La gestión coordinada del transporte y eliminación de residuos en los 27 municipios de la Vega Baja no arranca. Hace casi un año y medio que los tribunales ratificaron a Cespa-Ortiz como adjudicataria del servicio y la concesionaria, rebautizada como UTE Vega Baja para romper amarras con el pasado, no ha comenzado a operar. Ahora el problema está, como no podía ser de otra forma, en una cuestión económica.
La UTE Vega Baja ha presentado una fórmula de revisión de precios del contrato, adaptada a ley de Contratos del Sector Público de 2017, que no termina de convencer a la intervención de la Diputación de Alicante, que es la que fiscaliza las cuentas de los consorcios de basuras de la provincia. Los técnicos no han rechazado la propuesta de la empresa pero para curarse en salud -es el plan zonal de la Vega Baja y hay que ir con pies de plomo-, han remitido el expediente al consejo jurídico consultivo para que emita un dictamen. La idea es que el consenso en el precio del contrato y sus revisiones tengan todas las garantías jurídicas.
El desencuentro se centra en la fórmula que hay que utilizar para llevar a cabo la revisión de precios que estipula el contrato.
El pasado mes de noviembre la presidenta del consorcio y alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, atribuía el retraso a la falta de finalización de la planta de transferencia, la única infraestructura de las previstas en el plan de residuos comarcal que la administración ha logrado sacar adelante en los 17 años de trayectoria del plan zonal. Pero la instalación, que estaba en ese momento ultimándose por la empresa pública Tragsa -ha costado 2,8 millones de euros-, y a la que faltaban algunos suministros como los bioflitros, ya está terminada. A la planta llegarán diariamente casi un centenar de camiones de basura de la mayor parte de municipios de la comarca. Desde allí la UTE Vega Baja se encargará de trasladar los residuos a las plantas de tratamiento. La Conselleria de Transición Ecológica, Mireia Mollà, visitó las instalaciones para anunciar su puesta en marcha inminente en agosto de 2021.
La puesta en marcha de la prestación de Cespa, exfilial de Ferrovial ahora en manos de un conglomerado alemán- es vital para reducir costes y modernizar una gestión de residuos que no ha dejado el siglo XX en la Vega Baja. Los ayuntamientos se ven obligados a diario a emplear sus camiones recolectores de residuos para transportar la basura hasta las plantas de reciclaje (vertederos) en Xixona, Elche, Alicante y Villena, con los costes que eso supone tanto de combustible, como de mantenimiento de camiones -los de Orihuela realizan más de 180 kilómetros diarios además de su ruta-. Además, que esas flotas tengan que realizar el recorrido extra impide que los camiones se puedan utilizar con más eficacia en la recogida de basura, en dobles turnos o cuando son necesarios refuerzos y prolongaciones de rutas en época estival.
La concesionaria de la gestión de residuos de la Vega Baja, Cespa-Ortiz puso sobre la mesa, como avanzó INFORMACIÓN en noviembre, una estimación de lo que le va a costar el transporte y tratamiento de las basuras a los 27 municipios de la comarca: 12 euros (sin IVA) por la recogida y transporte desde la estación de transferencia de Dolores a la planta de tratamiento (vertederos), y otros 64 por el reciclaje y eliminación de la basura.
Según ha podido confirmar este diario, pese a la actual paralización, tanto la empresa como el consorcio, formado por los municipios, la Diputación y la Generalitat, tienen prisa por comenzar el contrato. Cespa-Ortiz (UTE Vega Baja) se adjudicó el contrato un lejano enero de 2008. En 2014 el Consorcio decidió rescindir la adjudicación por supuesto incumplimiento de la empresa a la hora de ubicar el macrovertedero en Albatera y la solución transitoria de Cox. Entre 2008 y 2015 se desplegó la operación Brugal que implicaba directamente a estas empresas en el amaño de la contrata, que se juzga en la Audiencia Provincial de Elche estos días pero cuya investigación no afecta al contrato administrativo. En junio de 2020 el Tribunal Supremo ratificó una sentencia del TSJ Valenciano que da la razón a Cespa-Ortiz a la hora de mantener la contrata alegando que los municipios de Cox y Granja impidieron de forma ilegal la instalación de sus infraestructuras cambiando ad hoc sus planes generales. La concesión es por 20 años.
El plan zonal de residuos de la Vega Baja se aprobó a principios de los años 2000. Se adjudicó en 2008. La Diputación rescindió el contrato a Cespa-Ortiz en 2014 y la UTE lo recuperó en los juzgados a mediados de 2020.
El nuevo plan integral de residuos de la Comunidad, adaptado a la directrices de la Unión Europea, ha modificado el concepto de gestión y el consorcio asegura que la gestión podrá abordarse sin necesidad de construir un macrovertedero en la comarca -algo que sin embargo no convence en otras zonas de la provincia que sí disponen del suyo y reciben las basuras de la Vega Baja-. El plan del consorcio es realizar plantas de transferencia y selección en los municipios de más de 25.000 habitantes y que las de menor peso demográfico las mancomunen. En teoría serían plantas con una con capacidad de reciclaje y generación de compost que permitiría que el volumen a eliminar -a enterrar- fuera residual.
Algunos municipios como Dolores, Rafal, Daya Vieja o Albatera han adaptado o van a adaptar sus contratas a ese objetivo de residuo 0 con iniciativas como la recogida puerta a puerta. Sin embargo, ese impulso no tiene recorrido sin instalaciones finales de selección, reciclaje y eliminación.
La Generalitat y el Consorcio presentaron la planta de transferencia como prácticamente terminada en agosto de 2021. En noviembre el retraso en su puesta en marcha se justificó en la falta de suministros para terminar la obra de Tragsa.
LA COMARCA SIGUE "EXPORTANDO" 200.000 TONELADAS DE RESIDUOS
Los 27 municipios de la comarca generan ahora 196.000 toneladas anuales de basuras. Casi el 25% tienen su origen en Torrevieja - 46.000 toneladas-, al que le sigue muy de cerca Orihuela con 45.000; Pilar de la Horadada con 13.000; Almoradí con 10.100; y Guardamar, Rojales y Callosa de Segura con algo más de 9.000 . El resto de municipios del Bajo Segura recogen anualmente menos de cinco mil toneladas anuales.
Cespa (adquirida por la alemana PreZero)-Ortiz obtendría una facturación anual por este concepto de más de 12,5 millones de euros, a la que deberá sumar la inversiones que debe desplegar para dotar a las poblaciones de instalaciones de biorresiduos que permitan acercarse al objetivo de residuo 0, que busca la actual legislación europea y autonómica.
El 45% del total de las basuras que genera la Vega Baja termina tratada, reciclada y en parte enterrada en el paraje Piedra Negra de Xixona, a 87 kilómetros de Torrevieja o 77 de Orihuela Ciudad. Son 89.000 toneladas de las 196.000 que se recogen en la comarca al año. El resto se distribuye entre Alicante (51.000 toneladas), Elche, la más cercana para la mayor parte de poblaciones (41.000) y Villena (11.000).
