Orihuela ha reactivado hoy la ORA -o zona azul- después de que los parquímetros estuvieran precintados cinco meses. Reanudar el servicio ha sido una de las prioridades del nuevo gobierno, que ha lanzado en reiteradas ocasiones el mensaje de que es un equipo de desbloqueo, dando soluciones y avanzando en la gestión.
Tras las reclamaciones de vecinos, comerciantes y hosteleros, la alcaldesa Carolina Gracia anunció el pasado día 10 la restitución del aparcamiento regulado. Desde entonces, el Ayuntamiento ha repetido en sus redes sociales su puesta en marcha para lograr "más facilidad para aparcar, más fluidez de circulación y más rotación de vehículos", en una campaña en la que han predominado algunos eslóganes como "para aparcar no hay que sudar", "no des más vueltas, estamos de vuelta", "(reacti)vamos" o "llega la (h)ora".
El servicio mantiene las mismas características y condiciones que antes para el usuario. No obstante, el equipo de gobierno se está planteando "algunas modificaciones", como bonificaciones, nuevas zonas de aparcamiento regulado y reducción de algunas plazas, según explicó la regidora sin entrar en más detalles porque aún "se están perfilando" y tendrán que ir próximamente a pleno para su aprobación.
Fue a mediados de enero cuando se interrumpió, después de que caducara el contrato con la empresa adjudicataria que se encargaba de su gestión y no se llegara a tiempo de una nueva licitación. Esto provocó un cruce de acusaciones entre los partidos que conformaban el equipo de gobierno, siendo Ciudadanos el que se encargaba de la gestión, a través de la Concejalía de Infraestructuras, mientras que el PP ostentaba el área de Contratación.
Antes de la moción de censura del 25 de abril que dio lugar al nuevo bipartito (PSOE y Ciudadanos), el pleno de marzo acordó municipalizar el servicio durante un año prorrogable por otro más a través de la empresa municipal ILDO. Su consejo de administración aceptó el día 9 de junio la encomienda y subrogar a los ocho trabajadores que desde enero se encontraban en ERTE. De esta forma, se les ha contratado con las mismas condiciones laborales que tenían cuando trabajaban para la empresa concesionaria.
Además, esta modalidad requiere crear una comisión de seguimiento, que se se reunirá trimestralmente, en la que estarán representados los grupos municipales, la gerente, un representante de la sociedad y técnicos de las áreas de Infraestructuras y Contratación. También cada tres meses se analizará cómo funciona económicamente el servicio y su viabilidad, ya que la recaudación va a ser asumida por ILDO.
El Ayuntamiento no se descarta la continuidad del modelo en función de los resultados que arrojen los análisis. Es decir, si funciona y es viable podría adoptarse esta fórmula de gestión municipal, aunque la formación naranja, precisamente, en el pleno de marzo mantuvo hasta el último momento una posición en contra, abogando por una nueva licitación.
En enero, el exalcalde Emilio Bascuñana encargó un informe a Secretaría para valorar la posibilidad de municipalizar el servicio para continuar prestándolo de forma directa o a través de una de las cuatro empresas con capital del Ayuntamiento. Como adelantó este periódico, el dictamen fue favorable, concluyendo que la Administración puede gestionar los parquímetros con medios propios o a través de una sociedad pública y que es económicamente viable.
El siguiente paso fue el cambio del objeto social de ILDO, que celebró en febrero un consejo de administración para modificar el objeto social, hasta ahora el fomento del empleo para personas con discapacidad, ejerciendo las actividades de jardinería, floristería y limpieza en general, con el fin de poder gestionar la zona azul.
