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El TSJ rechaza la paralización del plan urbanístico de más de 2.000 viviendas en Cala Mosca

El Gobierno solicitaba medidas cautelares al afectar a la seguridad vial, aumentar la congestión de la N-332 y repercutir en la salud con una merma de la calidad acústica - El promotor afirma que "es el principio del fin" a 15 años de trabas

Entorno de Cala Mosca, donde se prevé la construcción de más de 2.000 viviendas TONY SEVILLA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado adoptar medidas cautelares en el sector "Alameda del mar", conocido como Cala Mosca, el último kilómetro de costa virgen de Orihuela, donde se proyecta la construcción de más de 2.000 viviendas.

La Abogacía del Estado, en representación de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, presentó un recurso contencioso administrativo y solicitó como medida cautelar la suspensión del acuerdo plenario que en septiembre aprobó la modificación puntual del plan parcial, después de advertir en reiteradas ocasiones que es nulo de pleno derecho al no tener en cuenta un informe preceptivo y vinculante.

Asimismo, se dio traslado de esta petición al Ayuntamiento, que presentó un escrito oponiéndose a esta medida.

En concreto, el Gobierno se sustenta en que el desarrollo urbanístico afecta a la seguridad vial y al adecuado servicio de la nacional N-332, así como a la salud: "De no suspender cautelarmente la aprobación y continuar con el proceso urbanizador se producirá un agravamiento de las condiciones de seguridad vial", argumenta. Incluso, recuerda que "en el propio expediente se pone de manifiesto por el interesado la inadecuación para la demanda existente", por lo que, añade, "este plan no hará sino empeorar significativamente una situación ya precaria, además de aumentar los niveles de congestión de la carretera". Sin olvidar "la repercusión sobre la salud como consecuencia de no asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica".

Sin embargo, el Tribunal ha resuelto que "no se ha probado debidamente" que exista "relación de causa efecto entre la aprobación y su incidencia sobre estos elementos, al no quedar acreditado que la no adopción de la medida cautelar daría lugar a perjuicios irreparables".

No obstante, no entra a juzgar el fondo del asunto: "Todas las cuestiones suscitadas han de ser examinadas y resueltas por el Tribunal en la sentencia definitiva que se dicte en su día".

Por último, al haber sido rechazada la paralización cautelar, impone el pago de 400 euros en concepto de costas procesales.

Por su parte, fuentes de la promotora afirman a INFORMACIÓN que esta resolución "es el principio del fin a 15 años de trabajo frenético y esfuerzo para sacar adelante el proyecto". Es más, la califican de "aval" y un "espaldarazo". Así, explican que cuando se estaba ejecutando el 60% de las obras, Medio Ambiente reclamó la protección de la jarilla cabeza de gato y el caracol Tudorella Mauretanica, dos especies vulnerables y endémicas. "Hemos ido adaptando el proyecto a todos los requerimientos", prosiguen, al mismo tiempo que insisten en que "se preservará su hábitat con una inversión importante".

Sin embargo, señalan "opacidad por parte de Carreteras, mostrándose inflexibles y con una actitud fija, difícil de penetrar y avanzar", a pesar de que "la constructora ha intentado colaborar e incluso construimos una rotonda en la N-332". Aunque aún no se ha entrado en el fondo de la cuestión ni dictaminado la sentencia, la decisión del TSJ, insisten, "consolida un proyecto y permite pasar página", por lo que esperan que "Carreteras cambie su posición estricta" y se abra a "intercambiar criterios". Por ello, invitan al organismo a "buscar alternativas".

Esta aprobación, subrayan, "no ha sido rápida ni al uso", pese a que se trata de un proyecto que, en su opinión, "supone un beneficio no solo para el promotor, sino también para el municipio", en cuanto a riqueza, turismo y creación de empleo en la zona. Más que nunca apuestan por comenzar las obras antes de que venza el plazo que marcó el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel); esto es, antes del primer trimestre de 2023.

Mientras, prosiguen los esfuerzos de los grupos ecologistas para que el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja desclasifique este suelo, además de las numerosas quejas de residentes y visitantes que se han unido en la plataforma ciudadana Salvemos Cala Mosca para preservar este último reducto de biodiversidad, y prometen movilizaciones en breve.

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