El área de gestión económica del Ayuntamiento de Torrevieja tenía preparada en octubre casi toda la documentación necesaria para aprobar en tiempo y forma a finales de 2021 o principios de este año los presupuestos municipales de 2022. Pero a finales de ese mes el Tribunal Constitucional anuló el cálculo por el que se recauda el impuesto. Y la nueva normativa entró en vigor a mediados de noviembre. En una medida que tiene un impacto relativo en las arcas municipales de la mayor parte de los municipios pero vital en la de un municipio como Torrevieja con uno de los mercados de compra y venta de viviendas de segunda mano más potentes de España.

En 2022 las previsiones municipales eran que el Ayuntamiento ingresara 25 millones de euros por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, denominación oficial del gravamen. A mucha distancia de la segunda con mayor recaudación en la provincia que fue la ciudad de Alicante, con 14 millones de euros en 2021.

Ahora ningún organismo público ha sido capaz, de momento, de calcular el impacto que la nueva regulación tendrá en el capítulo de ingresos para el caso de Torrevieja. El concejal de Hacienda, Domingo Paredes (PP) señaló a INFORMACIÓN que la administración local está a la espera de recibir un informe de SUMA Gestión Tributaria con el que los servicios técnicos puedan elaborar un anteproyecto de presupuestos sólido.

Concejal de Hacienda

Paredes indicó que las consultas a distintos expertos en gestión de tributos estiman el descenso en ingresos entre un 50 y un 70%, pero el dato sigue sin confirmarse. «Es una previsión que otros municipios no tienen que tener en cuenta porque el montante del impuesto con respecto a lo que recaudan en impuestos y a su capítulo de ingresos es mínimo, incluso en el caso de ciudades grandes», señaló Paredes. Y hay municipios que directamente no lo han contemplado en sus cuentas para elaborar y aprobar sus presupuestos. Pero el Ayuntamiento de Torrevieja no puede prescindir de esa estimación porque la recaudación por la plusvalía es, solo superada por por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) -con casi 39 millones de euros anuales-, la principal fuente de ingresos municipal.

Algo que se explica en que Torrevieja cuenta con la planta de vivienda secundaria más importante del país: 62.585 sobre un total de 122.338 propiedades. Según la estadística del Observatorio Turístico de la Comunitat Valenciana muy por encima de València capital (33.757), Alicante (28.707), Orihuela (27.573) o Benidorm (25.000). Entre viviendas turísticas y primeras viviendas supone una capacidad de alojamiento superior a las 250.000 plazas. Muy pocas empresas inmobiliarias se centran ya en la venta de primera vivienda en la ciudad. La mayor parte está consagrada a la oferta de segunda mano y se puede encontrar un gran abanico de propiedades. Además el catastro llevó a cabo en Torrevieja la revisión de la ponencia de valores en 2004. Justo en pleno boom inmobiliario. Y ese era uno de los elementos de cálculo esenciales de este tributo -con lo que podría estar sobredimensionado sobre el valor real de las propiedades-. Criterios que han cambiado con la sentencia del Tribunal Constitucional.

Nuevo superávit

El edil Paredes además aclaró que el equipo de gobierno quiere elaborar unos presupuestos lo más ajustados posibles a la realidad de ingresos tras la experiencia de paralización de la tramitación de las cuentas municipales que la oposición ha llevado ante contencioso administrativo en dos ocasiones durante este mandato.

La maquinaria municipal funciona ahora con unas cuentas prorrogadas del presupuesto de 2021, y sobre todo con la disposición de un superávit al margen de ese presupuesto de casi 80 millones de euros. Paredes avanzó que el remanente de tesorería en el Ayuntamiento -los depósitos en el banco- van a situarse de nuevo tras la liquidación de 2021 en torno a los cien millones de euros.

Y que el Ayuntamiento quiere disponer, como ya hizo en el ejercicio anterior de más de 70 millones para destinarlos a gasto corriente e inversiones. Algo que el Gobierno central va a permitir de nuevo, dejando en suspenso buena parte de la normativa fiscal de ajuste de gasto público, ante la situación continuada de crisis sanitaria.

La misma fuente matizó que esos remanentes de tesorería se producen en Torrevieja, y otros muchos municipios, porque el nivel de ejecución presupuestaria es reducido. Es muy posible que no alcance ni el 70% teniendo en cuenta que las actuales cuentas se aprobaron a mediados de ejercicio -en junio de 2021-. Una situación financiera propiciada por la amortización de las deuda financiera con los bancos que se rebajó de más de 60 millones a 20 durante el anterior mandato y que está situada a cero prácticamente ahora y en condiciones de liquidar el último préstamo solicitado de 9 millones de euros cuando el Ayuntamiento disponga.

A la espera del informe de SUMA para decidir 


El Ayuntamiento de Torrevieja espera contar la semana que viene con el informe de SUMA que puede ofrecer una estimación de la recaudación de la plusvalía para este año 2022, según el concejal de Hacienda. La modificación de los reglamentos de cálculo se aprobó a finales de diciembre y la entidad de recaudación ejecutiva todavía no ha podido fijar cómo está afectando los cambios. El bloqueo del presupuesto no tiene un impacto directo sobre el día a día de la gestión municipal que puede funcionar con las cuentas prorrogadas sin problemas.