El Ayuntamiento de Torrevieja dispuso 42.000 euros en 2021 para sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos municipales. Más de la mitad -unos 23.200- fueron a parar al grupo municipal del Partido Popular (PP) en función de su representación mayoritaria en la Corporación con quince concejales. Le sigue el PSOE, que recibió 8.800 euros, Los Verdes con 5.600, y Sueña Torrevieja y Ciudadanos, que cuentan con un acta de edil cada uno, con 2.400. Al margen de los gastos más prosaicos que se esperarían para el destino de este dinero público como material de oficina, mantenimiento y alquiler de equipos informáticos, suministro de surtidor de agua mineral o suscripciones a medios de comunicación, aparecen otros que a la ciudadanía de a pie le puede resultar cuanto menos chocante pero que no son cuestionados por los técnicos. Algo que, por otra parte es competencia de un Tribunal de Cuentas, al que le llega la documentación de los ayuntamientos y que difícilmente actúa de oficio.
Lo que dice la ley de Bases de Régimen Local sobre el uso de esta financiación no es un alarde de precisión más allá de prohibir que ese dinero se destine a remuneraciones de personal y a la adquisición de bienes patrimoniales. Solo señala que ese presupuesto municipal debe cubrir fines relacionados con su actuación municipal. Por ejemplo, el PP se ha «fundido» la mayor parte de su consignación en la defensa jurídica para seis procedimientos abiertos contra sus concejales por grupos de la oposición, la mayor parte demandas por la vía administrativa, pero también en al menos un caso relativo a la Concejalía de Aseo Urbano, por lo penal. Más de la mitad del dinero que recibieron los populares -13.220 euros- ha ido a parar al pago de las minutas de cuatro abogados distintos, por procedimientos, que han ganado, porque menos un caso que sigue en instrucción, han obtenido el sobreseimiento o la desestimación de las causas. Otro gasto extraordinario que figura en las cuentas del PP es el destinado a «coaching, dimensión humana de las organizaciones, con sesiones grupales e individuales»: 1.150 euros por la formación y otros 1.950 euros por la estancia durante la jornada en un salón de un hotel de cuatro estrellas de Torrevieja el pasado mes de noviembre. También figura un anuncio de embargo de cuentas del grupo por parte de la Agencia Tributaria de algo más de cien euros, que ya se ha resuelto, por el retraso en el abono de autoliquidaciones. Retraso en el pago relativamente habitual en la gestión de estas cuentas.
El gasto justificado por el grupo del PSOE sigue siendo con diferencia el menos ortodoxo entre todos los partidos. Aparecen recibos de peajes, gasolina, una suscripción a servicios google, menús de restaurantes -con coste y desglose mucho más discreto que en la anterior presentación de cuentas-, la compra de regalos solidarios infantiles (70 euros) o la adquisición de material para mejorar las condiciones del despacho. Las cuentas de Los Verdes son sota, caballo y rey desde hace muchos años: ofimática y alquiler de equipos informáticos, puesto que estos equipos informáticos forman parte de esos «activos fijos de carácter patrimonial» que la ley impide adquirir. El grueso de gastos, de nuevo, va a parar a los honorarios de letrados, esta vez para denunciar aspectos de la labor de la gestión del PP.
En el documento de ingresos y gastos de Sueña los gastos también van a parar a la minuta de los abogados para ejercer la fiscalización al equipo de gobierno: casi 2.000 de los 2.400 euros con los dispuso el año pasado se destinaron a ese objetivo. Sí figura el encargo de una encuesta a una empresa especializada sobre proyección electoral y preocupaciones de los torrevejenses, algo que esta formación ya ha hecho en otras ocasiones. Por su parte Cs y su única edil, ha empleado algo más de 1.400 euros de la asignación anual de 2.400 para el pago de bases de datos de legislación -Alzabarán y Lefebvre-. La concejala Pilar Gómez Magán, es abogada y hace compatible su actividad laboral con el cargo público.
El pufo de Vox
Estos grupos con representación municipal han presentado movimientos de cuentas, certificado bancario de movimientos y facturas acompañadas de cheques o justificantes de pago. Todos no. La interventora hace ver en su informe que falta Vox. La que fuera concejala de la formación de ultraderecha hasta marzo de 2021 Carolina Vigara, no ha justificado, como ya ocurriera en 2020, a qué destinó el dinero municipal los tres primeros meses de ese año. Y se marchó del partido precisamente después de que un juzgado la imputara y comenzara a investigar el uso que había hecho de este dinero en 2020. Esa falta de respuesta de Vox ha dejado las cuentas sobre la mesa a instancias del alcalde Eduardo Dolón, en una decisión que permite a la edil, que suele respaldar la acción de gobierno de mayoría absoluta, ganar tiempo hasta resolver su situación judicial.
