El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche ha desestimado el recurso presentado por Los Verdes y Sueña Torrevieja contra la aprobación del presupuesto de 2021. La resolución condena en costas a los recurrentes, los concejales portavoces de la oposición de izquierdas al equipo de gobierno del PP, Israel Muñoz y Pablo Samper, que tendrán que aportar en torno de 2.000 euros.
Los ediles habían argumentado en su demanda que se había vulnerado sistemáticamente el derecho fundamental a la participación política y acceso a la información de los cargos públicos en la tramitación que llevó a cabo el gobierno del PP de los presupuestos, al no contar con toda la documentación e informes sobre el proyecto de las cuentas.
El fallo de la magistrada Rosa María Villegas, basándose en un informe de la interventora donde se indica que los representantes de ambas formaciones intervinieron en las distintas comisiones especiales de Hacienda, asegura "que su derecho de participación pública quedó debidamente garantizado", y que además el expediente con el que se conformaron los presupuestos "está completo". En este sentido, el fallo judicial mantiene que en ese expediente se incluyó la liquidación del ejercicio anterior -pese a que ambas formaciones mantenían en su recurso que había sido omitido-. También señala que los defectos de forma que también recogió la interventora en otro informe "eran formales" y no "tenían efectos invalidantes" en la elaboración del presupuesto. En definitiva, la jueza insiste en que "no se ha privado a los recurrentes del derecho de participación en el trámite de elaboración y aprobación de los presupuestos", han tenido "acceso a toda la documentación y han efectuado las alegaciones que han considerado oportunas. Además, recuerda que el presupuesto pasó por aprobación definitiva del pleno en dos ocasiones.
La resolución judicial no tiene en cuenta el criterio de la secretaria general del pleno que señalaba las irregularidades en las actas de las comisiones por estar incompletas, al no incluir los debates, ni las intervenciones de los técnicos ni de los concejales, con una transcripción incompleta, que impedía que el resto de miembros de la Corporación conociera el detalle de la tramitación.
Si el recurso hubiera salido adelante hubiera comprometido parcialmente la gestión municipal porque el presupuesto de 2020 ya estaba invalidado por otro recurso, por lo que el gobierno municipal habría tenido que remontarse a aplicar el de 2019.
Como administración demandada estaba el Ayuntamiento de Torrevieja pero también el grupo municipal del Partido Popular, que asegura que podría iniciar un procedimiento para reclamar daños y perjuicios por los supuestos retrasos que la acción judicial pudo generar en la tramitación de los presupuestos, sobre todo por la medida cautelar que obligó al gobierno local a repetir la mayor parte de las gestiones que ya tenía avanzadas en marzo de 2021 por defectos formales. Incluso realizando una estimación sobre el porcentaje del presupuesto. Sin embargo se trata de una acción judicial que difícilmente saldría adelante porque iría contra el propio derecho fundamental de los cargos públicos a recurrir por la vía judicial irregularidades administrativas.
Muñoz y Samper lamentaron que en la resolución no se haya abundado en el fondo del recurso, ni tampoco haya tenido en cuenta las sucesivas ampliaciones de su demanda o el hecho de que los concejales que no son representantes de los partidos en las comisiones de Hacienda no tengan acceso a lo que se ha debatido porque no lo recogen las actas. Samper, por su parte, indicó que las formaciones de la oposición han ejercido su derecho a acudir a los juzgados cuando consideran que hay una situación irregular. De hecho, ambas formaciones tumbaron el presupuesto de 2020, un fallo que está recurrido por el Ayuntamiento en el TSJ y que incluso motivó la adopción de medidas cautelarísimas por parte de los juzgados.
Aunque en un principio no van a recurrir la sentencia, los ediles de la oposición consideran que la fiscalización de la tramitación ha permitido que el gobierno del PP sea mucho más cuidadoso a la hora de llevarla a cabo. De hecho un juez ordenó repetir toda la tramitación en marzo de 2021.
