El PSOE retomará el control del Consorcio comarcal de Residuos Vega Baja Sostenible, ahora en manos del Partido Popular (PP). Lo hará gracias al cambio de gobierno municipal en Orihuela que rompe el equilibrio de fuerzas representadas en la comisión y junta de gobierno de la institución, favorable durante todo este mandato al PP. En la comisión de gobierno del Plan Zonal de Residuos 11-A6 tienen voz y voto los 27 municipios de la comarca (60% del voto ponderado), la Diputación (15%) y la Generalitat (25%).
Cada uno de los municipios cuenta con una representatividad mayor en función de su peso demográfico. Orihuela y Torrevieja son los únicos que superan los 50.000 habitantes. Pero al cambiar de manos el Ayuntamiento oriolano con la moción de censura del PSOE y Ciudadanos para desalojar al PP del poder municipal, pronto se incorporará también un representante socialista en el órgano de gobierno del Consorcio en sustitución del concejal popular que ejercía esas funciones, lo que daría al PSOE la mayoría para impulsar el relevo en la presidencia del Consorcio.
El Ayuntamiento de Orihuela, al ser uno de los dos municipios con más de 50.000 vecinos de entre los 27 de la comarca, cuenta con mayor voto ponderado. Ahora el representante será socialista, lo que rompe con la mayoría del PP en la comisión de gobierno.
El cambio en la presidencia que ejerce la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP), se puede plantear en una convocatoria ordinaria de la comisión y junta de gobierno del Consorcio. La próxima está prevista el día 9 de mayo pero este cambio no está en el orden del día porque ni siquiera se ha formalizado en el pleno oriolano, aunque también podría llevarse a cabo o a través de una convocatoria extraordinaria para agilizar los plazos.
La administración autonómica suele mostrarse neutral ante estas situaciones porque cambios de gobierno hay en todos los municipios de la Comunidad Valenciana y los consorcios no pueden estar a expensas de ellos para mantener la estabilidad en su gestión.
El PSOE cuenta con respaldo suficiente para solicitar esa reunión extraordinaria. Fuentes socialistas han indicado este jueves a INFORMACIÓN que consideran que el mandato en el consorcio de Belmonte está amortizado. Aseguran que ha sido incapaz de poner en marcha la planta de transferencia de basuras, construida por la empresa pública del Consell Vaersa en el polígono industrial de Dolores y terminada desde finales de diciembre pero sin que haya entrado en funcionamiento, ni el despliegue de los ecoparques que son necesarios para comenzar a cumplir, por fin, con las previsiones de plan zonal, 17 años después de que se aprobara (2005). Con diferencia es el más atrasado en su aplicación sobre el territorio y en la consecución de sus objetivos de toda la Comunidad Valenciana.
Para el PSOE, que contaría, asegura, en este caso con la cuota de respaldo de la administración autonómica en el Consorcio, sería "irresponsable" permitir que Belmonte agotara su mandato de un año. Los municipios socialistas todavía no se han reunido formalmente para impulsar este relevo, pero la decisión está prácticamente tomada. La mayoría entre la representación de los municipios la tendría el PSOE pero no está tan claro que la Generalitat, con su voto fuera a respaldar el cambio. La administración autonómica suele mostrarse neutral ante estas situaciones porque cambios de gobierno hay en todos los municipios de la Comunidad Valenciana y los consorcios no pueden estar a expensas de ellos para mantener la estabilidad en su gestión.
La planta de transferencia, que ha supuesto un coste de algo más de 2,8 millones de euros según la Conselleria de Transición Ecológica, es la única instalación de gestión residuos con la que cuenta la comarca. La Vega Baja sigue enviando todos sus residuos para su valorización y eliminación -en torno a 160.000 toneladas anuales- a las plantas de tratamiento del resto de las comarcas alicantinas: Xixona, Elche, Alicante y Villena.
Belmonte ha asegurado públicamente que el principal problema para que la empresa concesionaria de la gestión de los residuos comarcales UTE Vega Baja comience a operar en la planta de transferencia es fijar los precios de transporte y eliminación, unitarios para todos los municipios del Consorcio, porque los actuales son los que figuran en un contrato de 2013.
Pero también los supuestos problemas legales de la planta pueden ser un lastre para su apertura. El propietario de suelo anexo a la planta interpuso un recurso contra las licencias ambiental (de apertura) y de obra de la instalación concedidas por el Ayuntamiento de Dolores. El recurso contra la licencia de obras acaba de ser rechazado por un juzgado de Lo Contencioso, que también denegó medidas cautelares solicitadas por el demandante. Aunque el rechazo al contencioso puede ser recurrido en el Tribunal Superior Valenciano (TSJ). El juzgado sigue su recurso contra la licencia ambiental. De hecho en el orden del día de la comisión y junta de gobierno del 9 de mayo aparece un acuerdo para que el Consorcio se persone también en ese procedimiento.
Esta misma reunión, convocada cuando ya se conocía que la correlación de fuerzas va a cambiar de forma inminente, está cargada de asuntos porque también incorpora la aprobación de las últimas certificaciones de la obra de la planta de transferencia, además de dar cuenta de la creación de la junta de participación. Uno de los empeños de Belmonte en la gestión del Consorcio, que da cabida a muchos de los colectivos y asociaciones interesadas en la mejora de la valorización de residuos en la comarca.
El alcalde de Dolores y diputado Joaquín Hernández se postularía como candidato a presidir la entidad en la que están representados los 27 municipios de la comarca, la Diputación y el Consell
El alcalde de Dolores y diputado provincial, Joaquín Hernández asegura que legalmente, según informan los servicios jurídicos municipales, no hay inconveniente en abrir la instalación al margen de que las acciones judiciales del recurrente sigan su curso porque el juzgado no ha aceptado adoptar las medidas cautelares. Hernández es precisamente el cargo del PSOE que se perfilaría como nuevo presidente del Consorcio por el hecho de albergar en su municipio la principal instalación del consorcio.
El Consorcio ha convocado comisión y junta de gobierno el 9 de mayo en la que se abordará el recurso al contencioso por la licencia ambiental de la planta de transferencia y aprobación de las últimas certificaciones de las obras de la planta de Dolores
La gestión comarcal de los residuos ha estado bloqueada durante años por la investigación de la supuesta trama que propició la adjudicación del contrato comarcal en 2008, muy condicionada por la actividad ilegal del vertedero de La Murada -que enterraba la basura en bancales agrícolas a precio de saldo-. También por la posterior anulación en 2014 por parte del propio Consorcio de este contrato a Cespa Ortiz y la victoria legal en 2018 ante el TSJ de esa UTE, que ahora ha sido rebautizada como UTE Vega Baja, para recuperar la contrata millonaria. Los antiguos representantes de Cespa-Ortiz fueron imputados y están siendo juzgados, pero el procedimiento no tiene incidencia en la adjudicación.
