El Plan de Acción Territorial de la Vega Baja (PAT) continúa en periodo de alegaciones, después de que el plazo se haya alargado desde el 14 de marzo hasta el 5 de abril. La versión inicial de esta herramienta, con la que el Consell pretende poner orden en el desarrollo urbanístico de la comarca a través de unas reglas de ámbito supramunicipal, por encima de los planes generales de ordenación urbana de los 27 ayuntamientos, propone desclasificar 28 sectores, que ahora son suelo urbanizable, para que se integren en la infraestructura verde.
De momento, 14 asociaciones ecologistas y vecinales, así como Comisiones Obreras de Vega Baja, han presentado alegaciones para que se clasifiquen como suelo no urbanizable 18 más. En primer lugar, animan a la Generalitat a mantener su propuesta "pese a la más que previsible posición en contra de ayuntamientos y promotores urbanísticos que únicamente pretenden continuar con el esquema territorial y económico asociado a la vivienda turística que es urgente revertir para lograr un modelo territorial sostenible". No obstante, la consideran insuficiente, ya que el PAT más que "orientar" debe "limitar los crecimientos urbanísticos" en función de "las demandas reales de la sociedad frente a los intereses especulativos que hasta ahora han primado a la hora de decidir el uso del suelo en la comarca", justifica la propuesta.
De los 18 sectores, 12 corresponden a los que el propio PAT califica de insostenibles e inadecuados, pero a los que aplica un régimen transitorio; es decir, da un plazo de tres años para iniciar las obras y otros tres para finalizarlas. Todos cuentan con un plan urbanístico aprobado. "En este grupo se encuentra la barbaridad urbanística y ambiental que supone Dolores Golf, 167 hectáreas de huerta tradicional", explica Miguel Ángel Pavón, presidente de Amigos de Sierra Escalona y vicepresidente de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, que añade que está situado junto a la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) del parque natural de El Hondo y Los Carrizales de Elche, sin olvidar que son terrenos inundables que quedaron completamente anegados con la DANA de septiembre de 2019.
Aunque el Consell propone un régimen transitorio, ya sea a través del PAT o del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), no desclasifica cuatro áreas frágiles del litoral: tres en Guardamar, entre las dunas y el monte del Moncayo, y el sector Alameda del Mar (Cala Mosca), "el único espacio aún libre en el litoral de Orihuela", recalcan las alegaciones. Es "especialmente grave que la normativa del PAT permita la destrucción de este enclave único en la comarca, atravesado por un conector ecológico de primer orden, la Cañada Real de la Costa, y situado junto al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y a la ZEPA de Cabo Roig", añaden, sin olvidar que "aún alberga especies de flora y fauna protegidas".
En último caso, solicitan "la reversión de su clasificación como suelo urbanizable y su integración en la infraestructura verde del PAT como pieza frágil del litoral", ya que "estos suelos suponen espacios relictos abiertos al mar con la presencia de endemismos que están hoy en día amenazados". Precisamente, es así como lo define la propia memoria de ordenación del PAT. Sin embargo, luego no se refleja en la redacción de la normativa, lo que supone "una flagrante contradicción", subrayan.
En cuanto a los sectores para los que el PAT propone medidas de reordenación y mejora, los ecologistas señalan dos, sin plan aprobado, que habría que blindar. Es el caso SURT-5 de Formentera, por suponer la urbanización para uso terciario de 35 hectáreas, con peligrosidad 2 de inundación, que permiten conectar el corredor del Segura con el resto de la huerta tradicional. También El Limonar IV de Torrevieja, por suponer la urbanización para uso residencial de casi 22 hectáreas colindantes al Parque Natural de las Lagunas; en concreto, con la orilla este de la de Torrevieja, una zona que ya se encuentra muy presionada urbanísticamente, siendo la única ventana a la laguna desde la CV-905.
Pavón incide en que "al margen de que haya un plan urbanístico aprobado o no, se deben desclasificar estos 18 sectores arbitrando mecanismos de compensación, desde la indemnización económica al traslado de edificabilidad a otras áreas del territorio que puedan asumir esa transferencia". No obstante, lamenta que la Generalitat no haya explorado estas vías. En su opinión, solo así se podrá cambiar realmente el modelo: "Consumar los proyectos previstos supone una catástrofe ambiental y territorial, y también económica a largo plazo", concluye.
Una propuesta común para revertir el modelo
Hasta la fecha 14 colectivos vecinales y ecologistas han presentado alegaciones al Plan de Acción Territorial de la Vega Baja con el denominador común de que se desclasifiquen 46 sectores urbanísticos en la comarca: Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), Amigos de Sierra Escalona (ASE), Ecologistas en Acción, Asociación de Vecinos Altos del Pinar, Asociación de Vecinos Playa de la Glea, Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel" de San Miguel de Salinas, Asociación de Vecinos y Asociaciones Dehesa de Campoamor, Asociación Naturista Camp de Morvedre, en Sagunto (ANCM), Comisiones Obreras Baix Vinalopó-Vega Baja, Federación de Asociaciones de Orihuela Costa (FAOC), Federación Española de Naturismo (FEN), Fundación los Álamos, Plataforma Salvemos Cala Mosca y Segura Transparente.
