La junta de gobierno del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, considerando "insoportable" la relación actual con el Ayuntamiento, propondrá en la próxima junta general de síndicos, electos y representantes del juzgado la reclamación judicial vía contencioso administrativa de las cantidades adeudadas por la administración local y la revocación de las autorizaciones de obras -no iniciadas- y las cesiones de elementos hidráulicos.
En este sentido, ha remitido un comunicado en el que lamenta "el perjuicio que estas decisiones puedan ocasionar a los vecinos de Orihuela, pero la actual situación y la posición de la primera autoridad municipal [Emilio Bascuñana], desinhibiéndose de las obligaciones que tiene como alcalde, nos obliga a la defensa de los intereses de los más de 12.000 regantes que integran esta institución".
Esta comunicación llega después de que, como adelantó este periódico, el juzgado denunciara que el Ayuntamiento está realizando obras sin permiso que ocupan el brazal de Bonanza: "Sin autorización por parte de este juzgado se ejecutan obras sobre canales en claro perjuicio del heredamiento, sirviendo actualmente el espacio ganado para el aparcamiento de camiones de gran tonelaje sobre un cauce cuyos muros no están preparados para soportar grandes cargas", explica el escrito, que añade que "hoy mismo el de la acequia del Escorratel, donde sin notificación, ni autorización alguna, se han iniciado obras, al parecer, para la construcción de un carril bici".
Además, insiste en el "impago reiterado" por parte de la Administración, lo que está ocasionando a los heredamientos receptores de las cantidades acordadas "importantes problemas para poder cumplir con las obligaciones de mantenimiento, limpieza y conservación de sus acueductos".
Así, detalla una serie de acuerdos y obligaciones que "desde el año 2019 el Ayuntamiento viene incumpliendo de forma reiterada y pertinaz". Tampoco, continúa, satisface las cantidades por la tenencia de tierras dentro del perímetro regable de este juzgado o uso de los cauces de los que se sirve, como la acequia de Alquibla y el azarbe de las Fuentes por el avenamiento de las tierras del Palmeral.
Por último, recuerda que "el juzgado ha colaborado, desde hace muchos años y con independencia del signo político que ha regido la corporación municipal, con el Ayuntamiento, al igual que con el resto de entidades locales de la Vega Baja", lo que ha permitido, insiste, "el desarrollo urbanístico de la ciudad", ampliando su casco urbano, permitiendo nuevas calles (pasaje Patriarca de Antioquía, junto al Casino, la trasera del Palacio de Tudemir, el inicio del Camino Viejo de Almoradí, junto al parking de los Huertos, y calle País Valenciano, entre otras), ejecutando carriles bici en la Avenida del Doctor García Rogel) y facilitando la evacuación de pluviales en las pedanías.
Como contraprestación, señala, ha percibido "insignificantes cantidades" a pesar "del incremento de gasto que suponen las labores de limpieza en los cauces con las cubriciones efectuadas por el Ayuntamiento". En cuanto a la cuantía que el Ayuntamiento abona al juzgado, indica que es de 7.755 euros al año, "cantidad que no se ha actualizado en los últimos años".
Otras muchas mas autorizaciones se han concedido sin mas contraprestación que la obligación del Ayuntamiento de hacerse responsable de los daños que pudiera ocasionar las obras a realizar por dicha institución; y la practica totalidad de la red de imbornales de recogida de las pluviales está conectada a cauces de los que es titular este Juzgado.
