El Gobierno lo ha advertido varias veces. Ya en enero respondió, a una pregunta de Compromís en el Senado, que estaba realizando "un estricto seguimiento" de un abultado expediente, que cuenta con unos 1.300 documentos, que modifica el plan parcial del sector "Alameda del mar", más conocido como Cala Mosca, el último kilómetro de costa virgen en Orihuela, para construir más de 2.000 viviendas.
Entonces también recordó que el 18 de noviembre envió un requerimiento al Ayuntamiento para que anulara el acuerdo adoptado por el pleno municipal en septiembre, una solicitud que, como ya adelantó este periódico, era el paso previo a la vía contencioso administrativa.
Ahora ha dado ese paso. Según ha desvelado Cambiemos, el pasado día 4 de febrero entró en el registro municipal un escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el que se notifica un recurso contencioso interpuesto por la demarcación de carreteras del Estado y fija un plazo de cinco días para presentar alegaciones.
Conviene recordar que la Dirección General de Carreteras emitió un informe desfavorable a esa modificación, insistiendo en varias ocasiones en su "carácter preceptivo y vinculante", de forma que su incumplimiento invalida la actuación siendo nula de pleno derecho.
Cambiemos ha destacado que en la notificación del TSJ "el Ministerio de Fomento ha pedido medidas cautelares, por lo que entendemos que el proyecto quedaría paralizado hasta la resolución del contencioso".
La formación también ha recordado que interpuso un recurso contencioso administrativo contra la resolución plenaria y advirtió de irregularidades en el proceso: "PP y Ciudadanos tienen el dudoso honor de ser el primer equipo de gobierno que incumple un mandato de un ministerio para favorecer los intereses de una empresa promotora".
Hace escasos día Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y Amigos de Sierra Escalona (ASE) anunciaron que presentarán un recurso de reposición, una vía abierta durante un mes tras la publicación de la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, denunciando, entre otras cuestiones, que no se haya tenido en cuenta la tramitación del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja: "En las 103 páginas del acuerdo municipal, que se publicó este 23 de febrero en el boletín provincial, no hemos encontrado ni una sola referencia al PAT", el proyecto de carácter supramunicipal con el que el Consell pretende poner orden en el desarrollo urbanístico de la comarca.
Esta medida para intentar blindar Cala Mosca se suma a las alegaciones que los grupos ecologistas presentarán al PAT, en exposición pública hasta mediados de marzo. El objetivo es cambiar este documento, que ahora da un margen al promotor para poder construir hasta 2023; es decir, si no comienza antes de esa fecha el proyecto se invalida. Esta limitación es la misma que fijó el Plan de Infraestructuras Verdes del Litoral (Pativel) de la Generalitat, que tampoco optó por desclasificar el suelo y evitar su urbanización.
En suma, se trata de un plan urbanístico muy polémico por su impacto ambiental y social, que se refleja en la creación de la plataforma ciudadana Salvemos Cala Mosca, que también prepara alegaciones al plan del Consell y concentraciones para preservar este último reducto de biodiversidad.
