La oposición al gobierno del PP de Los Verdes y Sueña Torrevieja ha presentado alegaciones a la memoria del proyecto del nuevo servicio de autobús urbano municipal de Torrevieja. En sus escritos ambas formaciones cuestionan las cifras que el ingeniero externo contratado para realizar el trabajo maneja sobre los costes del servicio en función de si la prestación se realiza de forma directa por el Ayuntamiento o si se adjudica a una empresa. En la memoria, según, las mismas fuentes se apuesta claramente por la gestión indirecta, que es la que prefiere el gobierno local, pero ambas formaciones aseguran que se hace con cálculos erróneos o modificados para que se traslade que esa opción es la más ventajosa para las arcas municipales.
Los Verdes ha advertido varios fallos, defectos "e irregularidades" por lo que "nos hemos visto obligados a presentar alegaciones a la memoria" del transporte urbano. En la memoria consta que en la gestión indirecta -que es la que pretende aprobar el gobierno local del PP - el técnico externo, estima un incremento de solamente el 1,62 % de los costes de personal de 2020 a 2022 "esto es evidentemente contrario a las actualizaciones económicas y laborales sujetas al convenio actual".
Y fija "un hipotético incremento del 36,36 % en la gestión directa, lo cual es evidente que es una estimación que infla descaradamente los costes del personal de la gestión directa para desechar esta opción como viable, por lo que serán los trabajadores los que se verán perjudicados en caso de la contratación indirecta". Los Verdes recuerda que en cualquiera de las formas de contratación hay que subrogar a los trabajadores "y si tenemos en cuenta los convenios actuales el personal cuesta lo mismo si se hace una contratación directa o indirecta lo que realmente encarece el servicio son los beneficios empresariales que pueden llegar al 6% del total del montante" en caso de gestión indirecta. La memoria contiene datos "sesgados con el fin de conseguir los números propicios para la contratación indirecta, a costa de sacrificar sueldos de los trabajadores".
A juicio de Los Verdes nos "encontramos una vez más con el “modus operandi” de las grandes contratas que el Partido Popular quiere apañar para sus “amiguetes”: realizan un pliego externo, justifican su decisión de externalizar el servicio y alegan que sería más caro realizarlo de forma directa cuando la realidad es la contraria y mientras son los trabajadores los que sufren las consecuencias de todo esto". Otra de las alegaciones advierte de que el contrato tiene una duración de diez años máximo como indica la ley de contratación pero revisando "la memoria de amortización y financiación de los autobuses, se formula una amortización lineal a 14 años, por lo que o el Partido Popular tiene una concepción del tiempo que no se ajusta a la realidad o como parece más probable, los números no cuadran". Para la formación de izquierdas esta redacción "hecha por un despacho de ingeniería externo que ni siquiera ha revisado el expediente, es un simple copia y pega, "tanto es así que en la solicitud de subvención al ministerio aparece Elche como ciudad emisora del documento en distintas áreas y no Torrevieja".
Estos errores, en opinión de esta formación, repercutirán en el servicio que se presta y en la ciudadanía además de "poner una vez más en tela de juicio cuales son las verdaderas intenciones que existen detrás de estos pliegos externos y estas supuestas prisas en aprobar proyectos sin pasar por pleno", que "no son otras que las que el Partido Popular ha tenido siempre que ha gobernado esta ciudad; beneficiar económicamente a unos pocos a costa de esquilmar y mermar derechos y servicios públicos".
Por su parte, Sueña Torrevieja, en la misma línea señala que los costes de la gestión indirecta "serían un 9% superior de lo que refleja la memoria justificativa del asesoramiento para la determinación de la forma de gestión del transporte público del municipio". Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja, ha explicado que ha registrado una batería de alegaciones “con datos, y con carácter constructivo” a dicha memoria justificativa.
En ellas se hace un estudio exhaustivo de los costes y las cifras que el técnico externo ha redactado y que "a juicio de nuestro grupo municipal" no son correctos, ya que “la conclusión final es que de acuerdo con las alegaciones presentadas, la gestión directa ahorraría a las arcas municipales más de 1,24 millones al año sobre la gestión indirecta a través de una empresa privada, más de un 14 %, lo que supondría un ahorro en 12 años de casi 16 millones de euros”. En la memoria se detalla el resumen de costes de la gestión directa, resultado un coste total para el Ayuntamiento de 8.166.610 euros.
Según Samper, el coste total de acuerdo con nuestras alegaciones anteriores sería de 7.446.096 euros, un coste anual menor con respecto a la memoria de 720.514 euros, un 8,82 % menos, mientras que el coste por el sistema de gestión indirecta contratando el servicio a una empresa privada, de acuerdo con las alegaciones presentadas sería de más de 8,68 millones de euros, lo que supone 760.000 euros más (un 9,59 %), que el total de costes operaciones estimados en la Memoria en 7,93 millones. Para Samper se se pone de manifiesto que Eduardo Dolón (PP) y su equipo de gobierno "no miran por el bien general de la ciudadanía, ni buscan el ahorro a nuestras arcas municipales, si no que se empeñan en hacernos creer que todo lo privado es más barato y funciona mejor, cuando no siempre es así”.
