La interventora del Consorcio Vega Baja Sostenible para la gestión comarcal de residuos ha dejado su cargo en el órgano público formado por los 27 municipios de la comarca, la diputación y la Generalitat, según han confirmado fuentes de la entidad. El alcalde de Dolores y diputado provincial, Joaquín Hernández (PSOE), preguntado por esta renuncia ha asegurado que se trata de una consecuencia directa de la «incapacidad» y «pasividad» de la presidenta del organismo público, la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP) de sacar delante la gestión del plan zonal y la puesta en marcha de la planta de transferencia. Hernández reitera que Belmonte no «tiene interés por abrir la planta de transferencia» y considera «que solo cumple un papel de mejora ambiental no de mejora de costes por la reducción del volumen de residuos que conlleva, y que también deberían cumplir los municipios en su gestión local».
Fuentes de la dirección del Consorcio lamentaron que se quiera politizar esa decisión totalmente ajena a los motivos que esgrime el primer edil de Dolores y prefirieron no pronunciarse sobre esta decisión para respetar el trabajo de los funcionarios que están a diario intentando sacar adelante la puesta en marcha del plan zonal y la apertura de la planta de transferencia de Dolores. En cualquier caso, la renuncia de la habilitada, que seguirá ejerciendo sus funciones en la Diputación, estaría más vinculada a su carga de trabajo que a problemas con la gestión y dirección del Consorcio. Algo que, por otra parte, es habitual en otros consorcios de la Comunidad Valenciana. La misma fuente indicó que el puesto del técnico va a ser cubierto.
La interventora estaba gestionando la actualización de precios que la adjudicataria del servicio UTE Vega Baja, la empresa que debe desarrollar el plan zonal que se remota a principios de la década de los 2000, y que ha planteado para poner en marcha su contrato. El contrato se adjudicó en 2008 sin apenas actualizaciones posteriores y nunca ha entrado en vigor.
De ahí que la UTE quiera pactar el precio por tonelada al alza mientras que el Consorcio quiere salvaguardar los intereses de los vecinos de los municipios consorciados: las condiciones que se fijen ahora condicionarán la sostenibilidad económica del servicio durante décadas y un desembolso de dinero público superior a los 500 millones de euros, que los municipios deben asumir en proporción a su generación de residuos y eliminación.
Sobre la apertura de la planta de transferencia la dirección del organismo ha matizado que para poder iniciar su actividad en verano, para asimilar la ocupación estival en la zona litoral y a la vista que no llega un acuerdo con la UTE, se ha requerido ya en tres ocasiones a la empresa pública Vaersa que reclame al Ayuntamiento de Dolores la licencia de apertura. Sin embargo, Vaersa, firma que construyó la instalación por encomienda de la Generalitat no la ha pedido pese a que ha sido la Generalitat y el propio Ayuntamiento de Dolores los que apremian al Consorcio para que se abra.
La planta en la que se han invertido más de dos millones de euros está terminada desde finales del año pasado y podría recibir hasta 200.000 toneladas de residuos orgánicos además de volúmenes menores de otras fracciones para su eliminación definitiva en plantas de reciclaje de la provincia.
Cambio improbable
Por otra parte, la iniciativa en el seno del PSOE para hacerse con la dirección del Consorcio no parece que pueda llevarse a cabo a corto plazo. En primer lugar, la nueva alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, debe asignar el representante de su ayuntamiento, que al ser el que más residuos genera junto a Torrevieja, cuenta con mayor porcentaje de voto ponderado. Algo que todavía debe pactar con Cs. Sin embargo, el nuevo gobierno oriolano desconoce oficialmente la propuesta de Joaquín Hernández de presidir el organismo en función de esa nueva correlación de fuerzas a favor el PSOE y es difícil que se haga efectiva a un año de concluir el mandato y sin el visto bueno, todavía, de la Generalitat.
