Que una administración pública pague a proveedores sin contrato y con informes en contra de los técnicos, no solo es irregular sino que incumple la ley de Contratos. También supone un importante sobrecoste -de hasta el 50%- para las arcas públicas, ya que el mismo servicio ofrecido por una empresa bajo el aval de una adjudicación en vigor es mucho más económico que la misma prestación realizada sin contrato, normalmente a golpe de facturación mes a mes.
Eso es lo que subraya en su última investigación la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunidad Valenciana (AVAF), remitida al Ayuntamiento de Torrevieja, en la que señala que facturar con proveedores sin contrato y con los reparos de Intervención, no solo incumple la legislación sobre contratación pública, también genera importantes sobrecostes de dinero público. A esta conclusión ha llegado el organismo autónomo en la tercera resolución que realiza en los últimos meses sobre distintos expedientes del área de Contratación municipal. En este caso, la investigación se centra en la facturación de más de 275.000 euros al Ayuntamiento por parte de una empresa especializada en el tratamiento de plagas de mosquitos que trabajó sin contrato para la administración torrevejense entre agosto de 2017 y septiembre de 2020. Algo que afecta al actual mandato y al anterior. También por un plan de choque contra mosquitos que costó otros 39.748 euros encargado en junio de 2020 por la Concejalía de Sanidad. El Ayuntamiento ante la necesidad de realizar la prestación optó por encargarla sin contrato "por una mera vía de hecho, una presunta relación contractual entre el órgano de contratación y el prestador del servicio, carente de la existencia de pliegos y de la documentación" que debe regirla, señala la investigación, impulsada tras recibir una denuncia, cuyo autoría, como es regla en este organismo, no se desvela.
Una situación que debería suponer la nulidad de pleno derecho de los actos dictados "por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Además sin justificarse tampoco "que los importes abonados en los periodos sin contrato hayan sido superiores a los que se han abonado con contrato". Así el contrato con la empresa CTL que se agotó en 2017, suponía un coste anual de 95.000 euros. Pero en 2018, ya sin contrato en el mismo servicio, se elevó a 109.000 euros; en 2019 a 155.000 y en 2020 a 138.000 euros. Un sobrecoste de hasta el 56% sobre el precio inicial.
Antifraude en sus conclusiones insta al gobierno local a que se revoque de oficio todos los actos administrativos relacionados con esos expedientes, que se valore la existencia de posibles responsabilidades entre los funcionarios y cargos electos -concejales- vinculados a los encargos y se les expediente. Esta petición sin embargo, será descartada con toda probabilidad en el trámite de alegaciones por el gobierno local a través de un informe de la asesoría jurídica, como ha hecho con otra investigación similar sobre contratación de asfaltado. Con lo que la Agencia deberá hacerlo constar en la Memoria anual o en un informe extraordinario a les Corts.
En su indagación, la AVAF ha comprobado que todos los informes de la intervención con relación a estos expedientes de pago desde septiembre de 2017 a septiembre de 2020, han sido informados con reparo de legalidad o con omisión de la fiscalización.
Desde el 27 de agosto de 2017, una vez finalizado el contrato hasta la suscripción de uno nuevo en septiembre de 2020, se estuvo pagando a la empresa especializada por los servicios de desinsectación, desratización y desparasitación, desratización en el alcantarillado público, mosquitos y control de plagas "sin contrato alguno" por un total de 275.646 euros. Y en el caso del plan de choque contra los mosquitos cuantificado en 39.748 euros, impulsado por la edil Diana Box a mediados de 2020, "no consta tramitación de expediente de contratación, de ningún tipo, no se justifica la contratación de emergencia documentalmente en la fecha de la prestación, que ahora aduce el ingeniero agrónomo municipal en informe ad-hoc". En este último trámite no intervino el órgano de contratación "que es quien debía considerar la emergencia, no se documentó quien realizó el encargo, no tiene noticia alguna el departamento de contratación que se remite a los expedientes de pago de sanidad, no se formalizó ningún contrato, ni ningún expediente a posteriori y no hubo ningún tipo de publicidad".
El Ayuntamiento facturó sin contrato más de 22 millones de euros durante el ejercicio de 2021. Sobre todo para cubrir los servicios de recogida de basuras y transporte urbano. Ha logrado contratar algunas prestaciones, como el mantenimiento de colegios, al tiempo que va a tener que asumir el pago sin contrato de otras, como la conservación de parques y jardines.
