Costas llevará al juzgado los polémicos rascacielos de Doña Sinforosa en Torrevieja

El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja ha rechazado este viernes el requerimiento del Ministerio de Transición Ecológica para que el municipio anule el acuerdo que ampara la construcción de dos rascacielos en Doña Sinforosa. El requerimiento es previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo. Con el rechazo de la mayoría de gobierno del PP el proyecto del Grupo Baraka va a ser judicializado por el Ministerio por incumplir la ley de Costas. La negativa a aceptar esta petición fue validada con los votos de la mayoría absoluta del PP, y el rechazo de los partidos de izquierda de la oposición del PSOE, Los Verdes y Sueña.

El alcalde Eduardo Dolón y su equipo de gobierno del PP aprobó en un pleno extraordinario convocado en la víspera de Nochevieja de 2021 el estudio de detalle del proyecto de los polémicos rascacielos de 26 plantas junto a la bahía de Torrevieja y la playa del Acequión, que se había sometido en dos ocasiones a información pública. La propuesta urbanística tiene previsto transformar el jardín de Doña Sinforosa, la calle del mismo nombre y un tramo de la avenida de Gregorio Marañón, zonas incluidas en el ámbito de actuación del proyecto. 

El secretario general técnico del Servicio de Costas, Jacobo Martín, que firma el requerimiento recuerda que los informes del Servicio Provincial -cinco desde 2018, todos desfavorables- señalan que el proyecto constituye "una clara pantalla arquitectónica, lo que genera un impacto ambiental que resulta contrario a la defensa del dominio público marítimo-terrestre, a la vez que contraviene los criterios que ha establecido la jurisprudencia en relación a lo que debe evitarse para garantizar la no formación de pantallas arquitectónicas". También señala que los informes de Costas sí son vinculantes, al contrario de lo que sostienen el jefe de Urbanismo, Santiago Romero y el director general de Urbanismo, Víctor Costa, que son los dos técnicos que amparan con sus informes la postura del Ayuntamiento.

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Mientras que la oposición de PSOE, Los Verdes y Sueña insistieron -además de que el Ayuntamiento incumplía el requerimiento de Costas-, en el enorme impacto ambiental de las torres por su efecto pantalla -en un entorno urbano en el que todos los edificios cuentan como máximo con siete alturas-, y en la previsión del proyecto de remodelar el popular jardín para orientarlo al uso de los compradores de pisos de lujo, el alcalde de Torrevieja y concejal de urbanismo, Eduardo Dolón, esgrimía que se trataba de un procedimiento cuya tramitación ya fue validada por el anterior equipo de gobierno de izquierdas durante el mandato de 2015 a 2019. También recordó que al menos dos informes de la propia Generalitat sobre situaciones urbanísticas en Torrevieja descartan que a un suelo calificado como urbanizable antes de que se aprobara la ley de Costas en 1988, le sea de aplicación esta legislación. Incluso llegó a asegurar que el estudio de impacto ambiental "fue aprobado en el pleno por la oposición actual". Hecho que sin embargo no es cierto. El anterior alcalde José Manuel Dolón, no el pleno ni la junta de gobierno, rubricó en función de los informes de los técnicos la evaluación de impacto ambiental simplificada, un procedimiento reglado que no podía paralizar porque una modificación puntual del PGOU aprobada en 2010 por el anterior alcalde Pedro Hernández (PP), ampara la construcción de rascacielos en determinadas parcelas junto al mar si una parte se destina a uso hotelero.

Es cierto que Costas advirtió bajo el mandato del gobierno pentapartito, que a su criterio el proyecto incumplía la ley de Costas -algo que también recordó Eduardo Dolón ayer-. Pero en aquel momento del procedimiento el Ayuntamiento se debía limitar a la tramitación del impacto ambiental. Mientras que es ahora, con el PP de nuevo en el gobierno del municipio y tras la aprobación del estudio de detalle, cuando el Ministerio de Transición Ecológica con la aprobación del instrumento de planeamiento, podía presentar el anuncio de recurso y el municipio podría modificar su criterio para impedir la construcción de los edificios proyectados.    

La oposición reprochó a Dolón que se fuera al pasado, a la gestión del anterior gobierno, para justificar la construcción de las torres. Argumento que empleó Pablo Samper (Sueña), quien también señaló que el Ayuntamiento ni siquiera notificó a Costas el acuerdo de aprobación del estudio de detalle del pleno del día 30 de diciembre pasado. El portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz, habló abiertamente de "pelotazo". Y el del PSOE, Andrés Navarro, se centró sobre todo en las previsiones que señalan a la "destrucción" a su juicio del aspecto actual del jardín de Doña Sinforosa por una explanada de 11.000 metros cuadrados en la que es muy improbable que se puedan conservar los árboles de gran porte -hay un eucaliptus con una altura equivalente a siete plantas- cuando la empresa "vende vistas al mar" desde la primera planta. En este sentido Dolón aseguró que se van a preservar los árboles catalogados, pero no especificó a qué catálogo se refería, ya que si es el catálogo municipal existente hasta el momento, no está aprobado por el pleno. 

Eduardo Dolón no respondió a la pregunta directa del portavoz de Los Verdes Israel Muñoz sobre si las torres ya cuentan con licencia de obra concedida. En caso de que el Ayuntamiento haya otorgado licencia y Costas gane el recurso en el juzgado, la empresa promotora tendría prácticamente ganada su reclamación patrimonial al Ayuntamiento, debiendo éste abonar una indemnización millonaria.

La empresa promotora, que no se pronuncia sobre esta polémica, ha desplegado entre tanto una vistosa estrategia promocional en la parcela donde ya "vende" los apartamentos -sin mencionar el hotel que tiene que construir-, como una oportunidad de inversión.