La provincia de Alicante ha perdido en 20 años un 30% de suelo fértil. Es la zona donde más se ha disparado la erosión, por detrás de Almería, no solo por el cambio climático, sino también por el abandono de los cultivos. La inactividad evoluciona hacia problemas de degradación e incluso potencia el riesgo de incendio. De hecho, la nueva Ley de Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana y la Ley Forestal contempla expropiaciones temporales a los propietarios de tierras que no cumplan con buenas prácticas.
Seis ayuntamientos de la Vega Baja -San Miguel de Salinas, Callosa de Segura, San Isidro, Granja de Rocamora, Formentera del Segura y Cox- han puesto en marcha un "Banco de tierras", un registro de activos con el fin de poner en contacto a propietarios de terrenos cultivables que no se usan con demandantes de parcelas, con el objetivo de recuperar la actividad agraria.
Esta herramienta, que facilita acuerdos de cesión o alquiler, se gestiona a través de Buscatierras, una agencia de dinamización rural que en sus siete años de trabajo ya ha activado 35 bancos de tierra con ayuntamientos de siete autonomías: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Andalucía, Extremadura, Canarias y Baleares.
Pero es algo más que un censo de campos abandonados. El director técnico de Buscatierras, Joan Carles Caldentey, explica que es "una radiografía cartográfica sobre la actividad agraria que se desarrolla en cada municipio, de forma que le sirve a la Administración para tomar decisiones sobre el mantenimiento y la gestión de las zonas agrícolas y forestales, claves para nuestra supervivencia y la del entorno".
La comarca tiene grandes extensiones de tierra cultivada, lo que indica que el sector se mantiene activo pese a las limitaciones que tiene la agricultura actualmente como actividad económica. Sin embargo, según los polígonos catastrales analizados, tiene por delante una serie de retos ante el envejecimiento de la población agraria y el riesgo de que las parcelas semicultivadas pasen a abandono a corto plazo. A esto se suma un alto porcentaje de pequeñas parcelas -también con una mayor tendencia al abandono- que "requiere de mecanismos de concentración para asegurar la rentabilidad de los cultivos, ya que aglutina la producción y ahorra costes", prosigue Caldentey.
A falta de cerrar los datos de Cox, los cinco municipios analizados suman 1.400 hectáreas de suelo agrícola abandonado. San Isidro es el que presenta un mayor porcentaje: 249 hectáreas (239 parcelas) de un total de 821 (627 parcelas), lo que representa un 30% (un 22% con respecto al total de la superficie del municipio).
Le sigue Granja de Rocamora, con un 19%, 96 hectáreas (250 parcelas) de sus 492 hectáreas cultivables, un 14% de la extensión total. Según el estudio, estas parcelas abandonadas representan en su mayoría cultivos herbáceos, lo que facilita su recuperación. Además, su elevada concentración de terrenos en activo hace que esta zona cobre un mayor interés a la hora de desarrollar nuevas estrategias.
En tercer lugar, Formentera del Segura tiene 56 hectáreas sin cultivar (163 parcelas) de un total de 309 (un 18%, un 13% de la superficie total).
San Miguel de Salinas, que presentará su "Banco de tierras" este miércoles, cuenta con 4.157 hectáreas de suelo agrícola, destinadas principalmente al cultivo de cítricos y herbáceos, lo que representa un 64% de la extensión del municipio. De esta superficie, el 82,4% está cultivada o parcialmente cultivada, sumando 3.426 hectáreas. El terreno abandonado supone un 17,5% (731 hectáreas). En el análisis territorial, destaca el gran número de parcelas cultivadas: 577, el 40% del municipio.
Mientras, Callosa de Segura dispone de 1.722 hectáreas de suelo agrícola que se destina al cultivo de cítricos y herbáceos, lo que representa un 69% de la superficie de la localidad. El 85% (1.456 hectáreas) está cultivado o semicultivado, de forma que el terreno abandonado representa el 15% (266 hectáreas repartidas en 463 parcelas) de la superficie agrícola.
Estas radiografías permiten establecer estrategias que aumenten las oportunidades de trabajo y de emprendimiento en el sector, además de contribuir al relevo generacional, sembrando vocaciones agrarias, desde el ámbito escolar y los huertos comunitarios hasta la creación de negocios agroalimentarios. Según el informe anual del Ministerio de Agricultura, en 10 años el 62% de los agricultores se habrán jubilado.
El enfoque de un banco de tierras va más allá de un punto de encuentro entre propietarios y demandantes de tierras: "Es un proyecto social, educativo y sectorial", resalta Caldentey. Por ello, se actúa en el ámbito educativo, con charlas y talleres que se imparten a alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 4º de ESO para que conozcan experiencias de éxito y recreen una empresa.
El Ayuntamiento de Cox, que ultima sus datos, ha comenzado con el fomento agrario en los centros educativos para que los menores conozcan el municipio y los jóvenes vean que hay una oportunidad y una salida.
"El arraigo empieza en las escuelas; pretendemos sumergirlos en la idea de que el campo es una profesión de futuro y que a la vez se sientan parte del mañana", indica Caldentey, que subraya que "trabajar la tierra supone gestionar el territorio, fijar población y luchar contra el cambio climático".
Ahora bien, es también consciente de la pérdida de rentabilidad: "El principal escollo es lograr un sueldo digno". En este sentido, aboga por "innovación y nichos productivos que apuesten por un modelo sostenible", al mismo tiempo que es necesario incentivar el mercado de cercanía, con "una industria agroalimentaria que se nutra de la producción local", agrega.
Otra de las patas en las que se sustenta la iniciativa es la formación a través de una lanzadera de empresas agrarias: "La salida de nuevos emprendedores formados es la clave para la ocupación del parcelario rústico abandonado", concluye Caldentey.
