En el entorno de la carretera comarcal CV-95, que une Orihuela y Torrevieja, hay un total de 1.386 hectáreas de suelo urbanizable con destino a uso residencial. O lo que es lo mismo: 2.733 campos de fútbol. Así lo afirmaron ayer en un comunicado conjunto la asociación de vecinos de San Miguel de Salinas, Amigos de Sierra Escalona (ASE), Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y la plataforma Segura Transparente Vega Baja. En opinión de estas organizaciones, «la necesidad de mejorar la movilidad comarcal no debe ser el pretexto ni la excusa para promover la masificación urbanística de la segunda línea de costa». Es el objetivo que, según sostienen, se oculta tras el demandado desdoblamiento.
En este caso, aluden al interés del sector empresarial de la comarca vinculado a la promoción inmobiliaria. En concreto, subrayan que esta vieja reivindicación volvió a estar sobre la mesa en el aniversario del plan Vega Renhace. A un año de la puesta en marcha de su oficina para acortar distancias entre el Consell y la comarca, se celebró en Orihuela una cumbre para rendir cuentas y hacer balance de lo que se ha conseguido hasta ahora, reuniendo a políticos, técnicos y representantes del tejido social y empresarial en torno a cuatro ejes: infraestructuras hidráulicas, emergencia climática, sociedad y desarrollo económico. Precisamente, en este último punto empresarios insistieron a la Generalitat en la necesidad de acometer esta infraestructura, advirtiendo de que no se avanzará en lo demás hasta que se materialice el desdoblamiento de la CV-95, una cuestión «viable e imprescindible para el territorio», recalcaron. De momento, de los 26 kilómetros de la comarcal el Consell planea la doble vía en 14, entre Bigastro y San Miguel de Salinas, con una inversión prevista de 30 millones de euros.
Por su parte, las organizaciones ecologistas y vecinales advierten de que «es evidente que nuestra comarca precisa de un plan integral de movilidad intermodal y con gran peso del transporte público sostenible, que conecte e integre las diferentes poblaciones del interior con nuestro litoral»; sin embargo, sostienen de que solo hay dos puntos en los que se puede hablar de saturación del tráfico: entre la AP-7 y la nacional 332 en Torrevieja y entre Bigastro y Orihuela. Por eso, sostienen que en realidad el desdoblamiento que requieren determinados sectores responde más a un interés urbanístico que a una necesidad.
No en vano, recuerdan que hay 25 proyectos residenciales repartidos por cinco municipios y alrededor de la CV-95. El mayor número lo acapara Orihuela con diez planes, que ocupan una superficie de 1.018 hectáreas, seguido por Jacarilla, con nueve (261 hectáreas). Bigastro tiene cuatro que suman 30 hectáreas. San Miguel de Salinas y Torrevieja tienen uno, con 47 y 29 hectáreas.
Este suelo urbanizable se encuentra en diferentes fases. Algunos sectores aún no se han desarrollado, otros cuentan con proyectos de adecuación urbanística y varios están en ejecución. Cabe destacar que el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, en periodo de alegaciones, propone la desclasificación de los PAU 5 y 9 de Orihuela, los sectores UB 6, 8 y 9 de Jacarilla y el D-8 de Bigastro. Ese -y no otro- es el trasfondo, insisten, al mismo tiempo que concluyen que «el desarrollo económico debe conjugarse con la sostenibilidad y la conservación medioambiental», porque «el futuro de nuestra comarca pasa por la protección, mantenimiento y mejora de su rico patrimonio natural, cultural y paisajístico», y no por reproducir en el interior la masificación urbanística y la falta de servicios que padecen las localidades costeras.
