La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública inicia este lunes las obras de reforma de la sede judicial de Orihuela por 486.440 euros. Está previsto que la reforma de los juzgados de la plaza de Santa Lucía de la capital de la Vega Baja tenga una duración de cinco meses de forma que estará concluida en octubre.
En la planta baja se redistribuirá la tabiquería de la Oficina de Víctimas para mejorar su accesibilidad, al mismo tiempo que se ubicará una nueva zona de espera segura (para víctimas) junto a la sala de vistas número 3.
Las actuaciones también permitirán ampliar las dependencias de la Fiscalía y la del Colegio de Procuradores, así como el registro civil, el Decanato y el archivo de la sede judicial. Además, se realizará una intervención en el sótano para mejorar la impermeabilidad de sus muros y la protección de las medianeras.
Se trata de una rehabilitación muy demandada desde hace tiempo, sobre todo desde que las lluvias torrenciales de la DANA de 2019 inundaran el sótano, el espacio de mayor superficie de la sede judicial, con 1.113 metros cuadrados de los casi 4.700 que tiene el inmueble completo, que es de tres plantas. La Conselleria realizó entonces una actuación de emergencia a finales de ese año, aunque las filtraciones no se resolvieron. Recientemente, en una entrevista con este diario, el juez decano del partido judicial oriolano en los últimos cuatro años, Miguel Rivera Muñiz, en funciones hasta que un compañero tome el relevo, señaló deficiencias en las instalaciones y un registro civil infradotado.
Además, está pendiente una ampliación de las instalaciones ante la falta de espacio para albergar los 12 juzgados de la localidad, lo que conlleva un problema de dispersión de órganos judiciales, que están repartidos en los locales de la plaza de Santa Lucía y en la calle Nova. Rivera Muñiz también indicó que no hay lugar para integrar la Oficina para la Asistencia a las Víctimas del Delito y la Unidad de Valoración Integral Forense, la cámara Gessell -para preservar los testimonios protegidos- ni dependencias apropiadas para los colegios de abogados y procuradores. Dos de los juzgados están desplazados en un bajo en condiciones que no son idóneas, algo que iba a ser provisional pero que lleva años.
A todo ello se suma el conflicto entre el Ayuntamiento y la Generalitat, un proceso administrativo largo y laborioso que finalmente trató de subsanarse en 2020 cuando ambas administraciones alcanzaron un acuerdo por el que el Consell compraba el Palacio de Justicia por 4,7 millones de euros con el fin de dotar a la ciudad y a los 21 municipios de su partido judicial de unas instalaciones dignas que albergaran todos los servicios en una sede única.
Según el convenio, el Consistorio cedería a la Generalitat dos solares colindantes de su propiedad y compraría otras parcelas pertenecientes a particulares para acometer la ampliación. La Conselleria anunció hace un año que acometería la ampliación en este ejercicio.
Precisamente, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, fue la primera que mantuvo una reunión con el nuevo equipo de gobierno del municipio después de la moción de censura. Bravo recordó entonces que desde octubre de 2020 están "pendientes de que de que el Ayuntamiento cumpla con su parte del acuerdo", para que el Palacio de Justicia pase de los 3.900 metros cuadrados actuales a 7.500. Así, fue muy crítica con "la mala gestión del gobierno del PP. Hemos enviado varios requerimientos y la respuesta siempre ha sido el silencio", manifestó.
A su vez, estas afirmaciones provocaron la repuesta del PP, que tachó de "desleal" a Bravo, además de detallar los pasos que dieron en el último año para lograr la cesión de los terrenos necesarios.
Por su parte, la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, reiteró su compromiso de adquirir esas parcelas. Incluso, el nuevo equipo de gobierno tiene previsto llevar este asunto al pleno de este mes, según avanzó el vicealcalde, José Aix, en una entrevista a este periódico.
