, reciclado y otras operaciones de valorización y solo el 25% restante tuviera que terminar en un vertedero. Unas cifras que difícilmente van a verse cumplidas el 31 de diciembre próximo.

Plan de residuos y una fianza para lograr la licencia 


El decreto fija la obligatoriedad de la constitución de una garantía financiera y un plan de residuos, que permita responder de las obligaciones de la gestión de los escombros, previo al otorgamiento de la licencia de obras e incluso a la declaración responsable de los ayuntamientos. También incorpora un modelo tipo de ordenanza local para municipios que no cuenten con ella.

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