El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó ayer inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de Plusvalía. El concejal de Hacienda, Domingo Paredes (PP) defendió la gestión municipal de esta tramitación y justificó el retraso a la hora de llevarla al pleno en un párrafo incorporado en el texto que garantiza, según el gobierno local, la incorporación automática de cualquier cambio posterior sobre la legislación estatal que regula el tributo. Un ordenanza en la que el gobierno local no modifica ni un solo de los coeficientes de reducción ni bonificaciones que permite el decreto-ley que regula impuesto desde noviembre para rebajar la liquidación, algo que el PP argumentó en la incertidumbre sobre el impacto que tendrá en la recaudación del impuesto con los nuevos criterios fijados.
Al Ayuntamiento se le pasó el plazo para aprobar definitivamente la ordenanza el 10 de mayo. Entre esa fecha y la aprobación definitiva de la ordenanza, que según la oposición de izquierdas de PSOE, Los Verdes y Sueña podría producirse definitivamente a mediados de julio existe un limbo legal que se prestará, aseguran, a una «avalancha de recursos». El concejal Domingo Paredes aseguró que los responsables de SUMA, organismo autónomo de la Diputación responsable de las liquidaciones, garantizan que ese incumplimiento del plazo no tiene incidencia alguna legal aunque son conscientes de que «muchos abogados van a aprovechar esa circunstancia para presentar recursos». La propuesta de SUMA a los municipios para que iniciaran el procedimiento llegó el 14 de febrero pero la providencia del alcalde Eduardo Dolón (PP) para iniciarlo se firmó el 4 de abril.
Desde el diez de mayo hasta que se apruebe definitivamente y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y entre en vigor la nueva ordenanza, según la oposición, existe un vacío normativo en cuanto al método para el cálculo de la base imponible. Pilar Gómez, de Ciudadanos, que echó un capote en este sentido al PP, aseguró que existe una cláusula transitoria en el decreto ley que permite la aplicación mientras no exista ordenanza adaptada de los municipios. Pero la oposición señaló que esa disposición transitoria se relaciona "con el plazo que el mismo decreto establece y que es de 6 meses, es una normativa transitoria temporal para cubrir el vacío legislativo por la nulidad del Tribunal Constitucional".
El concejal de Hacienda Domingo Paredes justificó que el Ayuntamiento descarte rebajar coeficientes y aplicar bonificaciones en las liquidaciones en que necesita conocer la repercusión en los ingresos que van a tener los nuevos criterios de cálculo.
La ordenanza además no modifica a la baja los coeficientes que permitirían rebajar la presión fiscal del polémico impuesto que tiene en Torrevieja una importancia muy relevante -hasta un máximo de 25 millones de euros anuales en ingresos antes de los cambios derivados de la sentencia del Tribunal Constitucional-y que con las modificaciones derivadas de ese fallo van a reducir la recaudación a 14 millones de euros. Algo que Paredes justificó en un criterio de prudencia para comprobar cómo funciona la liquidación.
La oposición de Los Verdes y Sueña Torrevieja lamentó que «Eduardo Dolón y el concejal de Hacienda siempre llegan tarde porque 63 ayuntamientos de la provincia, todos los grandes y medianos, ya han adaptado su ordenanza fiscal antes del 10 de mayo y otros tantos la tienen en exposición pública». La edil del PSOE, Fanny Serrano invitó al alcalde y el concejal de Hacienda el alcalde y el concejal a pagar de su su bolsillo todas las liquidaciones que se anulen desde el 10 de mayo hasta la aprobación definitiva de la ordenanza. Pablo Samper lamentó que el PP a nivel estatal, autonómico y local pida la reducción de impuestos en la oposición pero no cuando está en el gobierno y que haya adoptado la decisión de emplear los criterios de rebaja de coeficientes y bonificaciones cuando el Ayuntamiento "tiene el banco 110 millones de euros", y en el mismo sentido se expresó el concejal portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz.
La nueva legislación da margen a las administraciones de reducir hasta un 15% el valor catastral de los inmuebles a los efectos exclusivos del cálculo de la base imponible. También una reducción de los coeficientes que, como máximo, ha establecido el gobierno transitoriamente para cada período de generación del impuesto, podían haberlos reducido. Sin embargo, la única bonificación que tenemos, la de mortis causa a favor de descendientes -la más habitual y la que resulta muchas veces más difícil de afrontar para los vecinos- es del 50%cuando podría ser hasta del 95%
El gobierno local podría haber añadido otra bonificación de hasta el 95% para las transmisiones de bienes afectos a actividades económicas, interés cultural, histórico o artístico. Además la ordenanza aprobada inicialmente ayer habla de que la forma de gestión del impuesto es de declaración o autoliquidación, cuando realmente sólo hay regulación de la declaración no ha posibilidad de hacer liquidación, según especificó el PSOE.
