El Ayuntamiento socialista de Guardamar ha presentado unas alegaciones a la versión preliminar del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja impulsado por la Generalitat en contra el documento que regulará el crecimiento de la comarca en las próximas décadas. De hecho, son muy similares y en algunos extremos más duras que las planteadas por los ayuntamientos gobernados por el PP o el tejido económico comarcal, dominado por las empresas urbanizadoras de vivienda turística.
El municipio acusa de forma implícita en sus alegaciones al gobierno de izquierdas del Botànic, a la empresa redactora del proyecto y a los responsables de Territorio de querer imponer un criterio de crecimiento urbanístico que limita la autonomía local y de querer afianzar un planeamiento supramunicipal que se salta la legislación urbanística valenciana LOTUP y los propios planes generales -aunque uno de los principales objetivos del PAT, es precisamente ese, el de ordenar el territorio con una visión comarcal-.
¿De dónde viene la oposición frontal del ayuntamiento presidido por José Luis Sáez? De la previsión que recoge el texto de desclasificar, aunque en distintos grados, cinco proyectos urbanísticos en los que están previstos 6.612 viviendas y un polígono industrial. Son los sectores ZSO-1, ZSO- 2 La Rinconada, ZSO-3, ZSO-7 y ZO-8. De ellos el ZO-8 industrial y el ZSO-3 se desclasifican directamente, y sus 2.700 viviendas, mientras el resto desaparecerían si no se desarrollan a medio plazo -lo que paradójicamente puede terminar por acelerarlos-. Si se suspendieran todos afectaría a la construcción de 6.612 viviendas «se produciría un estrangulamiento del posicionamiento de Guardamar como destino turístico internacional, impidiendo su desarrollo futuro», dice la alegación, con un impacto directo en la economía local de 60 millones de euros menos en ingresos anuales.
Aunque con un lenguaje más técnico, el municipio traslada que vive del turismo residencial -por mucho que se quiera valorar el sector primario agrícola, interpretan los redactores de la alegación-;que las alternativas a ese modelo económico no se concretan el PAT, ni en su memoria económica cómo se podría compensar. Además, al igual que advierten otros municipios -es el caso de Orihuela- señala el riesgo de tener que responder por indemnizaciones multimillonarias y señalan las que las repercutirían sobre la Generalitat. En un tono más diplomático, los abogados urbanistas que han redactado la alegación de Guardamar señalan que el PAT se ha elaborado «sin que haya existido suficiente intercambio de ideas entre la Conselleria, los Ayuntamientos y los actores sociales, políticos y económicos de nuestra comarca».
Además «vacía de contenido la autonomía local en el ejercicio de su competencia sobre el planeamiento «pues exige al PAT el pronunciamiento y análisis de cuestiones que exceden de su función orientadora o de directriz y que se corresponden realmente con determinaciones reservadas a los Planes Generales, según la LOTUP.
