Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Rojales: una jueza descarta que sea irregular que un Ayuntamiento pague una obra dos meses antes de que se termine

El Pader de Rojales reclamó anular el decreto por el que el alcalde pagó 49.587 €s por cuatro cargadores eléctricos de vehículos cuando no estaban ni instalados/ La magistrada archiva el contencioso al considerar que el suministro, y no la instalación, era el principal objetivo del contrato

A la izquierda las "obras" el día que se aprobó su pago. A la derecha, la actuación concluida en febrero de 2020

El Ayuntamiento de Rojales fue especialmente diligente a la hora de pagar la factura al proveedor e instalador de cuatro cargadores eléctricos de vehículos. Al día siguiente de recibir los equipos, el 19 de diciembre de 2019, sin esperar a que la misma empresa adjudicataria los ubicara en la calle, dio su conformidad al pago de la factura por valor de 49.587 euros. El Partido Demócrata de Rojales (Pader) acreditó documentalmente que hasta bien entrado enero no hubo ni rastro de cargadores en la calle donde estaba previsto que se ubicaran y las obras solo se concluyeron el 12 de febrero. Pero la empresa adjudicataria, Regenera Levante, ya había cobrado el importe íntegro dos meses antes. Una rapidez que ya quisieran par sí muchos otros proveedores municipales.

El Pader reclamó ante al juzgado de Lo Contencioso Administrativo que anulara el decreto de Alcaldía por el que se autorizó el pago. Sin embargo el Juzgado ha archivado el procedimiento, en una sentencia que se puede recurrir, porque considera que la empresa había cumplido con el grueso del contrato, es decir, con el suministro de los equipos, mientras que su instalación era secundaria pese a que suponía más de 14.000 euros sobre el presupuesto total.

El fallo, del que ha informado el equipo de gobierno del PSOE sin aportar la sentencia, dicta que la actuación del ayuntamiento de Rojales fue correcta e impone las costas del proceso al Pader con una cantidad de 500 euros. La sentencia recoge "textualmente, que resulta improcedente invocar la nulidad del acuerdo impugnado (el pago de la factura) al considerar la instalación posterior, ni un mes, sin tener en cuenta las vacaciones, una mera irregularidad que no conculca la validez del acto impugnado".

La demanda del Pader pretendía que la resolución de alcaldía se invalidara porque se tramitó la aprobación de la factura y su posterior pago, sin que, según explica el equipo de gobierno, constase "acreditado en el expediente administrativo, la existencia de acta o informe de revisión por el supervisor del contrato o por parte del técnico municipal, al efecto de verificación de la efectiva prestación de los servicios facturados".

En realidad lo que denunciaba el Pader no era tanto la carencia de este informe, que también, si no el hecho de que, en su opinión, la empresa hubiera cobrado el trabajo sin haber iniciado una parte fundamental del mismo: la instalación y su puesta en funcionamiento. En el fallo se dice que este retraso se atribuye a un problema técnico de ajuste de las "carcasas" y que el acta de entrega para validar el pago se hizo el día siguiente de la entrega de los cargadores "por cuestiones de agenda de los técnicos".

Desde el grupo municipal del PSOE se indica que de "nuevo los tribunales dan la razón al Ayuntamiento que sufre continuamente la política judicializada del Pader, ralentizando en todos los sentidos la gestión del alcalde, de los concejales con responsabilidades municipales y de los técnicos que deben dedicarse a gestionar y resolver los problemas de los ciudadanos y no centrase en otros asuntos como las continuas denuncias del Pader”.

También las mismas fuentes del equipo de gobierno lamentan el "tiempo que se debe utilizar para gestionar las denuncias del Pader" y recuerdan que "todas han sido archivadas", incluidas las querellas criminales, "ocasionando un gasto a las arcas municipales de más de 70.000 euros". El Pader ha preguntado en varias ocasiones cómo ha realizado el gobierno local ese cálculo de gastos. El alcalde Antonio Pérez se ha limitado a indicar que es la valoración de las horas de trabajo realizadas por los funcionarios en los trámites generados por las denuncias.  

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats