Bloqueada. Así está la práctica totalidad de la actividad de tramitación urbanística del Ayuntamiento de Orihuela desde el mes de noviembre. El cambio de empresa gestora de la sede electrónica hace cuatro meses y la falta de agilidad del nuevo sistema de autorización de licencias a través de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas de la Generalitat Valenciana (ECUV), mantienen colapsadas lasw solicitudes de licencias de obra mayor de constructoras y urbanizadoras de vivienda turística, el principal motor económico del municipio oriolano. Y ocurre además coincidiendo con un frenético incremento de la demanda de vivienda secundaria, activada y acelerada desde marzo de 2021 incluso con compras sobre plano, coyuntura que no se experimentaba en el sector inmobiliario desde antes de 2007. Esta reactivación se centra sobre todo en la demanda centroeuropea -en especial belgas, y en menor medida, británicos-, que invierten en la costa oriolana para adquirir una casa de vacaciones, para rentabilizarla como apartamento turístico o ambas cosas.
Mientras que en el apartado de trámites urbanísticos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela aparecen pestañas para licencias irrelevantes como actos eventuales, de forma incomprensible en el catálogo no están los más habituales y relevantes por su nivel de demanda de empresas promotoras y particulares. Es el caso de la declaración de responsable de segunda ocupación -que suma ya retrasos de 12 y 14 meses cuando en otras administraciones locales se dan en tres semanas-, la solicitud de certificado de compatibilidad urbanística -imprescindible para regularizar las viviendas turísticas- y, lo que es más grave, las solicitudes de licencia de obra menor y mayor -estas acumulan retrasos de hasta tres años en casos concretos de particulares-. Un trámite que en ayuntamientos como el de Torrevieja se resuelve en el momento si se hace de forma presencial, como es el caso de las consultas urbanísticas, está paralizado en Orihuela desde el 25 de noviembre. El bloqueo no solo afecta a grandes y medianas empresas urbanizadoras, también a docenas de despachos que se dedican en Orihuela Costa a los trámites urbanísticos de residentes con viviendas o inversiones en el litoral. A ellos el cambio de sede electrónica el 25 de noviembre los dejó totalmente perplejos: "No se puede hacer absolutamente nada" y los expedientes alojados en la anterior sede, cuyo contrato se agotó a finales de 2021, no se han volcado a la nueva.
Fuentes del sector de la construcción y la promoción inmobiliaria indicaron que las empresas no tienen más remedio que presentar la documentación a la antigua usanza. De forma presencial, en papel, con envíos de carta certificada o burofax. Pero todavía en ese caso es difícil sacar adelante el expediente, sobre todo cuando su inicio si está alojado en la anterior sede electrónica con soporte digital.
Grandes y medianas empresas promotoras y docenas de despachos de gestión urbanística se han visto afectados desde noviembre y han tenido que recurrir a la tramitación por carta certificada o burofax. Hay consultas urbanísticas sin resolver desde noviembre.
Cuando se puso en marcha la nueva gestión todo fueron quejas de los ciudadanos particulares ante la imposibilidad de realizar los trámites o por encontrar muchas dificultades. En ese momento el Ayuntamiento oriolano prometió que todos los expedientes se trasladarían a la nueva plataforma y se resolvería el problema. Pero no se ha resuelto y la situación es tan insostenible que la coalición de gobierno PP-Cs ha anunciado que se va a rescindir el contrato con la actual empresa para intentar recuperar la normalidad.
Ni tan siquiera los propios técnicos del área de Urbanismo y el concejal delegado han podido acceder desde noviembre a los expedientes de su departamento.
Luego está la segunda parte del atasco: la obtención de las licencias que tienen que resolver técnicos de Urbanismo. El sistema Ecuv es una herramienta puesta en marcha por la Generalitat para externalizar la tramitación de licencias de obra. Es similar a la que funciona desde hace años con los Organismos de Certificación Administrativa (OCA) para las licencias de apertura, y los ayuntamientos solo han de calcular el aval que deben depositar los promotores como único paso para otorgar las autorizaciones. Con el ejemplo de la ciudad de Alicante que ha logrado dar fluidez al proceso, también Orihuela la puso en marcha para descongestionar el endémico atasco de su área de Urbanismo. Pero no ha funcionado. No hay forma de que los técnicos tengan claro el criterio a la hora de fijar los avales.
¿Quién es el responsable?
José Aix (Ciudadanos), vicealcalde y concejal de Urbanismo, indicó que el cambio de empresa gestora de la sede electrónica en noviembre fue un "error gravísimo" y reconoció que no solo las empresas tienen problemas para realizar los trámites, tampoco los técnicos pueden consultar los expedientes que han de tramitar. Ni siquiera el propio concejal de Urbanismo, quien reconoce que "hemos estado trabajando de forma muy rudimentaria durante estos últimos meses". Para el edil está claro que se elaboró un pliego de condiciones para ofrecer un servicio muy por debajo de las necesidades de un ayuntamiento como el oriolano. El concejal sí admitió sin embargo que el visto bueno a la concesión de licencias con el cálculo del aval, es exclusivamente competencia del área de Urbanismo. Aix dijo que inicialmente se pensó en aprobar una ordenanza municipal que dejara negro sobre blanco el criterio para fijar avales, pero se ha optado finalmente por la elaboración de una instrucción interna. Se espera que esté lista la semana que viene y la misma deberá ser asumida por todos los técnicos a la hora de fijar la cantidad con la que se debe responder por las deficiencias detectadas en una actuación urbanística, en caso de que se den antes de la recepción de la obra por parte de los técnicos municipales.
La responsabilidad del contrato adjudicado, que además se financió con fondos Feder de la Unión Europea es del área de Contratación y Modernización, que dirige Sabina-Goretti Galindo (PP), que ayer no se pronunció tras ser consultada por INFORMACIÓN. La edil compareció el 28 de noviembre para anunciar el cambio y aseguró que sería un avance para los usuarios. En aquel momento no se cuantificó el coste del servicio. En este sentido, fuentes del grupo municipal del PP indicaron que la nueva plataforma puesta en marcha en noviembre "no afecta en nada al retraso de más de dos años" que lleva el área dirigida por Aix a la hora tramitar licencias. El contrato de la nueva plataforma "se rescinde porque la migración de datos se realiza con decenas de miles de documentos sin ordenar debidamente y se llevaría muchos meses poner ese orden. Algo que ninguna administración se puede permitir". Las mismas fuentes reiteran que "llevamos dos meses -en realidad desde noviembre- en esta plataforma y se están concediendo licencias, de hace dos años o más. Cuando Aix llegó a Urbanismo rescindió el convenio con el Colegio de Arquitectos y aseguró que se pondría al día en la concesión de licencias en cuestión de meses".
