Orihuela calcula un perjuicio de 2.000 millones de euros si se aplica el plan de acción territorial

Más que alegaciones, Orihuela ha presentado "sugerencias", según ha definido el alcalde del municipio, Emilio Bascuñana, al Plan de Acción Territorial de la Vega Baja (PAT), que se encuentra en exposición pública hasta el 5 de abril. Con la idea de que el Consell "las estime y vuelva a sacar" este proyecto supramunicipal que es una especie de único plan general de ordenación urbana para los 27 municipios, estableciendo el futuro modelo de desarrollo de la comarca en los próximos 20 años y sobre unas ideas de resiliencia y austeridad territorial.

El regidor ha lamentado que afecte negativamente a los sectores productivo, turístico, agrícola y urbanístico, a la vez que ha estimado un perjuicio económico de 2.000 millones de euros, sumando unas pérdidas anuales para el sector servicios de 180 millones y 420 en agricultura, 400 en indemnizaciones y unos 1.000 al no acometerse 7.500 viviendas por los sectores que se desclasifican y pasan a ser infraestructura verde. Pese a ello, ha añadido, "el PAT no contempla las consecuencias y carece de un estudio riguroso que analice su impacto socioeconómico".

En este sentido, Federico Ros, asesor jurídico del Ayuntamiento, ha detallado que tampoco pondera debidamente el turismo residencial, cuando la mayoría de empresas del sector servicios está ligada a ese segmento, en armonía con el importante sector agroalimentario. Además de que hay "un frontal desacuerdo con los sectores que se pretenden desclasificar", no cuantifica partidas indemnizatorias. A unas "insuficientes, injustificadas y desorganizadas propuestas" se suma que no se asignan recursos económicos para su desarrollo. A su juicio, "incurre en el mismo defecto que el Pativel", que al carecer de memoria económica terminó en el Tribunal Superior de Justicia.

En el caso del PAT, "la memoria económica se limita a manifestar que los presupuestos de la Generalitat, hasta 2040, seguirán destinando recursos proporcionales a la población de la Vega Baja; esto es, una inversión durante 20 años de 85 millones de euros anuales (1.722 millones en total), cuando, por el contrario, el impacto de pérdida de ingresos en las haciendas locales, en la actividad terciaria, así como en inversiones de agentes privados puede establecerse, por el conjunto de los 27 municipios y en esos 20 años, en decenas de miles de millones de euros", ha detallado Ros.

En suma, ha continuado, "nos parece un plan de paisaje, hecho por geógrafos, que no contempla el impacto económico". Es más, "dice dónde se puede actuar desde el punto de vista paisajístico para desclasificar suelo allí donde consideran que no existe impacto económico para las arcas presupuestarias de la Generalitat". En su opinión, "eso no es defender el paisaje; eso es simplemente ser fuerte con quien es débil y débil con quien es fuerte, porque si hay determinados espacios que deben ser protegidos por sus valores ambientales hay que ser valiente y asumir que hay que indemnizar".

Sin embargo, "salvo el establecimiento de limitaciones gráficas del modelo territorial y su correlación con restricciones dispositivas en sus normas, se queda en lo programático, sin fijar actuaciones, cronograma para su consecución ni medios de financiación". Por tanto, "no se analiza ni la viabilidad ni la sostenibilidad económica del plan", así como tampoco se tiene en cuenta su impacto sobre la actividad ni sobre los municipios afectados por las desclasificaciones de suelo urbanizable.

En palabras de Bascuñana, "el PAT asfixia a Orihuela y a la Vega Baja, porque impide su crecimiento y desarrollo; están condenando a la comarca". Según el alcalde, "solo impone medidas restrictivas y luego habla de futuro sin precisar". Por ejemplo, "desclasifica suelo y no clasifica suelo industrial que tanto necesitamos".

Además, vacía de contenido las competencias urbanísticas de los ayuntamientos, "usurpando competencias a las administraciones locales para elaborar sus planes generales", ha sentenciado Bascuñana, que también ha sido tajante: "Nos tenemos que rebelar", sin descartar movilizaciones y "las acciones necesarias para que nunca se lleve a cabo tal y como se ha propuesto". Así, ha exigido al presidente Ximo Puig que "retire en su totalidad el PAT", que ha calificado de "manifiesto de voluntades y un programa electoral". Ahora bien, espera que con "nuestras sugerencias y las que van a presentar otros colectivos y particulares sean capaces de rectificar y reorientarlo".

En cuanto al suelo no urbanizable, hay "unas exacerbadas y restrictivas limitaciones" que son aplicables desde el 14 de diciembre, cuando se publicó la versión preliminar, y está siendo ya de ejecución, por lo que "vamos a solicitar la suspensión de la suspensión de licencias y actividades programáticas; si no lo aceptan, acudiremos a la vía judicial", ha indicado Ros, que también se ha referido a que "en determinados suelos, salvo en la zona de nuevos regadíos, está prohibida expresamente la vivienda unifamiliar".

Bascuñana ha señalado que "se ha hecho a espaldas de los ayuntamientos y de la población, con una falta absoluta de participación de los actores interesados para analizar y conocer las necesidades reales de nuestro territorio". Por tanto, las el documento de sugerencias también habla de "falta de consenso, coordinación y cooperación en su elaboración".

Asimismo, indican que hay "una ausencia de planificación de infraestructuras necesarias para paliar la inundabilidad y mejorar las comunicaciones y la movilidad", así como "un quebranto en el principio de igualdad territorial y un agravio comparativo". Es decir, "nos convierte en valencianos de segunda, porque nos limita actividades que no se podrán desarrollar en la Vega Baja pero que sí se en otros puntos de la Comunidad Valenciana", ha concluido el alcalde.

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