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Vecinos se manifiestan contra la construcción de más de 2.000 viviendas en Cala Mosca

Un centenar de personas reclama al Ayuntamiento la protección del último kilómetro virgen de litoral y más servicios para Orihuela Costa

Manifestantes dicen "no al abuso urbanístico"

Alrededor de 100 personas se han concentrado en la explanada de playa Flamenca para decir "no a la destrucción del entorno natural de Cala Mosca", el último kilómetro de costa virgen del litoral oriolana donde está prevista la construcción de más de 2.000 viviendas. Se trata de la primera convocatoria que realiza la asociación Salvemos Cala Mosca, que se define como un movimiento vecinal y social sin bandera política, que hizo un llamamiento para rechazar "la especulación del litoral, porque ya estamos saturados".

Con cacerolas, silbatos y pancartas los asistentes han cargado ante el "incumplimiento del Ayuntamiento a la hora de ofrecer más servicios" en Orihuela Costa, una zona que presenta un déficit en infraestructuras a pesar de que hay cada vez más residentes durante todo el año: "Más gente implica menos recursos y más atascos". Precisamente el Ministerio de Transportes ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el acuerdo plenario que en septiembre modificó el plan parcial del sector por no tener en cuenta un informe preceptivo y vinculante que alertaba de la repercusión en la N-332. A la espera de la sentencia, de momento el tribunal ha descartado medidas cautelares.

Por su parte, el promotor urbanístico hace hincapié en que "la ejecución de las obras podrá retomarse 15 años después de su inicio", al mismo tiempo que recalca que en este tiempo "ha modificado el proyecto para cumplir con todas las medidas legales exigidas por las administraciones públicas y garantizar la preservación del medio, así como la protección de las especies endémicas de Cala Mosca", como la jarilla cabeza de gato y el caracol Tudorella Mauretanica.

Mientras, ecologistas y vecinos han recurrido en reposición la modificación del plan y han pedido su suspensión. También han presentado alegaciones al Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, el proyecto supramunicipal del Consell para poner orden en el crecimiento urbanístico de la comarca, para que desclasifique este suelo y pase a ser infraestructura verde.  

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