La Fundación CAM, propietaria del edificio en la calle Loaces, junto al Puente Nuevo, ha remitido un escrito al Ayuntamiento advirtiendo de que "el inmueble se encuentra ocupado por dicha entidad". Al mismo tiempo que indica "buena fe y disposición colaboradora", insta al consistorio a resolver "esta situación irregular" antes del 31 de agosto. De lo contrario, le invita a "abandonar las instalaciones del Aula de Cultura antes del 30 de septiembre".

Dispone de dos salas, una con capacidad para 450 personas y otra para 180, además de salones para exposiciones y un aula joven. El Ayuntamiento lo utiliza como salón de plenos y dependencias municipales desde que el Palacio del Marqués de Arneva, la sede consistorial, se encuentra en rehabilitación. Aunque las obras están a punto de finalizar, todo indica que por falta de espacio no se podrán trasladar todos los servicios, por lo que la corporación tendrá que seguir usando las instalaciones de la CAM, al menos, hasta que se amplíen las dependencias municipales, algo que está previsto con la reforma del edificio que albergaba los antiguos juzgados pero que no estará lista antes de un año. Con todo, tampoco se ha concretado aún qué servicios y áreas albergará. Únicamente ha trascendido que tendrá una capacidad para cien trabajadores.

En 2019 ambas entidades llegaron a un acuerdo de cesión gratuita, cuando la Fundación anunció que tenía previsto el cierre de este espacio emblemático en la ciudad, que se inauguró en 1986, albergando más de 30 años de historia cultural y social de la comarca: cientos de exposiciones, actos, conciertos y hasta proyecciones de cine, así como talleres, ponencias y actividades formativas.

Fuentes del equipo de gobierno explican a este diario que están trabajando para encontrar una solución, ya que "el PP dejó el contrato en el aire". En el último trimestre del año pasado, antes de que finalizara el acuerdo de cesión el 31 de diciembre, la compra del edificio a cargo de remanentes -o superávit- por 3 millones de euros protagonizó los plenos y debates públicos.

Ciudadanos se opuso firmemente a la adquisición, una propuesta que lideraba su socio de gobierno, el PP, y que no veían del todo mal Cambiemos y PSOE. De hecho, el grupo socialista el ofreció su voto a favor a los populares para no depender de la formación naranja, que en reiteradas ocasiones tachó la medida de "capricho" y de "alardes innecesarios y ostentosos" al considerar que ya había suficientes dependencias municipales.

Tras varios intentos infructuosos, finalmente, en un pleno extraordinario el PP se quedó solo en la intención de que el edificio pasara a engrosar el patrimonio municipal, volviendo a poner de nuevo las discrepancias entre el equipo de gobierno. En enero, comenzó un alquiler con opción a compra por 13.055 euros (más IVA) al mes, pero en "precario", a la espera de formalizar el contrato en el plazo de dos meses, según la previsión del PP en aquel momento. Sin embargo, no se hizo antes de la moción de censura del 25 de abril ni después.

En todo ese tiempo, mientras el PP negociaba los presupuestos de 2022 no renunció a incluir la compra. Ahora, el bipartito conformado por PSOE y la formación naranja pretenden sacar adelante los presupuestos, la principal prioridad que se marcaron al desbancar a los populares del poder, pero incluir este punto supondría entrar en desavenencias entre los nuevos socios.