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El paso entre Aguamarina y La Caleta seguirá cerrado en verano

Aix reconoce que no va a ser posible y culpa al PP de no realizar el trámite, pese a que el compromiso del Ayuntamiento fue reabrirlo para la época estival por vía de la expropiación

El Ayuntamiento cerró el paso en diciembre para cumplir con una sentencia TONY SEVILLA

Primer pleno de Orihuela que con el nuevo reglamento que se aprobó en otra sesión se permiten preguntas de la ciudadanía sin ser presencial previo registro. Así, nada más comenzar, José Aix (Ciudadanos), como concejal de Patrimonio, ha respondido a una cuestión que planteó la Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas. El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento cerró, en cumplimiento de una sentencia judicial, el paso que conectaba la senda peatonal de Aguamarina con La Caleta, obligando desde entonces a dar un gran rodeo de dos kilómetros para salvar ese tramo de tan solo 60 metros y llegar a la playa.

Su antecesor en el cargo, el edil Rafael Almagro (PP), dijo a este medio que en base al interés general a la administración le quedaba la vía de la expropiación, afirmando que el asunto estaría resuelto y se volvería a abrir antes del verano. Por ello, la organización vecinal preguntó a Aix si asumía ese compromiso para que se reabra a la mayor brevedad, a lo que el también vicealcalde ha respondido que su intención es «reabrirlo lo antes posible». Sin embargo, ha apuntado que «hablar del compromiso de otros es como discutir el sexo de los ángeles», por lo que ha reconocido la imposibilidad de cumplir con ese plazo. En este sentido, ha explicado que el expediente no tiene un solo movimiento. Almagro ha afirmado a este periódico que se realizaron para reuniones con la comunidad de propietarios sin resultados hasta el momento.

Los vecinos del residencial Bella Vista construyeron un muro en 2013 para cerrar este sendero junto al acantilado y pegado a los jardines de sus viviendas. Dos años después el exconcejal de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE), ordenó su derribo, un procedimiento que la justicia declaró ilegal. De ahí que para acatar la sentencia, que obligaba al Ayuntamiento a restituirlo a su estado original, en diciembre se volviera a cerrar.

El pleno ha aprobado una modificación de crédito extraordinaria por valor de casi 1,4 millones de euros que va a dar salida a "proyectos necesarios para la ciudad", como la adquisición de un inmueble en la Plaza de Santa Lucía para la ampliación de las dependencias de judiciales, la consolidación y rehabilitación de las norias gemelas Moquita y Pando, el parque fijo infantil de educación vial, la rehabilitación y acondicionamiento de la Sala de Hombres en el Museo Arqueológico Comarcal, entre otros.

PP y Vox se han opuesto a esta modificación al mismo tiempo que han reclamado al equipo de gobierno que presente un presupuesto que, según anunciaron, estará listo antes del verano. Almagro, también portavoz del grupo popular, ha calificado esta modificación de «chapuza que le han puesto a la alcaldesa a la firma», en referencia a sus socios de Ciudadanos. Además, ha advertido de que «las carga el diablo; a ver si va a pasar lo mismo que en Benejúzar», donde también gobiernan socialistas y la formación naranja, con los desacuerdos para sacar adelante un crédito con el que sufragar las fiestas.

La tasa a las terrazas

El pleno ha dado luz verde a la suspensión de la tasa por ocupación de a vía pública a la hostelería hasta 2024. El PP ha presentado una enmienda para que ese plazo no fuera más allá del próximo 31 de diciembre, estando ahora fijado hasta el 30 de junio. Esta medida de los populares no ha salido adelante gracias al voto de calidad, ya que con la abstención de Cambiemos (3 concejales) los 11 del equipo de gobierno -PSOE (6) y Ciudadanos (5)- quedaban empatados con los 9 del PP más los 2 de Vox, que se ha unido a los populares. No obstante, Cambiemos, que ha abogado por una revisión general de la fiscalidad y «corregir políticas caóticas», ha votado a favor de la propuesta del nuevo gobierno.

Todos los grupos, salvo el PP, han votado a favor de la aprobación inicial de la ordenanza de mercados, que pasará a exposición pública, con el objetivo de dar respuesta a un problema que llevan sufriendo desde hace años los mercaderes en cuanto a horarios, permisos y zonas, ha manifestado el concejal Ángel Luis Muñoz.  

El juez de Aguas interrumpe la sesión plenaria para exigir consenso

Una buena parte de la sesión plenaria la ha ocupado el debate en torno al agua. Tanto PP como PSOE han llevado una moción en defensa del trasvase Tajo-Segura, después de la intención del Gobierno central a recortarlo en función del plan que aumenta los caudales ecológicos en la cabecera. Ambos textos han salido adelante, aunque con matices y discrepancias e incluso enmiendas de por medio que han enroscado el discurso.

De espaldas, Pedro Mompeán, juez de Aguas de Orihuela

Entretanto, Pedro Mompeán, juez de Aguas de Orihuela, que ha asistido al pleno, ha querido intervenir hasta en dos ocasiones. La presidenta, la alcaldesa Carolina Gracia, ha manifestado que el reglamento no permite darle la palabra, aunque eso no ha impedido que este continuara para demandar que los políticos se pongan de acuerdo y hablen desde la realidad, con conocimiento de causa, porque «el agua no tiene colores ni debe entrar en política».

A sus 80 años, ha dicho defender a todos los regantes tradicionales y en general a toda la comarca, pidiendo «lo que es justo para la Vega Baja». En suma, que «sin trasvase solo habrá ruina». También ha subrayado que «a España no le falta agua, sino administración» y gestión. Por último, ha afirmado que es «una pena que la Vega Baja esté bajo el dominio político con el agua, que es de todos».

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