La concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Orihuela, Luisa Boné (Ciudadanos), ha emitido una resolución por la que se nombra a Juan Ramón Mancheño director del área de Urbanismo, concejalía que está en manos de José Aix (Ciudadanos), "con carácter provisional y temporal, por el plazo de un año".
La propia edil indica que debería realizarse un proceso de selección: "Podría existir en la plantilla municipal más funcionarios, con las mismas cualidades y condiciones, interesados en la misma, lo cual debería conllevar un previo concurso o proceso que posibilitase el acceso en condiciones de igualdad a todos los que quisieran optar a dicha atribución". Pero al mismo tiempo justifica esta decisión "dadas las necesidades organizativas prioritarias y de operatividad" para ocupar el puesto "vacante". En este punto, el portavoz del grupo popular, Rafael Almagro, señala que "esta plaza estaba ocupada por una funcionaria de carrera con amplia experiencia y valía profesional a la que se han cargado".
La notificación entró en el registro municipal el día 13, después de que Mancheño tomara posesión el día 9 como Técnico de Administración General (TAG), un paso previo para poder atribuirle sus nuevas funciones.
La resolución también explica que se trata de una competencia que corresponde a la junta de gobierno; sin embargo, se delegó en Boné el 29 de abril, solo cuatro días después de la moción de censura que desbancó al PP del poder gracias a la coalición entre PSOE y Ciudadanos y el apoyo de Cambiemos.
Ya en el último pleno, el 26 de mayo, cuando se estaba gestando este nombramiento, Carlos Bernabé, edil de Cambiemos, sin nombrar a Mancheño pero aludiendo a la dirección de Urbanismo, advirtió a Boné de que si "esta maniobra" se llevaba a cabo, como ha ocurrido, "podría suponer una quiebra de la confianza que dio lugar al cambio de gobierno", porque "es una perversión de la regularidad que debe primar en este proceso selectivo". "No quedan suficientemente aclaradas las circunstancias de urgencia e inaplazable necesidad que justifican la convocatoria de estas plazas", prosiguió Bernabé, en referencia a la cobertura temporal mediante comisión de servicios de tres puestos de técnicos de administración general.
Las sospechas radican en que Mancheño es próximo al entorno de Ciudadanos, aunque "lo trajo el PP en 2017, otorgándole amplios poderes como interventor dando lugar a una época de escasa fiscalización en el área económica de la corporación", aclara María García, concejala de Cambiemos. En marzo del año pasado Cambiemos y Claro denunciaron "las prisas" del gobierno, conformado entonces por PP y Cs, por aprobar el proyecto de Cala Mosca, donde está previsto construir más de 2.000 viviendas en la última zona virgen de Orihuela Costa.
Ambas formaciones aseguraron que se pretendía llevar la propuesta a pleno saltándose un informe que el secretario del Ayuntamiento había pedido que se hiciera antes. Concretamente, señalaban que Mancheño, entonces director de Urbanismo, solo solicitó informes sobre el planeamiento y la modificación del plan parcial, pero omitió el proyecto de urbanización. "Además de indicar que el Ayuntamiento debía hacerse cargo del mantenimiento de las zonas verdes que albergarían las especies protegidas de flora y fauna que se encuentran en la zona cuando debe ser la promotora", apunta García.
Hay que recordar que una de las medidas que Cambiemos exigió para apoyar la moción de censura fue paralizar el plan urbanístico en Cala Mosca.
"No le estamos poniendo nombres y apellidos, pero sé perfectamente a la persona que se refiere, y no sé qué problema puede tener porque no está en proceso judicial ni tiene expediente administrativo abierto. Me parece fatal que pongamos vetos a quien no ha hecho nada o, por lo menos, no hay prueba de ello", contestó Boné a Bernabé en el pleno de mayo, en el que la edil también insistió en "la necesidad urgente de incorporar técnicos de administración general", porque "es imposible que este municipio funcione con cuatro". También hizo referencia a que "se constituirá una comisión que valorará los méritos para asignar las plazas". En concreto, continuó, tres vacantes: dos de TAG y una de jefatura de Patrimonio, que finalmente ha sido de Urbanismo.
Por su parte, Almagro recuerda que siempre han advertido de que "desde Recursos Humanos se intentan irregularidades/ilegalidades", teniendo incluso que "frenar ascensos a dedo" cuando compartían gobierno con Ciudadanos.
Esa desconfianza provocó que en septiembre Bascuñana retirara competencias a Boné y un mes después el exalcalde solicitó a la Generalitat que propusiera a los miembros de los tribunales, "en aras a una mayor imparcialidad", decía el escrito. En concreto, se dirigió a la Dirección General de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que tiene la potestad de establecer las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad de todas las escalas y categorías de los cuerpos de la Policía Local.
Incluso, el PP llegó a manifestar que "las diferencias que existen con Ciudadanos estriban en que quieren evitar los controles del secretario, el oficial mayor y la asesoría jurídica, intentando que participen en los asuntos lo mínimo posible". Estas acusaciones, a su vez, derivaron en que la formación naranja denunciara "un ninguneo" constante por parte de sus socios, a los que achacó la ruptura del pacto de gobierno.
Recientemente, al subdelegada del Gobierno en la provincia, Araceli Poblador Pacheco, ha remitido una resolución al Ayuntamiento en la que insta a la alcaldesa, Carolina Gracia, a anular en el plazo de un mes la oferta de empleo público de 35 plazas de personal laboral fijo discontinuo para limpieza viaria, Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y protección civil, por considerar que "se han infringido los preceptos legales". Este acuerdo, que adoptó la junta de gobierno el 30 de mayo en sesión extraordinaria, pretendía incorporar una treintena de puestos para reforzar el servicio de limpieza de mayo a octubre.
Posible fraude de ley
Cambiemos volverá a insistir en esta cuestión en la próxima sesión plenaria. Mientras, los servicios jurídicos de la formación política estudian la legalidad de este movimiento y si se trata de fraude de ley al ofrecer un puesto de trabajo, y "con premeditación y deliberadamente elevar la categoría, las condiciones laborales y el área de cuestión después de ser nombrado en la plaza", sostiene el concejal Javier Gracia, que explica que una plaza de Técnico de Administración General, que "en un principio fue ofertada en la categoría 20 con un salario de 10.412 euros, ha sido adjudicada por Recursos Humanos a Mancheño con una categoría 28, con una remuneración que triplica la cantidad anunciada". De demostrarse que hay ilegalidades, "presionaremos al actual gobierno municipal para que tome las medidas pertinentes con el objetivo de subsanar esta situación lo antes posible", concluye Gracia. El PP tampoco descarta emprender acciones judiciales.
