El Ayuntamiento de Orihuela ha reclamado ante el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TJCV) su derecho a restituir los 60 metros lineales del vial de la Avenida de las Adelfas y del paseo marítimo de la playa de La Glea de la Dehesa de Campoamor, destruido por la Dana de septiembre de 2019. El hecho de que no haya podido reconstruirse a causa de un informe en contra del servicio provincial de Costas, remarca el Ayuntamiento, separa ahora el norte y el sur de la urbanización y provoca que los conductores tengan que recurrir a rutas menos seguras y más largas. Solo se ha autorizado un paso peatonal con placas de hormigón desmontable y sobre el terreno todavía quedan restos del vial, aunque cerrado al tráfico.
Costas alega que ese paseo y el vial estaban sobre un suelo de dominio público marítimo terrestre -el de la desembocadura de la rambla del río Nacimiento-, sin una concesión que lo amparara. Por su parte el principal argumento municipal para recuperar la infraestructura es que el vial y paseo fueron ejecutadas con "título habilitante en 1969 que no ha caducado ni ha sido cuestionado" en medio siglo por la administración central, que gestiona el litoral. El servicio provincial de Costas no ha respondido todavía a la acción judicial del Ayuntamiento de Orihuela ocho meses después de registrarse ante el TSJCV.
Para Costas no se puede permitir que la solución a la conexión entre las zonas norte y sur de Campoamor "pase por la construcción de un vial sobre la arena de la playa, por muy fácil y cómoda que esta opción resulte para los vecinos o para el ayuntamiento”
Tras las intensas lluvias de 2019, que provocaron una impresionante avenida en el río-rambla, el Ayuntamiento oriolano reclamó al Ministerio de Transición Ecológica que la reparación del vial y el paseo fuera incluido en las actuaciones de urgencia que se aprobaron solo semanas después de aquella catastrófica gota fría. Pero esta intervención no se incorporó. Cuando el Ayuntamiento se dirigió a Costas para que abordara las obras o que, en su caso, permitiera al Ayuntamiento oriolano ejecutarlas con carácter subsidiario, Costas se negó. Lo hizo ya en octubre de 2020, cuando dijo que no se podía reconstruir el vial rodado destruido al "no constar la existencia de título alguno que legitime la ocupación del dominio público marítimo terrestre (DPMT)" y existir, a juicio de Costas, "otras alternativas para el tráfico rodado fuera del DPMT". Para Costas no se puede permitir que la solución a la conexión viaria entre las zonas norte y sur de Campoamor "pase por la construcción de un vial sobre la propia arena de la playa, por muy fácil y cómoda que esta opción resulte para los vecinos o para el propio ayuntamiento”. Sin embargo de hecho ha sido la solución que permitió durante medio siglo.
En 1969, en pleno despegue turístico-económico español, la Dehesa de Campoamor, con el vial sobre el cauce incluido, recibió autorización como proyecto de interés turístico nacional. Se encuentra vigente a través del actual Plan General de Ordenación Urbana (1990), y ha sido informada reiteradamente por todas las administraciones públicas sectoriales con competencia en materia urbanística y de ordenación del Territorio y por el Servicio Provincial de Costas del Estado, sin que conste objeción alguna al mantenimiento del vial público y al paseo marítimo de referencia.
Orihuela explica que el cierre del vial de la Avenida de la Adelfas ha tenido como consecuencia "la inmediata fractura e incomunicación” de dos zonas de Campoamor, una urbanización con miles de residentes que ha quedado dividido en dos partes, "en perjuicio de residentes, visitantes y negocios ubicados en ella”. Para poder acceder de una zona a otra, sobre todo quienes se dirijan a desde el sur al norte, sólo pueden hacerlo saliendo a la Nacional 332. Además explica que es en esta última donde se encuentran servicios esenciales como la única farmacia, el Centro de Salud y el supermercado. También existe la alternativa del puente de la Glea, que el Ayuntamiento no cita en su recurso, y que supone una conexión por estrecho vial con un solo sentido de la marcha.
Orihuela explica que el cierre de la avenida ha tenido como consecuencia "la inmediata fractura e incomunicación” de Campoamor, una urbanización con miles de residentes que ha quedado dividido "en perjuicio de residentes, visitantes y negocios”.
Para Orihuela la negativa de Costas no contempla la existencia de riesgo para personas y bienes de derivarse el tráfico rodado a otro vial, como ha puesto de manifiesto en el expediente la Policía Local de Orihuela. Aunque Costas asegura que hay rutas alternativas, el Ayuntamiento esgrime que es algo "totalmente contrario a la realidad, habida cuenta de que no hay ruta alternativa a la cortada en semejantes condiciones, ya que la única apuntada como posible, implica igualmente el tránsito por el propio cauce del río Nacimiento y esta vez por Dominio Público Hidráulico". Y cualquier hipotético itinerario alternativo "una vez cruzado el cauce del río, supondría el tránsito por calles residenciales que nunca podrían habilitarse por no ser esa su función", convirtiéndose "en un trazado laberíntico no sustitutivo de la función pública de comunicación directa de los sectores sur y norte que únicamente proporciona el vial estructural de Avenida de la Adelfas".
Además, el Ayuntamiento reprocha al servicio provincial que para situaciones similares su interpretación de la afección de la ley de Costas es distinta. Así La Vila, Alfàs del Pi o Moraira en la provincia de Alicante, cuentan con viales municipales sobre barrancos o puentes en primera línea con autorización de Costas y también otras localidades cuentan con calles completas en dominio público. El recurso cita Santa Pola, Guardamar o Torrevieja, entre otros municipios.
Orihuela insiste en que desde hace 50 años el vial sirvió a los intereses generales y nunca fue cuestionado por el Servicio de Costas de forma continuada, mientras "hoy y por una catástrofe natural como fue la DANA 2019, se dice que no puede ser objeto de autorización su reparación porque no pueden ser objeto de concesión". Para el Ayuntamiento resulta paradójico que Costas señale que ese espacio sí podría emplearse si fuera objeto de una concesión privada y no pueda emplearse para uso público. Costas no puso objeciones al vial para ninguno de los dos deslindes del dominio público -el de 1969, ni el de 2016-, tampoco señaló la "necesidad o requerimiento de obtener autorización o concesión para su mantenimiento, ni instó a legalizar las infraestructuras públicas-algo habitual en actuaciones sin concesión- y no consta extinción o caducidad de la autorización del título habilitante, autorización, del año 1969.
Sin consecuencias en La Vila, L’Alfàs o Moraira
El Ayuntamiento reprocha a Costas que para situaciones similares su interpretación de la afección de la ley de Costas es distinta. Así La Vila, Alfàs del Pi o Moraira en la provincia de Alicante, cuentan con viales municipales sobre barrancos o puentes en primera línea sobre dominio público marítimo terrestre sin que la administración central actúe y también otras localidades cuentan con calles completas en dominio público. El recurso cita Santa Pola, Guardamar o Torrevieja, entre otros municipios, con viales completos con importante circulación de tráfico en dominio público.
