La Conselleria de Calidad Democrática ha iniciado el procedimiento para declarar el campo de concentración de Albatera, ubicado en el término municipal de San Isidro, como Lugar de la Memoria Democrática Valenciana. Una vez concluya el trámite, se suspende cualquier intervención que pueda "poner en peligro los valores del bien", ha explicado la consellera Rosa Pérez Garijo, así como las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición y la eficacia de las que se hayan otorgado sobre el lugar.
El departamento ha destinado 100.000 euros, previstos en los primeros presupuestos participativos de la Generalitat, para la adquisición de dos parcelas, de unos 65.000 metros cuadrados, que se está negociando con los propietarios, con el objetivo de poner en marcha un Centro de Interpretación.
El alcalde del municipio, Manuel Gil Gómez, ha valorado positivamente que el lugar "sea visitable", ya que "además de saber lo que ocurrió generaría turismo para la localidad". En palabras de la consellera, "declarar este espacio de la memoria en estos terrenos, que durante muchos años no tenían nombre, es fundamental para que las personas que se desplacen hasta el campo puedan conocer qué es lo que ocurrió, como garantía de no repetición".
Las intervenciones arqueológicas, que ha impulsado el Consell y el Ayuntamiento en 2020 y 2021, han sacado a la luz la cimentación de un barracón de 60 metros de longitud por siete de ancho, objetos, desperdicios y munición.
Dirigido por Felipe Mejías, el grupo de trabajo continuará sobre el terreno con una tercera campaña que arrancará el 29 de agosto y se extenderá hasta mediados de octubre: "Realizaremos una prospección intensiva, sondeos y excavaciones para localizar otros barracones y seguir buscando la fosa común", ha avanzado el arqueólogo e historiador. "Todo apunta a que están cerca", ha añadido con el tesón de quien quiere documentar las huellas de los desaparecidos, con la dificultad de sondear un terreno que ocupa 14 hectáreas.
Todo ello, sostiene Mejías, permitirá la reconstrucción de este espacio al que fueron a parar, entre otros, todos aquellos que no pudieron exiliarse en el Stanbrook, uno de los últimos barcos que partió desde el puerto de Alicante con refugiados de la zona republicana al finalizar la Guerra Civil en abril de 1939. El campo funcionó como lugar de detención, identificación, clasificación y redistribución de prisioneros todavía sin juzgar, en el que un elevado número de personas fueron represaliadas mediante privación de libertad, vejaciones y torturas.
El recinto se clausuró siete meses después. Durante este periodo se calcula una ocupación de entre 15.000 y 20.000 reclusos y un número todavía indeterminado de muertes por enfermedad o inanición, así como por actos violentos y asesinatos.
