El Plan de Acción Territorial del Consell para la Vega Baja recibe 1.300 alegaciones

El Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja, una norma de rango supramunicipal que prepara el Consell para poner orden al crecimiento urbanístico de la comarca, algo así como un plan general de ordenación urbana para los 27 municipios, ha recibido 1.300 alegaciones en su fase de exposición pública, según han afirmado fuentes de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad a este periódico.

Las mismas fuentes han indicado que todas ellas "pueden resumirse en unos 50 modelos distintos de escritos", ya que tanto algunos ayuntamientos como partidos políticos, colectivos, asociaciones y ciudadanos a título personal han presentado un mismo documento siguiendo los razonamientos y sugerencias a tenor de sus intereses.

En cuanto a la solicitud por parte de algunos sectores, como el empresarial, de extender el proceso de participación pública y consultas, la Conselleria ha considerado que "el plazo otorgado inicialmente, de tres meses, fue bastante generoso". En cualquier caso, se trata de una versión inicial, y "con toda probabilidad -tal y como ha sucedido con otros PAT en el pasado-, en aras a una mayor transparencia y seguridad jurídica, se realizaría una segunda exposición pública del plan antes de su aprobación definitiva", han detallado.

Tras el estudio de las alegaciones e informes sectoriales recibidos, el siguiente paso será la redacción de la propuesta de plan y declaración ambiental y territorial estratégica. Esto es, "todos los PAT requieren a priori de evaluación ambiental, siendo uno de los hitos necesarios para su aprobación definitiva la DATE (declaración ambiental y territorial estratégica)", han explicado.

Ecologistas

Así, grupos ecologistas y vecinales solicitaron que a los 28 sectores que ahora son suelo urbanizable y que el PAT pretende que se integren en la infraestructura verde se sumen 18 más. En total, blindar de la construcción 46 sectores urbanísticos, animando a la Generalitat a arbitrar mecanismos de compensación, desde la indemnización económica al traslado de edificabilidad a otras áreas del territorio que puedan asumir esa transferencia, así como a mantener su propuesta "pese a la más que previsible posición en contra de ayuntamientos y promotores urbanísticos que únicamente pretenden continuar con el esquema territorial y económico asociado a la vivienda turística que es urgente revertir para lograr un modelo territorial sostenible".

Por su parte, el área comarcal del PP exigió la retirada del PAT al considerar que el proyecto "constriñe el crecimiento de la comarca". Lo mismo hizo Ciudadanos, que advirtió de que "estrangula" a la Vega Baja, ya que supondrá, según sus cálculos, una pérdida de 15.000 empleos y de 1.880 metros cuadrados de suelo industrial.

Algunos ayuntamientos incluso arrojaron cifras negativas, como el Ayuntamiento de Orihuela, que estimó un perjuicio económico de 2.000 millones de euros, sumando unas pérdidas anuales para el sector servicios de 180 millones y 420 en agricultura, 400 en indemnizaciones y unos 1.000 al no acometerse 7.500 viviendas por los sectores que se desclasifican y pasan a ser infraestructura verde.

También Callosa de Segura rechazó el PAT "por los criterios restrictivos que prevé para las edificaciones, construcciones e instalaciones agrícolas, ya que frustrará las posibilidades de negocio, atracción de riqueza y prosperidad", mientras que Benejúzar alegó con la unanimidad de todos los partidos que el PAT entra en contradicción con el PGOU del municipio, en su fase final de tramitación. Otras muchas administraciones locales siguieron líneas similares.

Asaja

Asaja solicitó que nunca entre en vigor por "condenar el desarrollo de la agricultura" de la Vega Baja. Para la organización agraria el proyecto está inspirado por "un fundamentalismo medioambiental que ignora los usos y costumbres que garantizan la viabilidad del entorno de la comarca". Los agricultores creen incompatible conservar el paisaje de secano sin contemplar riegos de socorro y lamentan las grandes restricciones al uso del suelo mientras se amparan las plantas fotovoltaicas.

La Mesa Comarcal, creada en el seno de Cámara Orihuela y que engloba a distintas asociaciones empresariales, manifestó que el PAT bloquea el motor económico de la Vega Baja. En este sentido, el sector empresarial alegó contra el proyecto por su impacto negativo en el turismo residencial, la agricultura, la industria y los servicios. Además, solicitaron al Consell que se aclare quién pagará las indemnizaciones por la desclasificación de suelo.