Los principales municipios de la Vega Baja no se han sumado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, un organismo autónomo de la Generalitat para frenar la construcción ilegal, con sede en Elche desde este mes. Desde su creación en 2019, se han adherido 217 ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana para delegar sus competencias en inspección y vigilancia urbanística sobre el suelo no urbanizable. Así, solo 11 de los 27 municipios, un 40% de la comarca, pese que las infracciones urbanísticas abultan numerosos expedientes, tanto en el litoral como en el interior: Albatera, Algorfa, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Rafal y San Miguel de Salinas. Todos ellos gobernados por el PSOE, con la excepción de Albatera (PP).
Se trata, además, de una herramienta para descongestionar el elevado volumen de trabajo que las administraciones locales gestionan con escasez de recursos. Con todo, Orihuela aún no forma parte de la Agencia, aunque lidera el número de viviendas iniciadas al año, algo que genera atascos en la tramitación de expedientes, y acumula casos de ilegalidades urbanísticas. Por ejemplo, en 2020 cerró el ejercicio con 238 infracciones urbanísticas, algunas de ellas por la construcción de viviendas sin licencia. No obstante, su concejal de Urbanismo, José Aix, afirma que su área está estudiando adherirse, "ya no tanto por la parte sancionadora, sino como para facilitar la minimización de impacto y por tanto la legalización de viviendas". Otro de los municipios que piensa sumarse es Rojales, según su alcalde, Antonio Pérez García, que añade que en cualquier caso ahora "no tenemos ninguna vivienda ni industria que necesite regularizarse".
Además de proteger el entorno y establecer criterios orientativos para ayudar a las administraciones, propietarios y profesionales a adoptar medidas que disminuyan el impacto medioambiental ocasionado por asentamientos residenciales en suelo no urbanizable, la Agencia será la encargada de tramitar, resolver y ejecutar los expedientes sancionadores y de restauración de las ilegalidades, así como de adoptar medidas cautelares previstas en la normativa, como la suspensión de los actos de edificación, y recaudar las sanciones administrativas.
Juan José Vicente Martínez, alcalde y concejal de Urbanismo de Catral, valora que la Agencia facilite un control urbanístico positivo y ponga distancia con el infractor. Además, recalca que "las infracciones no son un problema", al mismo tiempo que recuerda que con el boom de la construcción la localidad sufrió una masificación de construcciones ilegales. Hasta el punto de que desde 2006 a 2009 la Generalitat quitó las competencias en materia urbanística al Ayuntamiento tras detectar que había unas 1.200 viviendas construidas en suelo rústico y no urbanizable de la huerta tradicional, generando no solo una pérdida de suelo fértil sino también consecuencias medioambientales por el vertido de aguas residuales sin depurar a sistemas de riego y acuíferos.
En este sentido, el regidor, del partido APC, en coalición con el PSOE, incide en que "desde 2013 el equipo de gobierno está corrigiendo la situación". Incluso, señala, que a partir de 2015 la normativa dificulta las infracciones, que "ahora se dan de forma aislada: cinco o seis al año, sobre todo en anexos a viviendas y barbacoas". No obstante, indica que, pese a la reciente apertura de la sede en Elche, siguen pendientes desde enero a que la Agencia se ponga en marcha y concluye que será "útil en el control de infracciones si la dotan con recursos y gente sobre el terreno".
Por su parte, José Luis Sáez, alcalde de Guardamar del Segura, municipio que junto con Elche son los únicos de la provincia que forman parte del órgano gestor de la Agencia, explica que "todo lo que sea orientar, gestionar expedientes y ayuda a la ordenación del territorio con los medios de la Generalitat suma, porque como Ayuntamiento pequeño tenemos necesidades técnicas que no podemos cubrir con medios propios". Un 25% de los 35 kilómetros cuadrados del municipio está catalogado como suelo rústico. Precisamente, es en ese segmento donde se pretende contener con las medidas de la Agencia. "Se nos hace cuesta arriba por el control y generación de numerosos procedimientos para respetar la legalidad; con todas las opciones legales que supone este tipo de terreno, muy dado a generar controversia con construcciones ilegales, necesitamos un ente supramunicipal que nos eche una mano en la protección del suelo no urbanizable", prosigue, para que "ese respeto a la legalidad urbanística se mantenga lo más activo posible".
Con todo, su tarea es la de actuar de manera disuasiva y ejemplarizante, entendiendo que la prevención es la medida más efectiva de protección. En este sentido, Sáez recalca que se trata de "un órgano consultivo que deriva los expedientes a Conselleria, que son los que tienen que resolver".
José Antonio Martínez, concejal de Urbanismo de Albatera, el único municipio del PP que se ha sumado a la iniciativa del Consell, sostiene que por encima de colores políticos "vimos una buena oportunidad en adherirnos a esta institución que crea Conselleria para perseguir las infracciones urbanísticas, ya que supone una descarga de trabajo para ayuntamientos con falta de personal y un elevado volumen de trabajo".
