La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha concluido en un informe de investigación que el marido de la funcionaria secretaria-interventora accidental del Ayuntamiento de Callosa de Segura facturó al Consistorio 187.885 euros por análisis del agua de la red del municipio sin amparo legal alguno. Fue entre 2003 y 2014, con encargos de hasta 29.000 euros anuales. Además este proveedor municipal, familiar directo de la funcionaria, no disponía ni de la capacidad ni de la habilitación necesarias para realizar análisis de agua y legionela, según el informe al que ha tenido acceso INFORMACIÓN.
Por otra parte, y en relación a la gestión de la misma funcionaria, el Ayuntamiento, con la participación de la propia secretaria, concedió a un familiar directo de la exfedataria una licencia de obra para una vivienda que no se ajustó a las obras realizadas finalmente. Entre otras actuaciones, fuera de la autorización construyó una piscina en un suelo protegido en el Plan General por su interés arqueológico. La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana recibió una alerta para investigar estos hechos a finales de 2020.
La Agencia recomienda al Ayuntamiento que revise de oficio y anule los actos que derivaron en esos abonos y que se reintegren, además reducir la figura del contrato menor para el caso de obras, suministros y servicios que se mantienen en el tiempo y por último que se abra expediente de protección de la legalidad urbanística sobre las obras ejecutadas para verificar si se ajustan a no a las determinaciones de la licencia que concedió el Ayuntamiento. Según indicaron fuentes municipales estas recomendaciones se van a llevar a cabo.
La principal alegación de la protagonista de la investigación es que ambos episodios fueron investigados en causas judiciales distintas que han sido archivadas de forma provisional, aunque la AVA puede ejercer su función investigadora más allá de esos sobreseimientos e incluso aportar "nuevas pruebas" para que se reabran.
AVA
La AVA subraya que la participación por acción u omisión de la secretaria interventora en la inexistencia de procedimiento de contratación y el pago de facturas, ha ocasionado en este caso una situación de conflicto de intereses. Una situación que habría exigido la adopción de las "medidas necesarias para prevenirla y solucionarla de forma que se hubiesen asegurado los principios rectores de la contracción del sector público y que ha podido influir en las actuaciones administrativas" del municipio. "Tratándose de su marido, familiar en primer grado por afinidad, la secretaria debería haberse abstenido de participar" en la tramitación.
De este modo el Ayuntamiento estuvo abonando entre 2003 y 2014 facturas, sin mediar contrato, con encargos verbales, por el servicio de análisis del agua en determinadas zonas del municipio a favor del cónyuge de la funcionaria que durante dos décadas -y hasta 2020- desempeñó de forma accidental los puestos de secretaria e interventora en esa administración local. Esas analíticas -que generaron 548 facturas- eran solicitadas por el Ayuntamiento o la unidad de sanidad ambiental de Orihuela bajo conceptos como "grifo del consumidor", "legionela" o "edar", pese a que el autocontrol de la calidad del agua es responsabilidad de la empresa de gestión del agua.
La investigación concluye que el Ayuntamiento y FCC-Aqualia eran realmente los responsables de realizar al menos 249 de esos encargos para conocer la calidad del agua del grifo y no el marido de la fedataria. Y al no estar formalizado un contrato con el Ayuntamiento no ha "podido comprobarse si el el profesional que ha realizado los análisis cumplía con las obligaciones y condiciones exigidas en el programa de vigilancia sanitaria de agua de consumo humano de la Comunidad Valenciana". También se desconoce, en función de la documentación remitida por el Ayuntamiento, cuál es el protocolo de actuación para el control del agua de los grifos de consumo en el municipio en el que deben detallarse los puntos de muestreo de cada red de distribución, o los parámetros llevados a cabo para la toma de muestras. La Agencia no ha podido averiguar si el mismo profesional estaba acreditado para la detección de legionela, entre otros extremos.
También realizó analíticas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales pese a que los técnicos municipales reconocen que estas "analíticas no son competencia del Ayuntamiento de Callosa". Durante el mismo periodo el marido de la secretaria realizó y facturó el doble de las analíticas que las que exigía la normativa "sin mediar justificación alguna", según la AVA.
Irregularidad
A esto se añade otra irregularidad en relación con unas obras de reforma. El Ayuntamiento de Callosa de Segura concedió una licencia urbanística promocionada por un familiar -en primer grado por afinidad- de la misma secretaria, para la realización de unas obras que finalmente no se ajustaban ni amparaba esa autorización urbanística.
La solicitud de licencia del 14 de octubre de 2014 se solicitaba para el arreglo interior de una vivienda con la reforma de aseos y cocina, colocación de ventanas de aluminio y reparación de fachada con un presupuesto de 15.000 euros. Sin embargo se ejecutaron modificaciones de huecos, cambios de carpintería y sustitución de revestimientos, además de la construcción de una piscina que se efectuó en suelo urbano de protección arqueológica del Plan General de Ordenación Urbana, dentro del casco histórico.
Anfifraude comenzó la investigación de la denuncia el 21 de noviembre de 2020 con el objetivo de averiguar si los hechos de los que tiene conocimiento, podrían suponer irregularidades administrativas "indiciariamente constitutivas de posibles conductas de fraude o corrupción". El Ayuntamiento aportó los expedientes. Algo que también hicieron la Confederación Hidrográfica del Segura, la empresa que presta el servicio de agua potable FCC Aqualia y la Conselleria de Sanidad.
Alegaciones
Por otra parte, la Agencia también cuestiona que durante 19 años se haya mantenido en el cargo de secretaria de forma accidental -12 en el caso del nombramiento de la intervención que fiscaliza la gestión económica de un Ayuntamiento-. Y recuerda que ambos puestos son reservados para un funcionario de habilitado nacional, "situación que debió ser resuelta por la dirección general de Administración local" e indica que las alegaciones presentadas por el municipio solo hacen confirmar los extremos que se concluyen de la investigación. La funcionaria aludida ha alegado que la AVA carece de competencias para investigar los hechos denunciados y además existen dos procedimientos judiciales sobreseídos provisionalmente por los mismos hechos. Si bien la Agencia recuerda que el sobreseimiento no "significa que no implique una irregularidad administrativa merecedora de reproche", y que su investigación podría aportar nuevas pruebas que acrediten indicios de hechos constitutivos de un posible delito. La fedataria también asegura que las supuestas irregularidades han prescrito.
Paradójicamente la investigación de Antifraude se lleva a cabo sobre la actuación de una funcionaria que cuenta con la protección que ofrece en su estatuto de persona denunciante, otorgado por la propia agencia por otro procedimiento que ha llegado a la vía judicial y en el que la secretaria es testigo. Estas diligencias judiciales investigan supuestas irregularidades en la gestión municipal durante este mandato. La secretaria cesó en su puesto a principios de 2020 tras cubrirse su plaza interina por parte de habilitados y continúa en el Ayuntamiento en otras funciones.
