El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado y archivado la querella por presunta prevaricación administrativa contra el anterior conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, de Compromís, por el desmontaje de la Cruz de los Caídos en Callosa de Segura sin el preceptivo proyecto de obras.
Según el auto de la sala de lo Civil y Penal, la querella interpuesta el pasado 3 de diciembre por la Asociación de Abogados Cristianos contra el exconseller carece de fundamentos desde el ámbito de lo penal y, en todo caso, cabría en el orden contencioso administrativo.
El monolito se retiró de la plaza de España, junto a la Iglesia Arciprestal de San Martin, en febrero de 2018 por orden del Ayuntamiento, en ese momento gobernado por PSOE, EU y Somos Callosa, a través de un acuerdo que aprobó el pleno el 28 de enero de 2017 para cumplir con la Ley de Memoria Histórica.
La querella presentada tres años y medio después argumentó que la Conselleria había emitido un informe previo en torno al valor cultural, histórico y artístico de la cruz, con fecha del 22 de marzo de 2017, en el que "autorizaba su demolición sin hacer referencia a proyecto de obra alguno".
El TSJCV dictamina que la queja fundamental de los querellantes es que "el Ayuntamiento (que no la Conselleria, ni particularmente el querellado) ha demolido la cruz sin que exista un proyecto de obra adecuado"; es decir, sin seguir los trámites administrativos correspondientes. "Expediente que será correcto o no, pero que nos aleja de la idea de arbitrariedad, quedando su tramitación en cualquier caso sometido al control de los tribunales del orden contencioso administrativo", prosigue el auto.
En todo caso, el alto tribunal incide en que la demolición fue ejecutada por el Consistorio y no por la Conselleria, de la que añade que únicamente emitió un informe a petición de aquel y que el mismo fue firmado por la directora general de Cultura y Patrimonio: "A efectos de este tipo penal, deberemos descartar lo que constituyen meros informes previos". Además, continúa la sala, "no nos consta participación personal y directa" de Marzà.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, sostuvo que el proceso estuvo "plagado de irregularidades" y que los políticos se "saltaron la ley con el único objetivo de imponer su ideología", por lo que el colectivo, a petición de la Plataforma en Defensa de la Cruz, exigía su nulidad y restitución. En este caso, por la vía penal después de varios intentos por lo administrativo y civil. En junio, el TSJCV también desestimó el recurso de apelación que la plataforma presentó para impugnar la sentencia que emitió en 2018 el juzgado de lo contencioso administrativo de Elche, que falló que la retirada de la cruz no vulnera el derecho a la libertad religiosa. Abogados Cristianos anunció el mismo día de la querella que acudiría al Tribunal Supremo.
Al mismo tiempo, el alcalde de Callosa, Manuel Martínez (PP), anunció que el Ayuntamiento iniciaba un procedimiento para que se revise el acto administrativo que concedió la autorización, al constatar que "falta información que es preceptiva", como el proyecto de obra y un estudio arqueológico, como "así lo requiere el plan general en un entorno BIC y en el casco histórico". Todo ello con el objetivo de restituir un elemento que "más allá de la simbología religiosa que tiene, es histórico y hasta folclórico".
La retirada de la cruz causó una intensa polémica en la localidad, con concentraciones de vecinos y disputas entre los diferentes partidos representados en la corporación municipal. El monumento de mármol blanco fue levantado en la década de 1940 tras la guerra civil con la inscripción de "José Antonio Primo de Rivera presente" y otras sobre Falange Española que fueron retiradas por la parroquia en septiembre de 2016, quedando en la base del monolito un listado de los callosinos fallecidos.
El suceso también provocó que el Obispado reclamara la propiedad de la cruz y el suelo que ocupaba. En suma, la Iglesia advertía en la demanda al Ayuntamiento de que no podía actuar sobre un monumento que es suyo "por título de donación y por prescripción adquisitiva, poseyéndolo pacífica e ininterrumpidamente, custodiando, conservando y encargándose de la escultura desde su edificación hasta hoy". Recientemente se ha celebrado el juicio, pendiente de sentencia, para dirimir si es de la parroquia o de titularidad municipal.
