El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha solicitado informes a las áreas de Secretaría e Intervención para que analicen si se puede continuar prestando el servicio de aparcamiento regulado, la llamada zona azul, a través de los medios propios municipales, mientras se resuelve el proceso de licitación que se ha puesto en marcha. La vigencia del contrato de este servicio finalizó el pasado día 12, de manera que Bascuñana ordenó la suspensión del cobro de la tasa de manera temporal hasta que se resolviese esta situación. Sin embargo, la complejidad de esta adjudicación supone que su puesta en marcha podría llegar a tardar varios meses, por lo que se plantea la posibilidad de que sea el propio Ayuntamiento el que gestione el cobro de esta tasa de manera temporal y mediante sus recursos.

Todo ello provocó la semana pasada un nuevo enfrentamiento entre los socios de gobierno, PP y Ciudadanos. Si bien el área de Contratación corresponde a los populares, la gestión de este servicio corresponde a la Concejalía de Infraestructuras, en manos del partido naranja, que intentó in extremis alargar el contrato, algo que rechazaron Secretaría e Intervención ya que su vigencia era de dos años más la posibilidad de dos prórrogas, que ya se habían agotado. Los populares hablaron de falta de previsión, mientras que la oposición criticó el «caos» que sufre Orihuela por una mala gestión del equipo de gobierno, más centrado en las luchas internas.

Bascuñana insistió ayer en que conviene restablecer la ORA cuanto antes, ya que «hablamos de un servicio que interesa mantener en beneficio de la ciudadanía en general». Además, mostró su preocupación por la situación en la que han quedado los trabajadores de la empresa que tenía el contrato hasta hace unos días, confiando en que los puedan recuperar. Por todo ello, el regidor ha solicitado estos informes para seguir ofreciendo este servicio con todas las garantías.

Mientras, los parquímetros de Orihuela siguen apagados. Ya en noviembre de 2015 se precintaron también, cuando se finalizó el anterior contrato, y durante el tiempo que duró el estado de alarma. En esa ocasión la suspensión es sine die.