El magistrado Miguel Rivera Muñiz recaló en Orihuela en 2016, siendo desde entonces titular de lo Penal número 1. Antes estuvo dos años en los juzgados de Torrevieja, uno en el de violencia sobre la mujer y otro en el de primera instancia. En total, ocho años de ejercicio en la Vega Baja que le aportan una panorámica de la realidad de la justicia en la comarca.
Es juez decano del partido judicial oriolano desde 2018 tras ser elegido por sus compañeros. Llegó con ilusión, con propuestas y aportaciones. Ahora ha decidido que es momento de convocar elecciones y que otro tome el relevo. Se marcha con "la frustración" de no haber logrado la ampliación del Palacio de Justicia. "Han sido cuatro años de intenso trabajo, de grandes satisfacciones y también de muchos problemas", relata.
Un periodo complicado atravesado por la DANA de septiembre de 2019. Las lluvias torrenciales inundaron el sótano, el espacio de mayor superficie de la sede judicial, con 1.113 metros cuadrados de los casi 4.700 que tiene el inmueble completo, que es de tres plantas. La Conselleria de Justicia tuvo que realizar entonces una actuación de emergencia a finales de ese año, aunque las filtraciones no se han resuelto. "Para nosotros fue catastrófico, ya que el edificio se vio afectado". Tanto es así que, dos años y ocho meses después, la sede sigue parcialmente inutilizada, aunque "nos han comunicado que la reparación se va a cometer en un par de semanas", apunta.
Cuando el municipio -y toda la comarca- parecía que recobraba la normalidad llegó el covid, y entonces se resintió la atención al público. Con la las distancias de seguridad impuestas, la pandemia acentuó el principal problema: "Las instalaciones necesitan una ampliación urgente". Se ha quedado pequeña para albergar los 12 juzgados de la localidad, lo que conlleva un problema de dispersión de órganos judiciales, que están repartidos en los locales de la plaza de Santa Lucía y en la calle Nova.
Tampoco para integrar además la Oficina para la Asistencia a las Víctimas del Delito, la Unidad de Valoración Integral Forense, la cámara Gessell -para preservar los testimonios protegidos- y dependencias apropiadas para los colegios de abogados y procuradores. Dos de los juzgados "están desplazados en un bajo en condiciones que no son idóneas, algo que iba a ser provisional pero que lleva años", explica. Un asunto enquistado desde 2005, cuando "se hizo un planteamiento erróneo al decidir en vez de trasladarlos a las afueras anclarlo en el centro", prosigue.
A todo ello se suma "el conflicto entre el Ayuntamiento y la Generalitat", un proceso administrativo largo y laborioso que finalmente trató de subsanarse en 2020 cuando ambas administraciones alcanzaron un acuerdo por el que el Consell compraba el Palacio de Justicia por 4,7 millones de euros con el fin de dotar a la ciudad y a los 21 municipios de su partido judicial de unas instalaciones dignas que albergaran todos los servicios en una sede única de más de más de 7.000 metros cuadrados.
Según el convenio, el Consistorio cedería a la Generalitat dos solares colindantes de su propiedad y compraría otras parcelas pertenecientes a particulares, de forma que se ampliaría en unos 2.500 metros cuadrados. La Conselleria anunció hace un año que acometería la ampliación en este ejercicio.
En este periodo como decano, Rivera Muñiz manifiesta que "no ha habido un incremento de litigios". Sin embargo, "la pandemia ha generado un colapso que poco a poco hay que digerir", describe. Con todo, "los tiempos de respuesta son razonablemente buenos; Orihuela se sitúa en la media nacional o incluso mejor", sentencia. "No como antes de 2010, cuando los juzgados estaban colapsados", sostiene.
Ahora bien, señala una excepción. El partido judicial de Orihuela abarca un espacio territorial amplio y disperso que complica la gestión, además de contar con unas características peculiares como son una gran cantidad de población extranjera y flotante -sobre todo en verano-. Todo ello conlleva una carga de trabajo importante que se traduce en "un problema en el registro civil, que está infradotado". En estos cuatro años se ha conseguido algún refuerzo en personal, aunque insuficiente: "Es necesario duplicar o triplicar la plantilla".
Por último, subraya que "la digitalización es un asunto pendiente en toda la Comunidad Valenciana". En la era digital "aún se realizan todos los trámites en papel", algo que "ralentiza" la justicia. Por ejemplo, dificulta el teletrabajo, ya que obliga a los profesionales a ir con "tomos muy voluminosos" a cuestas.
Rivera Muñiz pone así punto y final a una etapa que inició con un marcado carácter reivindicativo, porque lo que realmente quiere es dedicarse plenamente a "ejercer de juez, celebrar juicios y dictar sentencias". Ahora desempeña su cargo en funciones hasta que dentro de tres o cuatro meses se elija un nuevo decano.
El apoyo del poder judicial
Miguel Rivera Muñiz agradece el apoyo que ha recibido de todos los colectivos implicados en el funcionamiento de los juzgados, destacando la colaboración del Colegio de Abogados de Orihuela, los letrados de la Administración de Justicia y de la Fiscalía. También hace una mención especial a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, en la que ha encontrado "una persona implicada, comprometida, cercana, sensible y siempre dispuesta a solucionar los problemas". Además, se ha referido a los magistrados del partido judicial, a los que ha representado, como "un colectivo con una profesionalidad digna de elogio". Por último, señala "la ayuda, la colaboración, la comprensión y el apoyo de mi amiga y compañera Leticia Pallarés, letrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Orihuela y una profesional increíble".
