La Agencia Valenciana Antifraude insta a Orihuela a recuperar los terrenos que ocupa el colegio Santo Domingo

La Agencia Valenciana Antifraude recomienda al Ayuntamiento de Orihuela que realice las actuaciones que sean necesarias conforme a la normativa vigente para proceder a la recuperación de la posesión de los bienes municipales ubicados en la avenida Doctor García Rogel, unas parcelas de 2.622 metros cuadrados que el Colegio Diocesano Santo Domingo ocupa como zona deportiva y patio y sobre las que hay una orden para desalojar antes del 15 de julio.

En concreto, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, tras constatar la veracidad de los hechos denunciados, inició una investigación el 31 de marzo que concluyó el 31 de diciembre, tal y como acaba de recoger en su memoria anual, emitiendo un informe que acredita "irregularidades". Fue en 1999 cuando el pleno municipal cedió a la Diócesis de Orihuela-Alicante -como titular del colegio- las fincas por un plazo de 75 años, con la condición de que se efectuasen las edificaciones previstas de aulas y dependencias para actividades de extensión universitaria en el plazo de cinco años. De no culminarse el proyecto, como sucedió, el mismo acuerdo indicaba que debía revertir a su propietario, es decir, el Consistorio.

El documento del organismo valenciano señala que "falta la formalización del acuerdo en escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad, un requisito indispensable para que sea eficaz y surta efecto". Además, indica que "queda acreditado el incumplimiento de los plazos para ejecutar las edificaciones previstas" y que "el solar cedido se destina a las actividades del colegio, fin distinto", lo que "ha derivado en la extinción del derecho de superficie". Por tanto, el centro educativo "está utilizando, desde hace más de 16 años, los solares municipales sin haber cumplido el acuerdo de cesión".

Por todo ello "el Ayuntamiento debería haber ejecutado el acuerdo de extinción y haber recuperado la posesión de los solares, pues las administraciones están obligadas a proteger adecuadamente los bienes y derechos que integran su patrimonio", añade. Sin embargo, "desde 2005 el Ayuntamiento ha permitido a la Diócesis el uso distinto de las parcelas cedidas sin que el Obispado lleve a cabo las obras", pese a que "era y es conocedor del incumplimiento ha dejado que un ente distinto al propietario use y disfrute estos terrenos municipales".

Por eso, subraya "inactividad evidente" tanto de la entidad local como de las diferentes corporaciones municipales "sin realizar las actuaciones administrativas pertinentes para recuperar los solares de su propiedad", cuando "está obligado por ley a controlar el uso que se le da a sus bienes". Reflejo de esa inacción relata que en 2012 el Ayuntamiento requiere la devolución, pero no es hasta 2015 cuando la junta de gobierno local acuerda declarar extinguido el derecho de superficie. No obstante, no se notifica el acuerdo hasta dos años más tarde, y siete años después el Ayuntamiento aún no ha ejecutado el acuerdo por el que se acordaba recuperar los solares. Con todo, "no consta que las parcelas hayan revertido, dejando que durante un dilatado tiempo la Diócesis esté beneficiándose del uso de unos solares municipales incumpliendo la finalidad que motivó el acuerdo", prosigue.

En diciembre el Obispado remitió un escrito al Ayuntamiento para intercambiar unas parcelas, ya que sin estos terrenos el colegio "vería mermadas seriamente sus posibilidades, al no poder contar como hasta ahora con estas instalaciones, dejándolo en una situación bastante comprometida y sin expectativa de ampliación y mejora". El último intento de permuta fue en 2019, cuando la Concejalía de Patrimonio propuso al Obispado cambiar el solar, que llegó a valorarse en 2,7 millones de euros cuando era edificable, por la iglesia de San Agustín, la más antigua de la ciudad, que -con su torre torcida, la cubierta deteriorada y el pavimento levantado- presenta un estado que amenaza con derrumbe desde hace más de tres décadas. Con todo, su valor, según el acuerdo, ascendía a 623.415 euros, mientras que el de los terrenos municipales era de 549.518 euros, por lo que aún restaría abonar por parte del Ayuntamiento 73.897 euros (cuatro viviendas tasadas en 31.180 euros y 42.716 en efectivo). A finales de enero, la Diócesis volvió a insistir en esta propuesta.

En este sentido, la Agencia Valenciana Antifraude recalca que "se ha acreditado documentalmente que la Iglesia de San Agustín se encuentra en mal estado de conservación, suponiendo un riesgo para las personas y los bienes de la vía pública".

Suscríbete para seguir leyendo