A propuesta del alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, la junta de gobierno local ha aprobado un acuerdo para delegar competencias del órgano de gobierno a los concejales de Urbanismo, Contratación y Hacienda.
El escrito argumenta que "Alcaldía considera ahora preciso efectuar nuevas delegaciones, a la vista de la experiencia de gestión acumulada y la necesidad de aumentar la eficacia y la agilidad en la tramitación de los procedimientos administrativos", modificando así lo que se estableció tras las elecciones locales de 2019 y la constitución de la corporación municipal, cuando se efectuaron las delegaciones de competencias de las distintas áreas de gobierno.
La propuesta ha salido adelante sin el apoyo de su socio de gobierno, Ciudadanos. Hasta el punto de que al término de la junta el vicealcalde José Aix, de la formación naranja, no ha realizado la rueda de prensa habitual cada martes para dar cuenta de los acuerdos adoptados. El partido no ha querido hacer ningún tipo de declaración, aunque algunas fuentes han señalado que se ha debido a "motivos personales".
No obstante, la formación ha convocado una rueda de prensa al día siguiente, en la sede de Ciudadanos, con el asunto "delegación de competencias de la junta de gobierno local".
En concreto, "además del inicio, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores por la comisión de infracciones urbanísticas, que ya formaban parte de su ámbito por delegación de esta Alcaldía", recalca el acuerdo, el concejal de Urbanismo, Aix, asume las competencias para tramitar, conceder, denegar y revocar las licencias, así como la incoación, tramitación resolución de expedientes de protección de la legalidad urbanística.
Conviene recordar que a menudo el sector de la construcción ha criticado que Orihuela es uno de los ayuntamientos que más tardan en otorgar las licencias. Casi toda la actividad de tramitación urbanística está paralizada desde el mes de noviembre, sobre todo las solicitudes de licencias de obra mayor de constructoras y urbanizadoras de vivienda turística, el principal motor económico del municipio oriolano. Aix ha achacado este bloqueo a que el cambio de empresa gestora de la sede electrónica hace cuatro meses fue un "error gravísimo", un contrato que por otro lado es responsabilidad del área de Contratación, en manos del PP.
De trasfondo, un pulso que el bipartito mantiene por las competencias, como se constató en el último pleno en materia de Recursos Humanos.
En virtud del nuevo acuerdo, la concejala de Contratación, Sabina-Goretti Galindo, además de las competencias ya delegadas en materia de contratación administrativa, se le asigna la adopción de los acuerdos de adjudicación de todo tipo de contratos. En este punto, la última disputa dentro del equipo de gobierno, con acusaciones entre ambos, fue por no licitar de nuevo la zona azul. Unos dijeron que era responsabilidad de Infraestructuras, que gestiona Ciudadanos, y los otros que debía haberlo agilizado Contratación. El resultado es que desde mediados de enero los parquímetros están precintados. Los populares pretenden que sea una empresa municipal la que se haga cargo hasta que se adjudique un nuevo contrato.
Por su parte, el edil de Hacienda, Rafael Almagro, asume la aprobación de todo tipo de gastos, facturas y subvenciones concedidas. En este sentido, es habitual que PP vote a favor y Ciudadanos en contra del pago de las facturas por el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos de Orihuela Costa, un contrato que se adjudicó en febrero de 2020 a la empresa Zaplana Caselles. Esto provoca atrasos hasta el punto de que la mercantil ha registrado en dos ocasiones escritos para suspender el contrato por impagos.
Además, se delega en Almagro la designación de abogados y procuradores y la comparecencia en procesos judiciales, así como aprobar el cumplimiento inmediato de las sentencias judiciales.
Contra el acuerdo se podrá interponer recurso de reposición potestativo o recurso contencioso administrativo, en el plazo de uno y dos meses respectivamente.
Luchas de poder
La concejala Carolina Gracia, portavoz del PSOE, ha manifestado que el bipartito de PP y Ciudadanos "es un matrimonio que con lo único que se arregla es con un divorcio". Además de "las continuas peleas", ha subrayado que "no hay diálogo entre ellos", al mismo tiempo que se ha preguntado "cuánto más van a alargar" esta situación que ha calificado de "ridícula". Mientras, "hay mucho por hacer; problemas y necesidades que no se resuelven" entre disputas y luchas de poder, lo que repercute en el servicio al ciudadano, que es el que sale perjudicado, ha lamentado.
