La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha advertido al Consorcio de residuos de la Vega Baja que le retirará las competencias en la gestión "si mantiene la actual dejadez deliberada en no facilitar la recogida separada de los municipios y el tratamiento de los residuos en planta de tratamiento final".
Así, ha afeado la "inacción" de la entidad, presidida por la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, que podría "conducir al colapso" en la gestión de los residuos de los 27 municipios de la comarca, "además de tensionar el sistema en otras áreas de gestión de la provincia", ha señalado Mollà.
"No estamos dispuestos a abandonar a las más de 350.000 personas que viven en la comarca ni a poner en riesgo la gestión de los residuos en un momento crucial para la economía de la zona, así que insto a la presidencia del Consorcio a empezar a trabajar desde la responsabilidad en la recogida, transporte y tratamiento en planta", ha añadido la consellera.
Además de insistir en la "pasividad" del Consorcio Vega Baja, ha reclamado la apertura de la planta de transferencia de Dolores, una inversión que ha realizado la Conselleria de 2,6 millones de euros, ya que "aumentaría la capacidad y flexibilidad del sistema en la comarca", ha indicado.
Según la Generalitat, dispone de escritos y comunicaciones de varios consorcios de residuos y áreas de gestión controlados por el PP en los que se niegan a tratar la totalidad de residuos domésticos que va a generar la Vega Baja estos meses de julio y agosto. Concretamente, Elche (consorcio A5) y Alicante ciudad (consorcio A4), que sumarían a su propia estacionalidad turística la generada en los 27 municipios que integran el Consorcio A6.
La Conselleria, por tanto, ha decidido tomar cartas en el asunto, de acuerdo con las previsiones del artículo 6.5 de la Ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana. En esta línea, ha emplazado a la Diputación de Alicante a actuar en favor del conjunto de áreas de gestión de la provincia, así como a invertir "en las mejores técnicas disponibles y abandonar las subvenciones al transporte de la fracción resto, contrarias a la actual legislación estatal", ha concluido Mollà.
Al mismo tiempo, los municipios en los que no gobierna el PP han convocado mañana una rueda de prensa en la planta de transferencia de Dolores. En concreto, asistirán los representantes en el Consorcio de los ayuntamientos de Algorfa, Benferri, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Rafal, Rojales, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Salinas.
Tras la moción de censura en Orihuela, que alzó a la socialista Carolina Gracia como alcaldesa, el PSOE copa la representación en el Consorcio comarcal de residuos. Con el nombramiento a principios de mes del concejal Guillermo Cánovas como representante del Ayuntamiento oriolano se desplazó la mayoría de voto que hasta entonces tenía el PP, que ostenta la presidencia a través de la alcaldesa de Bigastro.
Los votos en el Consorcio, el ente que gestiona la recogida de los residuos de la comarca, se dividen entre los municipios (un 60% del total), la Diputación (un 15%) y la Generalitat (un 25%).
Además, Joaquín Hernández, secretario general del PSOE de la Vega Baja y alcalde de Dolores, lidera una propuesta, de momento oficiosa, para que los socialistas se hagan con el control del Consorcio, una iniciativa que estaría cada vez más cerca con estos nuevos nombramientos si consigue su apoyo y el del resto de ayuntamientos gobernados por los socialistas en la comarca, así como el del Consell.
Hernández y otros representantes socialistas en el Consorcio exigieron a Belmonte la puesta en funcionamiento de planta de transferencia de basuras de Dolores, después de que la Generalitat emitiera una resolución sobre la redistribución de residuos a partir del 1 de abril en la que ordenaba al Consorcio "su puesta en marcha inmediata, si es necesario durante unos meses en periodo de pruebas de forma paulatina, para la facilitación y maximización, al menos, de las operaciones de transferencia de las recogidas separadas en origen de envases ligeros, materia orgánica y otros biorresiduos".
Al mismo tiempo, insistieron en que "todos los permisos, licencias y demás requerimientos legales están resueltos", e instaban a la presidencia a llegar a un acuerdo con la empresa que tiene adjudicada esa gestión por concurso, la UTE Vega Baja (Cespa-Ortiz), sobre el precio por tonelada.
Belmonte, en esa ocasión, afirmó que la planta de Dolores seguía cerrada por "incertidumbre jurídica", manifestando que se pondría en marcha cuando "los escollos administrativos se resuelvan", con el fin de evitar "perjuicios en forma de indemnizaciones económicas que hipotequen a la comarca".
Por su parte, el representante del Consell en la entidad pública de gestión, el director general de Calidad y Educación Ambiental, Joan Piquer, aseguró en unas jornadas que se celebraron en mayo en Bigastro que la planta abriría este verano con la recogida de envases. El Consell sostuvo que "lo más adecuado" es la puesta en marcha de la instalación "de manera gradual", al mismo tiempo que reconoció que aún "hay que afinar flecos y despejar incógnitas" normativas.
Mientras, los camiones recolectores de las 27 poblaciones tienen que realizar a diario más de 200 kilómetros para desplazarse hasta las instalaciones de tratamiento de Xixona, Elche, Alicante o Villena.
