Las obras de rehabilitación del edificio de Aduanas del puerto de Torrevieja comienzan la semana que viene. La actuación, valorada en torno a 800.000 euros, es una de las mejoras que la Generalitat incorporó a la solicitud de concesión de la construcción y explotación de la superficie pública del puerto para un espacio comercial. La concesión fue adjudicada a Empresas del Sol por un periodo de 50 años. La intervención sobre la Aduana permitirá reformar el edificio para concentrar todos los servicios públicos vinculados con el puerto en una misma instalación de modo que cuando ésta culmine, los funcionarios que trabajan a día de hoy en los edificios anexos de la Capitanía Marítima y de Puertos de la Generalitat se reagruparán en el rehabilitado. Las otras sedes serán demolidas.
El Ayuntamiento asegura que la amplitud del inmueble también da para instalar alguno de sus servicios en ese edificio. Para cumplir este objetivo de aglutinar las sedes de todos los servicios públicos portuarios la Generalitat ha solicitado la cesión del inmueble a la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, su actual propietario.
El proyecto contempla la renovación de todas las instalaciones, la incorporación de un ascensor, del que carecía el edificio, y el respeto a la fisonomía actual del inmueble, característico de las sedes de aduanas levantadas en muchos puertos del país en la década de los años 40 del pasado siglo, durante la posguerra civil. Con una salvedad. Prescindirá del escudo de la dictadura franquista que corona la fachada con el lema "Una, grande, libre", el águila de San Juan y el yugo y las flechas. No se destruirá, pero permanecerá oculto tras un molde. Es una solución que se ha adoptado en muchos edificios públicos en los últimos años para cumplir la ley de Memoria Histórica y adaptar las referencias simbólicas del Estado a un periodo democrático con un recorrido de más de cuatro décadas.
El edificio está ubicado a la entrada del puerto desde la céntrica zona del Casino y el paseo de La Libertad. Ocupa un solar de 250 metros con 450 construidos, con planta baja y una altura. Fue inaugurado por el entonces alcalde César Mateo Cid en 1946, aunque el catastro adelanta su fecha de construcción a 1935, y es una de las obras civiles en pie más antiguas de la ciudad, que apenas conserva inmuebles de uso público de más de 75 años de antigüedad en su trama urbana.
El mismo concesionario, Empresas del Sol, tiene avanzada la obra de construcción de la nueva lonja pesquera y aparcamiento en una superficie anexa. Ha concluido la cimentación de esta nueva nave, situada entre Marina Salinas y la actual fábrica de hielo, y va a comenzar a levantar la estructura. También el relleno para el aparcamiento.
La voluntad del adjudicatario, Enrique Riquelme, es comenzar a lo largo de este verano con el grueso del proyecto concesional, el aparcamiento subterráneo para seiscientas plazas y los seis edificios distribuidos entre el actual acceso al puerto desde el Casino hasta el dique de Levante que se destinarán a locales de hostelería, multicines y bolera americana. También debe abordar la construcción vial que atravesará el actual relleno portuario desde aproximadamente el principio de la calle de María Parodi hasta el Hombre del Mar de forma aproximada, siguiendo el trazado de la valla que separa ahora el puerto del paseo de la Libertad. La obra también incorpora la adecuación del cantil de la bahía con paseos y un vial peatonal elevado que conecte los edificios, además de unir al conjunto el paseo voladizo del dique de Levante. El presupuesto de las obras, con la incorporación de las mejoras, está por encima de los 19 millones de euros, según el concesionario. Fuentes de la concesionaria indicaron que siguen adelante con la programación del proyecto pese a que los costes de materiales y suministros se han elevado un 30% en el último medio año.
Modificación del PGOU
Por su parte, el Ayuntamiento está ultimando la modificación del Plan General que ampara algunos cambios de parámetros urbanísticos dentro de la superficie concesional, como es el caso de las alturas de los edificios, además de avalar el derribo de instalaciones como la actual lonja y almacenes de artes de pesca y aparejos que desaparecen del paisaje portuario con esta transformación.
El Ayuntamiento ha desoído las alegaciones presentadas por Miguel Ángel Pavón para que se preservaran los edificios de la lonja. Esta modificación del PGOU fue impulsada por el Ayuntamiento al margen de la Generalitat, que es la administración competente en la gestión del puerto y que ya aprobó una delimitación de espacios portuarios en 2018. Tampoco ha atendido el Ayuntamiento la advertencia de que en el cantil de la actual lonja se encuentra la estructura de un antiguo muelle portuario, pieza clave de su historia marítima y comercial, pese a se un elemento protegido en el PGOU. El argumento es que los arquitectos técnicos que han trabajado en el expediente, pese a ser supuestamente conocedores de este inventario de bienes protegidos, "no lo localizan". Sí se tiene en cuenta en esta modificación la presencia de los restos del antiguo muelle del Turbio o muelle Mínguez, origen del actual puerto, ahora ocupado por el asfalto y por instalaciones del Club Náutico de Torrevieja como aparcamiento privado. Sus antiguos sillares todavía asoman junto a la bahía. El grupo municipal socialista también anunció alegaciones a la modificación del PGOU para preservar la lonja. No las presentó.
La segunda fase de la transformación portuaria será abordada por el Ayuntamiento con la reurbanización del paseo de la Libertad, popularmente conocido como "paseo de los hippies" por los puestos de venta de artesanía, que se convertirá en una explanada peatonal eliminando la actual avenida. Para ello se estima un presupuesto de 8 millones de euros. La reordenación de la que es la zona urbana de mayor afluencia turística del municipio se completará con la remodelación del paseo voladizo del dique de Levante (otros tres millones), en el que el gobierno muniipal lleva trabajando tres años con reiterados anuncios de actuación pero cuyas obras siguen sin adjudicarse.
El proyecto del paseo se levantaría sobre dominio público marítimo terrestre y de momento carece de concesión o autorización expresa del Ministerio de Transición Ecológica. Administración que desde que se aprobara la ley de Costas nunca ha supervisado las docenas de actividades sin concesión de hostelería y comercio que se desarrollan en ese espacio y el paseo de Juan Aparicio.
