Los vecinos del residencial de Marina Real Hábitat en Guardamar del Segura viven un periplo judicial. Las zonas comunes de las catorce viviendas de lujo son ilegales: jardines, piscina, garajes y hasta la antena de televisión y el depósito de gas licuado de petróleo que proporciona el suministro de calefacción y agua caliente.
Estas edificaciones no constan en la licencia de edificación inicial. Después de comprar en 2009 las viviendas por medio millón de euros, en 2018 recibieron un requerimiento del Ayuntamiento que instaba a la comunidad de propietarios a subsanar las deficiencias apreciadas por obras sin licencia.
Incluso, una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Elche, en 2020, dictaminó que son ellos los que tienen que hacerse cargo "ni siquiera terceros adquirientes están exentos de soportar las actuaciones materiales que lícitamente sean necesarias para restablecer la legalidad urbanística", además de indicar que "no pueden usar las instalaciones por no haberse comprobado por la Administración su adecuación al proyecto para el que se concedió la licencia de obras".
En este proceso judicial los propietarios argumentaron que "hay constancia de la existencia del depósito como de las torres de telecomunicaciones y de ventilación cuando el Ayuntamiento concede las licencias de ocupación de las viviendas", por lo que indicaban que "la Administración ha incurrido en arbitrariedad administrativa al haber hecho dejación de su deber de diligencia en la vigilancia y labor inspectora preventiva".
Por su parte el Ayuntamiento sostuvo que "en el expediente administrativo no hay certeza de que las obras ilegales estuvieran terminadas en la fecha de concesión de las licencias".
El juez, a la luz de los 365 folios del expediente administrativo, concluyó que estas construcciones ya estaban en 2009: "Resulta razonable pensar que tales instalaciones resultaban centralizadas y necesarias para que las viviendas y los garajes estuvieran en pleno funcionamiento y en condiciones de habitabilidad para obtener la licencia".
Los vecinos señalan que, aunque la corporación municipal lo omita, "la auténtica responsable es la constructora Promociones Altamar 2000", que, según indican, ha desaparecido de Guardamar.
A raíz de la pandemia algunos propietarios, en su mayoría extranjeros, han tratado de vender la vivienda, y es ahora cuando se han enterado de que existen ilegalidades. No pueden hacerlo porque "a día de hoy, 13 años después, el Ayuntamiento es incapaz de renovar la licencia de segunda ocupación [un requisito para la venta] porque el proyecto de edificación no se adaptó a las obras ejecutadas".
Incluso, tienen informes de inmobiliarias que se han negado a realizar la gestión: "El incumplimiento urbanístico nos preocupa especialmente, ya que en una urbanización ya construida puede ser altamente costoso y hasta imposible que dichos elementos cumplan la legislación vigente; sabemos por experiencia que los compradores rechazan estas opciones".
Además, el depósito de gas licuado de petróleo está instalado al lado de la barbacoa del edificio colindante. La comunidad de vecinos del edificio Tiburón, tras sucesivas demandas y reclamaciones, ha interpuesto una querella contra la promotora del residencial Marina Real Hábitat y contra el Ayuntamiento "por peligrosidad e inactividad".
Alegan que el consistorio "no vela por la legalidad vigente al permitir que funcione un depósito sin licencia que además supone un grave peligro para todos".
Por su parte, José María Hernández, concejal de Urbanismo, indica que el Ayuntamiento tiene informes favorables y está tramitando la declaración responsable ambiental con el fin de legalizar el depósito. En cuanto a las licencias de segunda ocupación manifiesta que no hay ningún problema.
Los residentes de ambas comunidades lamentan que este asunto esté atascado y se preguntan si realmente hay voluntad de arreglar o de tapar. ¿Hay intereses o descuido e incompetencia?, insisten.
